Productores, consumidores y políticas públicas: una necesaria convergencia para promover el comercio justo y solidario

Por Marco Coscione

Cuando empecé a trabajar en comercio justo desde América Latina, en seguida me di cuenta que se necesitaba un enfoque distinto para comunicar, construir relaciones estratégicas y fomentar el movimiento. La historia del movimiento en Europa, donde nací y me crié, la han escrito los consumidores, los ciudadanos organizados en grupos de compras solidarias, en iglesias, en asociaciones, organizaciones no gubernamentales, las tiendas del mundo, entre otros actores.

El futuro será probablemente distinto, pero durante estas décadas de movimiento, se ha mantenido un enfoque “Sur-Norte”, donde los productores son del Sur y los consumidores del Norte; a pesar de que ya hay experiencias de “comercio justo doméstico” en varios países tanto de Europa como de Norteamérica, y también del Sur. Cuando se habla de comercio justo la mayoría lo entiende desde una lógica de exportación, esta lógica poco a poco está cambiando, pero aún predomina.

Durante varias décadas, la sociedad civil organizada en el Norte, ha logrado posicionar el tema del comercio justo en la ciudadanía: ha trabajado profundamente en procesos de educación, sensibilización, en el marketing de los productos, creando conciencia entre los consumidores y, poco a poco, sensibilizando también a las instituciones públicas. Desde abajo, los principios y valores del movimiento han llegado a los tomadores de decisiones; fue un proceso, por tanto, protagonizado principalmente por los movimientos sociales y el tercer sector que, una vez acumulada la necesaria fuerza y experiencia, ha profundizado su trabajo de incidencia política con las autoridades, tanto a nivel local, como regional, nacional e internacional. Como es el caso de la Fair Trade Advocacy Office en Bruselas, actor fundamental para todo el trabajo de incidencia y lobby con las instituciones de la Unión Europea.

Sin embargo, en América Latina, nos encontramos en un ambiente en el cual, generalmente, los consumidores no están organizados, ni familiarizados con las propuestas y prácticas de consumo responsable… un consumo que vaya más allá de la simple compra de productos orgánicos porque “son más saludables”. Son muy pocas las ONGs u asociaciones sin fines de lucro que se dediquen al comercio justo y al consumo responsable; casi no existen tiendas de comercio justo, a parte algunos países con presencias de fuertes comercializadoras solidarias. Por tanto, el anillo de la sociedad civil, fundamental para impulsar el movimiento, es aún muy débil. Sin embargo, eso sí, existen muchas organizaciones de productores, con sus redes nacionales y articulaciones regionales. De hecho, la promoción del comercio justo en América Latina la hacen sobre todo los mismos productores organizados.

En este escenario, en varios países se ha dado una convergencia distinta a la que se vivió en Europa. En lugar de crecer desde los consumidores para llegar a las instituciones, las ideas y propuestas del comercio justo, desde los productores, están llegando primero a las instituciones públicas, vistas como aliados clave para responder a los desafíos que viven los productores en sus sociedades, tanto en las zonas rurales como urbanas. Esta convergencia, ha ayudado a insertar los temas del comercio justo, el consumo responsable y, más en general, de la economía solidaria, en propuestas de políticas públicas, planes y programas nacionales o regionales.

Con la Estrategia de Incidencia de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) estamos promoviendo políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar a pequeña escala y el comercio justo. En la región, ya varios países están tomando decisiones importantes para el fomento de la economía solidaria y el comercio justo. Es lo que podemos ver, por ejemplo, en el informe “Políticas públicas para el fomento del comercio justo y solidario en América Latina: los casos de Brasil, Ecuador y Colombia”, que CLAC acaba de publicar con el apoyo de la cooperación finlandesa y Fairtrade Finlandia.

Autoridades estatales y nacionales de varios países latinoamericanos, así como procesos de integración y organismos internacionales presentes en el continente, se están interesando en el comercio justo, como herramienta para el desarrollo sostenible, y como un aliado clave para construir alianzas público-privadas que mejoren la efectividad de las políticas de desarrollo. Se evidencia, cada vez más, la necesidad de incluir a los pequeños productores organizados en los procesos de construcción de políticas públicas para los sectores productivos.

Sin embargo, aún falta el otro anillo esencial de la cadena: los ciudadanos/consumidores responsables, conscientes de la necesidad de promover otros patrones de consumo. Si estos han sido los aliados clave, en el Norte, para llegar a las instituciones públicas, esperamos que en el Sur, las instituciones públicas se conviertan pronto en aliados clave para poder llegar a todos los ciudadanos. La convergencia entre productores, consumidores y políticas públicas será fundamental para la expansión del movimiento también en el Sur.