El sistema federal de justicia históricamente ha dejado que los presidentes pasen a llevar las libertades civiles, pero a Trump le están plantando una negativa de plano. Danny Katch explica por qué.

Que la corte de apelaciones federal haya rechazado la orden ejecutiva de Donald Trump que prohibía el ingreso de las personas provenientes de siete países predominantemente musulmanes es una victoria importante para los derechos civiles y también un reconocimiento de las manifestaciones que se hicieron en todo el país desde el día en que se anunció la prohibición, cuando multitudes de personas se manifestaron en los aeropuertos.

La reacción de Trump fue su típica mezcla de impotencia y rabia incoherente. En primera instancia escribió en un tweet: “¡NOS VEREMOS EN LA CORTE, LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN RIESGO!” Luego les dijo a los periodistas que quizás no iba a apelar a la corte, sino que simplemente iba a emitir otra orden ejecutiva (como si la corte no fuera a bloquear la por segunda vez).

Desafortunadamente, el régimen de Trump va a conseguir cerebros más competentes para urdir una prohibición anti musulmana que pueda superar al poder judicial.

No debiéramos confiarnos en que no van a tener éxito; debemos seguir organizándonos para luchar contra ellos. En contra de lo que dice la mitología popular, en la historia de los Estados Unidos las cortes judiciales han estado muy lejos de ser un aliado confiable de las minorías oprimidas.

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El panel de tres jueces de la corte de apelaciones del Noveno Distrito de los EE.UU., con sede en San Francisco, se presentó con tres distintos argumentos en contra de la prohibición de viajar de Trump.

Los estados de Washington y Minnesota presentaron un expediente, respaldado por numerosos documentos de 15 distintos estados y del distrito de Columbia, que afirma que “el presidente Trump desató el caos al firmar la orden ejecutiva”, y que “perjudicaría a los Estados Unidos, a las instituciones estatales como las universidades públicas, a las empresas que sostienen nuestra economía y a los estadounidenses”.

Además, un gran número de ex diplomáticos y ex funcionarios de seguridad nacional presentaron una declaración que argumenta que la orden ejecutiva “perjudicaría enormemente la seguridad nacional de los Estados Unidos en lugar de aumentar la seguridad… Nuestra opinión profesional es que esta orden no es justificable en términos de seguridad nacional o de política exterior”.

Por último, en una “acción coordinada poco frecuente en una franja tan amplia de la industria” (Washington Post), casi 100 corporaciones de la industria tecnológica (incluyendo a Google, Apple, Microsoft y Facebook) presentaron su propio expediente, en el que afirman que “la orden haría que fuera mucho más difícil y costoso que las empresas estadounidenses atraigan, contraten y mantengan a algunos de los mejores profesionales del mundo. Interrumpiría operaciones comerciales que ya están andando, y pondría en riesgo la capacidad de las empresas de atraer talento, comercio e inversiones a los Estados Unidos”.

Los locos y canallas que ahora ocupan el edificio más poderoso del mundo hicieron fila para entrar a la corte a declarar en contra de este frente unido conformado por algunas de las figuras más importantes del gobierno y la industria. Su argumento es sencillo: nadie, ni siquiera las Cortes Judiciales, tiene el derecho de cuestionar “una decisión formal sobre la seguridad nacional tomada por el presidente, de acuerdo a los amplios poderes de su autoridad legal”.

En otras palabras, cuando se trata de cualquier cosa que se declare “un asunto de seguridad nacional”, el presidente de los Estados Unidos tiene poder absoluto. Incluso si es que es un idiota racista.

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Había mucho en juego en esta decisión. Si los jueces hubieran aprobado por completo, o incluso una parte de la orden de Trump, hubieran respaldado la discriminación por religión o por país de origen, lo que hubiera sido un precedente para la ley de Estados Unidos. Hubieran puesto en la mira no sólo a las personas provenientes de los siete países de la lista, sino que también a todos los musulmanes estadounidenses, y le hubieran bloqueado la entrada a los refugiados que huyen de los horrores de una guerra que su mismo país comenzó.

El senador demócrata Chris Murphy lo expresó con admirable franqueza en un tweet: “bombardeamos su país, creando una pesadilla humanitaria. Luego, no los dejamos salir. Ésa es una película de terror, no una política exterior”.

El que hayan perdido con la prohibición de viajar puede que haya puesto fuera de sus casillas a Trump, a su recientemente confirmado Abogado General Jeff Sessions y a sus consejeros de ultraderecha Steve Bannon y Stephen Miller. Es posible que ahora tenga más apuro por llevar a cabo el resto de su agenda anti inmigrantes, como por ejemplo anular el programa Deferred Action for Childhood Arrivals, que les daba un período de gracia a muchos inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos siendo niños.

