Por Diego Andrés Pérez

Familias en las que los padres y los hijos puedan compartir con alegría su vida cotidiana no es la imagen predominante en Ecuador.

Aunque no lo crea, los castigos y tratos a los que son sometidos los niños dentro de sus casas o escuelas todavía resultan comportamientos asumidos como naturales y hasta socialmente compartidos. Bajo el discurso de “educar” o “disciplinar” podemos ser testigos de episodios denigrantes, que lejos de formar y educar, no son más que la reproducción de una sociedad violenta en los niños y niñas.

Es por eso que en la Asamblea Nacional, actualmente se tramita un proyecto de Ley para frenar y prevenir el castigo corporal que reciben los niños y las niñas. La propuesta se denomina Ley Orgánica para una Niñez y Adolescencia Libre de Castigo Físico y Tratos de Penas Degradantes, y es promovida por la asambleísta Marisol Peñafiel, que busca fundamentalmente “prevenir y prohibir el uso de la fuerza física como medida correctiva o de sanción e niños y niñas”.

Según el informe Ocultos a Plena Luz realizado por la UNICEF: solo 3 de cada 10 adultos del mundo creen que para criar o educar de manera adecuada a un niño es necesario apelar al castigo físico. Sin embargo, como promedio, 6 de cada 10 niños del mundo (unos 1.000 millones) de 2 a 14 años de edad sufren de manera periódica castigos físicos (corporales) a manos de sus cuidadores.

En Ecuador, las Aldeas Infantiles SOS manifiestan que en el año 2015, el 33% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 años fueron maltratados física y psicológicamente por personas responsables de su cuidado, 40 % por parte de sus padres y 26 % por sus profesores.

Un dato que llama la atención es que, en Ecuador, muchos de estos hechos tienen una implicación generacional, así lo evidencia el libro “Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad” emitido por la misma Unicef donde se señala que casi el 40% de los niños, niñas y adolescentes que fueron golpeados en sus hogares, provienen de hogares en los cuales sus padres también fueron maltratados por sus cuidadores. Y el 30% afirma que ven a sus padres relacionarse con violencia, porcentaje que se incrementa al 40% en la Amazonía.

Finalmente según reporta el Observatorio Social del Ecuador, el 44% de los niños y niñas entre 5 y 17 años había sido objeto de respuestas violentas por parte de sus padres en el hogar ante el cometimiento de alguna falta o no obediencia.

Son estos datos los que ha impulsado que esta ley pase el primer debate realizado el pasado noviembre, y que el 11 de enero de este año se desarrollaron las comparecencias alrededor del mismo.

Con la aprobación de esta ley se espera erradicar completamente el maltrato y agresión a niños y niñas del país, redimensionando el paradigma de la disciplina con la supresión de la violencia, aspirando a una educación tanto escolar como familiar que apele al diálogo y a la comprensión, y ojalá bajo el enfoque de la no violencia activa.

La aspiración es sentar las bases para construir otro tipo de sociedad; las cifras subrayan esta necesidad. En los primeros nueve meses del 2015, según la Fiscalía, 2015 se presentaron 40.507 denuncias de violencia física, psicológica y sexual. De ellas 36.653 fueron por violencia psicológica. Esto da la pauta para entender que no solo hay que desterrar la violencia física, sino también la sicológica, a la cual suelen ser más vulnerables los niños y las niñas.

Regresando al tema de la niñez, las estadísticas son claras al manifestar este comportamiento entrañado en el núcleo de la sociedad, desestimar su uso implica una mirada conjunta de padres y profesores, pero también de ciudadanos que alcen la voz frente a estos acontecimientos, y no sean –seamos– nunca más replicadores del viejo y afamado dicho: la letra con sangre entra. Es imperativo avanzar en esta dirección.