Consulado en Los Ángeles articula acciones en defensa de latinoamericanos que viven en Estados Unidos

La Cancillería ecuatoriana, a través de sus consulados, lidera acciones en defensa de los derechos civiles de los migrantes que viven en Estados Unidos. Las acciones son parte del Plan de Contingencia Consular que emprendió el Gobierno Nacional para proteger a los compatriotas con el fin de que ningún ecuatoriano se sienta solo. Este 14 de febrero, el Consulado General del Ecuador en Los Ángeles mantuvo una reunión de trabajo con representantes diplomáticos de siete países latinoamericanos para articular acciones conjuntas.

Durante la reunión se analizaron los procedimientos que los cuerpos diplomáticos pueden realizar en defensa de sus migrantes y, de esta manera, conocer los alcances y limitaciones de cada uno. Al respecto, Diego Jaramillo, cónsul general del Ecuador en Los Ángeles, enfatizó: “Los consulados no solo estamos atendiendo las necesidades, sino que estamos evaluando la situación actual y juntos enfrentarla de mejor manera”.

Entre las primeras medidas que tomaron los cónsules de Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú fue visitar los diferentes centros de detención, para averiguar las condiciones y causas por las que fueron detenidos 162 migrantes de diferentes nacionalidades latinoamericanas, la anterior semana, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de California, una ciudad considerada ‘santuario’.

Cabe indicar que el propósito fundamental de ésta y las próximas reuniones, es unir esfuerzos, compartir información y recursos para proteger los derechos civiles  y orientar las acciones de la comunidad latinoamericana ante las actuales medidas migratorias impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos.

En esta redada no se registró a ningún compatriota ecuatoriano; sin embargo, el unir esfuerzos con los consulados de los otros países hace que las acciones emprendidas no se vean aisladas, sino coordinadas. El Estado ecuatoriano reafirma el principio de considerar que ningún ser humano puede ser tratado como ilegal.