Durante los últimos días se han realizado redadas de inmigrantes en las que han detenido a cientos de inmigrantes sin antecedentes criminales, denominados “de baja prioridad”. Esto podría ser resultado de una orden de aumentar las deportaciones emitida por la nueva administración, aunque es difícil saberlo a ciencia cierta a estas alturas, ya que durante ciertas semanas del gobierno de Obama los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) estuvieron casi igual de ocupados persiguiendo personas y destruyendo familias.

Por otro lado, ahora que la Corte del Distrito dictaminó en contra de la orden ejecutiva, si es que el gobierno de Trump no encuentra otra manera de aplicar la prohibición de viajar (apelando legalmente o dando un rodeo con una versión modificada) significaría un contratiempo importante para la estrategia que están usando de provocar una estampida con todos los cambios que puedan hacer antes de que la oposición se organice y pueda oponer resistencia.

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El rechazo de la orden por parte de la Corte Federal de Apelaciones aumentó tremendamente la confianza de las personas que se oponen a Trump, y ayudó a que las manifestaciones espontáneas en los aeropuertos se vayan a convertir en un modelo de resistencia para los próximos ataques que lance la Casa Blanca.

Como proclamó Busta Rhymes en los Premios Grammy el domingo la noche, al principio de su espectáculo con A Tribe Called Quest: “quiero darle las gracias al Presidente Agente Naranja por su intento frustrado con la prohibición musulmana. Pero nosotros nos unimos. ¡Nosotros, el pueblo!”

Mientras millones de personas celebraban el dictamen de la corte, Trump llevó el asunto a Twitter (probablemente sentado a solas en bata de baño, como el triste ermitaño que aparentemente es). En un momento escribió: “simplemente no puedo creer que un juez ponga a nuestro país en tanto riesgo. Si ocurre algo, cúlpenlo a él y al sistema de corte judicial”.

El presidente pensaba que su orden ejecutiva era lo mejor, lo que no fue una sorpresa para nadie. En un discurso que dio a jefes de la policía elogió la orden por “ser tan sencilla y estar escrita tan hermosamente y tan perfectamente”.

Esta es una prueba aún más concluyente de que Trump ni siquiera está leyendo los documentos que firma. Algo que aprendimos del reportaje del New York Times es que Trump no se había dado cuenta de que había incluido a Bannon en el Consejo de Seguridad Nacional.

Es que realmente nadie que lea una orden ejecutiva, que suelen tener coloridas introducciones como “mediante la autoridad que se me ha conferido como Presidente mediante la constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo la Acta de Inmigración Y Nacionalidad (INA), 8 U.S.C. 1101 et seq., y la sección 301 del título 3, Código de Estados Unidos”, diría nunca que están escritas hermosamente.

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En el caso específico de esta orden, la pésima calidad de la escritura legal va de la mano con mentiras evidentes, lógica ridícula y absoluta inmoralidad.

Para empezar, la orden está claramente basada en la discriminadora “prohibición de musulmanes” con la que Trump hizo campaña por dos años, aunque el equipo legal del gobierno ahora jure que no tiene nada que ver con el islam.

En un extraño intento de probar que la prohibición de viajar “no tiene nada que ver con la religión”, en una entrevista en Fox News del 28 de enero el jefe de las porristas de Trump, Rudolph Giuliani, reveló que la intención es exactamente esa. Giuliani dijo: “les voy a contar la historia completa. Cuando [Trump] lo anunció por primera vez, dijo ´prohibición de musulmanes´. Me llamó y me dijo ´ arma una comisión. Muéstrame la manera correcta de hacer esto legalmente´”.

Incluso Trump ha descalificado los intentos de declarar que la prohibición está dirigida a los países y no a la religión (lo que no sería mucho mejor, de todos modos). Hablando con la Cadena Televisiva Cristiana, dijo que los refugiados cristianos del oriente medio iban a tener prioridad.

Luego usaron el ridículo argumento de que la orden ejecutiva estaba fundamentada en información clasificada que había recibido la Casa Blanca, por lo que no podía ser cuestionada por las cortes judiciales.

Querían hacerle creer a las Cortes que después de sólo una semana de gobierno Trump recibió una nueva información acerca de amenazas “terroristas “que lo llevaron a emitir justamente la misma prohibición que él había pedido luego del tiroteo en San Bernadino, y también luego de la masacre en Orlando. Por lo demás, ninguna de las dos tragedias hubiera sido evitada por la prohibición de viajar desde los siete países de la lista de Trump.

