El 7 de febrero, Michelle Martelly dejó la presidencia de Haití conforme manda la Constitución. Tras un acuerdo entre el presidente y el nuevo Parlamento, se determinó un plazo hasta el 14 de febrero para que el Parlamento elija un presidente provisional con un mandato de 120 días con el fin de organizar el segundo turno de las elecciones.

Existe, actualmente, un descontento general hacia este acuerdo. El Parlamento se adjudica el poder de dirigir el proceso cuando se encuentra totalmente deslegitimado.

El asesinato de Dessalines -padre de la independencia haitiana- en 1806 derrotó el proyecto popular de las mayorías que conquistaron su libertad e independencia y dio lugar a la imposición de un modelo económico basado en la venta de commodities al extranjero, consolidando una nueva forma de dominación neocolonial.

Este modelo fue sostenido por la oligarquía y el ejército que se perpetuaron en la cabeza del gobierno y con el apoyo de los EEUU, que ocuparon militarmente el país de 1915 a 1936 y apoyaron la dictadura de los Duvalier desde 1957 a 1986.

Con la disolución del ejército haitiano en 1995, los EEUU procuran nuevos mecanismos para mantener su control sobre el país. En 2010, Michelle Martelly llega al poder luego de que el resultado final del primer turno sea manipulado por la OEA. Desde entonces, Martelly nunca organizó elecciones. Mientras tanto, durante sus cinco años de gobierno, aplicó la política de “Haití abierto a los negocios”, profundizando iniciativas tales como las zonas francas industriales y agrícolas (zonas exentas de impuestos y no sujetas a las leyes laborales locales), el turismo de lujo, la promoción de leyes para la extranjerización de tierras y la gran minería.

“Golpe de Estado electoral”

En enero de 2015, tras un acuerdo con un grupo de partidos políticos, el entonces presidente Michelle Martelly consiguió formar un Concejo Electoral Provisorio para dar inicio a las elecciones. Sin embargo, prácticamente todo el proceso fue enfrentado por partidos políticos y movimientos sociales.

Las elecciones fueron una pantalla para imponer al candidato del partido oficialista PHTK, Juvenel Moise, utilizando los más diversos métodos para manipular el proceso: la inscripción restrictiva de los candidatos, la proliferación de partidos próximos al poder para desfinanciar las elecciones, actos de violencia en los centros de voto para inhibir la participación de los electores, mala información al electorado en su gran mayoría analfabeto, el financiamiento de campañas tanto por parte de grupos norteamericanos como dominicanos y fraude electoral. Esto es lo que numerosos partidos y movimientos sociales han denunciado como “golpe de Estado electoral”.

Los resultados del primer turno de las elecciones para presidente arrojaron que Juvenel Moise obtuvo el primer lugar con el 32,8% de los votos. Sin embargo, una Comisión de Verificación montada por el mismo Michelle Martelly el 27 de diciembre de 2015 señaló que, sobre una muestra del 15% de los votos, el 92% de los votos poseía algún tipo de irregularidad. Desde ese momento, un grupo de ocho partidos de la oposición, junto a otros movimientos sociales, articulan manifestaciones de forma permanente que lograron evitar la segunda vuelta, prevista para el 27 de diciembre y el 24 de enero.

Inseguridad alimentaria

La dominación política y económica sobre Haití repercute en su crisis alimentaria y ambiental. Según un estudio realizado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el 54% de la población trabaja la tierra. Sin embargo, 3,6 millones de personas sufren hambre y 1,5 millones son víctimas de la inseguridad alimentaria. Estas cifras pueden duplicarse debido a la sequía que afectó el país en los últimos 6 meses, según un comunicado del Programa Alimentario Mundial de la ONU del pasado 9 de febrero.

Mientras tanto, el sector agrícola es dejado a su suerte. Apenas se le destina un 5% del presupuesto, sin ser efectuado el gasto, y sólo el 0,18% de los capitales en bancos comerciales tiene como objetivo al crédito agrícola. El pueblo haitiano sufre un proceso inflacionario producto de un sistema económico que prioriza la especulación y el comercio por sobre la producción. En una economía dolarizada, la moneda local pasó de 55 gourdes por dólar a 60 gourdes por dólar en el último mes, y continúa aumentando.

Opciones ante la crisis

Los movimientos sociales y populares demandan una reforma electoral que dé lugar a un sistema más transparente y adecuado a la población analfabeta. La transición debería garantizar las condiciones de seguridad que impidan el accionar de grupos armados alineados a estructuras políticas y las reformas económicas necesarias para atender a millones de haitianos y haitianas que se encuentran afectados por la pobreza. También demandan establecer una comisión para auditar completamente las elecciones de 2015, establecer responsabilidades y dar lugar a los procesos legales de modo de acabar con la impunidad electoral.

Las potencias imperialistas ven en la actual crisis su oportunidad para profundizar el modelo extractivo, promoviendo las reformas que precisan para expoliar los recursos naturales y la fuerza de trabajo de Haití. Para el pueblo haitiano, la actual crisis es una posibilidad histórica de generar una ruptura con el ciclo de dominación a un siglo de la primera ocupación norteamericana y acabar la transición democrática inconclusa iniciada en 1986. Para esto, los movimientos sociales haitianos precisan recorrer nuevos caminos de unidad con el objetivo de gestar e imponer un proyecto popular. Nuestra solidaridad como pueblos hermanos deberá acompañarlos en su batalla.

– Franco Villalba, desde Puerto Príncipe (Haití), Integrante de la Brigada Internacionalista Dessalines
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