Punto de vista por Nelsy Lizarazo

QUITO (IDN) – Conocí San Pablo hace 15 años y por eso se que era el barrio más pobre de toda Portoviejo, la capital de Manabí.

No había agua potable; las familias no imaginaban siquiera la posibilidad de contar con educación básica gratuita para todos y todas, menos aún con una secundaria también gratuita. No se podía caminar por las calles del barrio después de las 5 de la tarde y en el centro de salud no había personal médico ni medicinas suficientes para cubrir las demandas del barrio.

Volví a San Pablo el pasado 1 de septiembre.

Allí conocí a Mónica, una mujer de 29 años, madre soltera de una hija de 8 años y, desde hace seis meses, en contra de todas las tradiciones machistas, ganó la presidencia del consejo barrial. Hoy es la Sra. Presidenta, trabaja incansablemente día a día por sus vecinos.

Con plena convicción me dice: “sin estos últimos diez años de proceso, no hubiéramos logrado que nuestros niños y niñas tengan acceso a la educación, no tendríamos la atención médica que tenemos, no hubiéramos conseguido que todo el barrio tenga agua potable, que las personas discapacitadas tuvieran la atención y oportunidades que se merecen. No necesito decir que nuestra vida ha cambiado: basta venir a San Pablo y comprobarlo”.

Mónica sabe que su vida y la de la gran mayoría de sus vecinos ha cambiado. Quizás no sabe que, por detrás de esos cambios, ha habido decisiones claras de priorización de políticas sociales, particularmente en los campos de salud y educación.

Posiblemente tampoco sabe que esas políticas sociales han estado vinculadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM, que fueron asumidos por Ecuador e integrados a lo largo de los últimos 12 años en el instrumento mayor de la planeación de política pública en el país: el Plan Nacional del Buen Vivir.

Es gracias a esa decisión política, reflejada en inversión social, programas y acciones concretas, que Ecuador logró presentar indicadores que superaban ampliamente lo establecido en 20 de los 21 objetivos, “antes del tiempo previsto y con un estándar mayor al acordado”, como lo expresó el presidente Rafael Correa durante su intervención en la Cumbre de Desarrollo Sostenible convocada por la Organización de Naciones Unidas –ONU, en septiembre del año 2015.

Al mismo tiempo, el país se comprometía a lograr, hasta el final del año, el 68% del único objetivo no cumplido: la reducción de la mortalidad materna.

Lo más seguro es que Mónica no conozca todos estos detalles, pero ella experimenta lo que estos logros significan en el día a día de su gente.

Que el gobierno de Rafael Correa presentara resultados tan positivos en relación con los ODM parecería una paradoja. Es el mismo gobierno que ya desde el 2007, en el discurso de posesión presidencial, crítico fuertemente estos objetivos, afirmando que no había en ellos cuestionamiento alguno a las enorme e históricas asimetrías sociales y económica del planeta.

Este enfoque fue reiterado una y otra vez en diferentes ámbitos internacionales y por distintas voces oficiales del gobierno de la denominada revolución ciudadana. Una de ellas, la del hasta hace poco secretario nacional de planificación, Pabel Muñoz, quien afirmaba que estos objetivos “se plantearon como objetivos del norte hacia el sur y no se involucró a los actores locales, sean estos gobiernos, organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos de los territorios de un país”.

Hoy, frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS, esta posición crítica ha cambiado. El gobierno de Ecuador se muestre complacido y optimista.

A juicio de los representantes oficiales del gobierno, en estos objetivos se incorpora una mirada y metas claras vinculadas con la redistribución del ingreso y la riqueza. De acuerdo con las opiniones de Pabel Muñoz, Secretario Nacional de Planificación durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible, los ODS y sus metas «tienen consistencia con nuestro plan de desarrollo”,

En efecto, en los ODS constan temas y metas que están contempladas y han sido claves en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-1017: reducción de la pobreza, equidad de género y cambio climático, por ejemplo.

Por su parte, la ex.-ministra de Coordinación de Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones, explicó cómo de los 17 ODS, hay 9 referidos directamente a políticas sociales, esta vez fuertemente vinculados a logro de la igualdad y la equidad, lo cual significa, desde su perspectiva, un enfoque más cercano a la propuesta de desarrollo que sustenta la política pública del país

Al precisar las prioridades del país en relación con los ODS, reflejadas claramente en el presupuesto del año 2016, Vaca Jones afirmó que todos los esfuerzos destinados a garantizar una educación de calidad (ODS 4) se mantendrán y profundizarán asegurando los criterios de inclusión y equidad.

Por otra parte, como ha quedado demostrado en los años anteriores, hay una apuesta central en la erradicación de la pobreza en todas sus formas (ODS1) y esta continuará siendo una apuesta del actual gobierno. Finalmente, se continuará en la tarea ya iniciada en relación con la pautas de consumo y producción sostenibles, tal como se establece en el ODS 12.

En diversas intervenciones oficiales, personeros gubernamentales han destacado el interés del país por avanzar en el logro de todos aquellos objetivos vinculados con el ambiente, en sintonía con el mandato constitucional y el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza.

¿De qué forma logrará avanzar el país hacia el logro de los ODS? Es una pregunta que tiene interés y la respuesta puede ordenarse alrededor de cuatro elementos centrales, que son los que se han aplicado en la última década, para obtener los resultados ya mencionados.

En primer lugar, una política fiscal firme y clara. Los pactos sociales no son posibles sin pactos fiscales y, buena parte de la inversión social que se ha hecho en el país ha sido posible gracias a la recaudación de impuestos.

Esta política debe sostenerse y profundizarse, trabajando continuamente en la conciencia ciudadana: es fundamental que la ciudadanía tenga cada vez más claro que el pago de impuestos se refleja, de manera positiva, en la reducción de las brechas y la inequidad aún existente en el país.

En segundo lugar, las denominada políticas anticíclicas: en momentos de ciclos críticos de la economía, no se reduce la inversión social. Estas políticas se sostienen en el criterio de que, a mayor inversión social, mayores posibilidades de productividad, crecimiento y superación de la crisis.

En tercer lugar, el fortalecimiento del trabajo en los espacios locales y el trabajo directo con los grupos históricamente excluidos y los grupos de atención prioritaria.

Finalmente, un concepto que ha orientado la gestión pública de la última década: apostarle al ser humano y a sus capacidades como el primer y principal recursos de nuestro desarrollo.

La clave para lograr las metas propuestas por los IDS descansa en apostarle a las capacidades de seres humanos como Mónica y los habitantes de San Pablo y de todo el territorio nacional.

* Nelsy Lizarazo es Presidente de la Agencia Internacional de Prensa Pressenza. [IDN-InDepthNews – 12 de septiembre de de 2016]

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