Según el New York Times, Trump declaró que “inicialmente quería esperar una semana o incluso un mes antes de emitir la prohibición de viajar”, pero que “autoridades de la policía le habían dicho que hacer eso haría que miles de personas intentaran entrar a los Estados Unidos antes de que la restricción se hiciera efectiva, y que entre ellas habría personas con´ muy malas intenciones´”.

Pero durante el evento muchos de los funcionarios importantes de Seguridad Nacional no tenían idea de qué decía la orden ejecutiva.

A pesar de todas estas mentiras, los abogados de la Casa Blanca argumentaron que era impresionantemente inapropiado que la corte cuestione el razonamiento o la integridad de un presidente estadounidense. “Es muy raro que una corte prohíba una decisión del Presidente sobre seguridad nacional basada en artículos del periódico”, dijo el abogado de Trump August Flentje durante la audiencia, aparentemente usando la estrategia de su jefe de escupir la etiqueta “noticias falsas” frente a cualquier información desfavorable. “Son simplemente conjeturas”, añadió.

En efecto, el argumento del gobierno fue que el presidente tiene acceso a información altamente clasificada y que, por lo tanto, simplemente hay que confiar en él, incluso siendo que el presidente y su equipo ni siquiera pretenden ser confiables.

Trump, Bannon y los demás están haciéndole una broma pesada a nuestra pseudo democracia, se están burlando de las insensateces de la autoridad ejecutiva mostrando qué pasa cuando la autoridad está en las manos de un grupo de tontos provocadores decididos a comenzar una guerra mundial racista.

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Y, ¿saben qué? Si descubren cómo ser sólo un poco menos incompetentes puede que se salgan con la suya.

El poder judicial tiene un extenso antecedente de no actuar con prontitud frente al poder ejecutivo precisamente en los momentos en que lo necesitamos para proteger nuestras libertades. Podemos nombrar la aprobación de encarcelar a los manifestantes anti guerra durante la Primera Guerra Mundial, los campos de internamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial o aprobar la vigilancia masiva en el período post 9/11.

Esta es una enorme laguna legal en el calibrado sistema de la constitución. Es como descubrir una regla secreta en el juego piedra, papel o tijera: piedra siempre gana si al mismo tiempo gritas “¡seguridad nacional!”.

Sería un error pensar que los funcionarios de Trump son los únicos ignorantes islamófobos que tienen algún puesto de poder en el gobierno.

Aunque la corte del noveno distrito dictaminó en contra de la prohibición de viajar, no accedió a declarar si la orden ejecutiva contenía discriminación religiosa. Durante la audiencia, el juez Richard Clifton (nombrado por George W. Bush) dijo que “no estaba convencido de que el efecto de la orden implicara discriminación religiosa debido a que sólo una pequeña parte del total de los musulmanes del mundo se verían afectados”.

Según esta lógica, cuando lincharon a gente negra no fue un acto racista; después de todo las pandillas sólo mataron a una pequeña parte del total de personas negras del país.

Aunque nunca lo van a declarar expresamente en ningún documento, uno de los factores tiene que ser que los jueces no quieren darle demasiado poder ejecutivo a un patán que continuamente los tacha de “deplorables” y los culpa por adelantado de futuros ataques terroristas.

El sistema judicial estadounidense tiene un lamentable historial en cuanto a defender las libertades civiles de árabes y musulmanes, pero pondrán mucha más atención si se trata de proteger su propio poder y sus privilegios frente al hostigamiento de Trump.

Aun así, el poder judicial como institución claramente no va dar el mensaje de que las manifestaciones tienen el poder de desafiar las decisiones de “seguridad nacional” de la Casa Blanca, aunque sean decisiones ridículas, aunque indudablemente las manifestaciones influyeron en la resolución en contra de la orden.

Después de todo, hay un sistema no democrático que quieren mantener intacto para cuando Trump se vaya y alguien del club lo reemplace (eso esperan ellos).

En otras palabras, es una batalla entre una fuerza presidencial incompetente y muy fácil de tener y una objeción judicial flexible y escurridiza.

Si la Casa Blanca redactará una nueva orden ejecutiva declarando la prohibición de viajar, solucionados ya algunos de los temas problemáticos que nombraron los jueces federales (como excluir a los cristianos de la prohibición y no permitir la entrada de las personas con tarjeta verde), es posible que las Cortes lo vean como un trato razonable que conservaría tanto la autoridad del ejecutivo como del judicial, a expensas de que nosotros perdamos la libertad religiosa y los derechos civiles.

Tenemos que seguir manifestándonos, tanto para que no disminuye la presión en las Cortes como para establecer precedente que ellos no quieren que establezcamos: en una democracia, lo que todos juntos queremos debería importar más que los planes secretos de funcionarios del gobierno.

Traducido del inglés por Emilio Stanton