Por Jordi Arcarons · Daniel Raventós · Lluís Torrens para sinpermiso

«Es la hora del rescate social» era el título de un artículo firmado por Xavier Vidal-Folch. Y escribía sobre rentas mínimas, renta básica y la ILP propuesta por las direcciones de CCOO-UGT. Al margen de lo que substantivamente defendía, que es lo que vamos a discutir a continuación, proponía discutir «sin gritos». Es cierto que con gritos nadie se aclara y, para qué vamos a ocultarlo, sobre la renta básica, hemos podido leer a lo largo de las últimas semanas y meses gran cantidad de textos que más que gritos son exabruptos histéricos. Argumentemos para lo que pueda servir.

No vamos a entrar en detalle con la propuesta de CCOO y UGT. Solamente apuntaremos que respecto a lo que hoy existe, su propuesta… mejoraría para algunas personas la situación. Respecto a lo que creemos que se necesita realmente… es una propuesta insignificante por minúscula. Ellos sabrán hasta donde quieren llegar, pero parece ser que a no muchos palmos de donde nos encontramos.

Es una pena que cada vez sorprenda menos esta incapacidad de buena parte de la izquierda de hacer propuestas tan «arriesgadas» como ponernos en el promedio europeo de presión fiscal (el Reino de España está siete puntos por debajo) o reducir el índice de desigualdad para dejar de estar entre los 5 países de la UE más desiguales.

Pero lo que nos interesa ahora es discutir alguna de las afirmaciones que ofrece Xavier Vidal-Folch en el artículo mencionado. Dice el autor:

«[Las] propuestas de «renta mínima» nacen de una misma inquietud social que las fórmulas de «renta básica universal». Pero difieren en que se concentran en quienes las necesitan, y en que exigen requisitos. Por el contrario, la «renta básica» se otorgaría a todos los ciudadanos sin excepción: de Ana Patricia Botín al último mendigo. Solo que al final, en el IRPF, Ana Patricia se pagaría la suya y las de unos cuantos más, por aumento de la presión fiscal.»

No somos ni muchos menos de la misma opinión. Veamos por qué. Las inquietudes sociales (por utilizar los mismos términos) de los partidarios de las rentas mínimas y de la renta básica, aunque pueden coincidir obviamente en algunos aspectos, son diferentes. Las personas que defienden las rentas mínimas quieren acabar con la pobreza, o hacer frente a las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos o maltratados por las políticas económicas puestas en marcha especialmente a partir de la crisis económica. Las personas partidarias de la Renta Básica (si bien hay que ser prudentes: «personas partidarias de la Renta Básica» las hay de signo filosófico, social, económico y político muy diferente, con lo que mejor curarnos en salud y decir que lo que estamos afirmando lo pensamos nosotros, no «las personas partidarias de la Renta Básica») difieren de los anteriores en al menos dos puntos muy importantes porque son de la opinión que: 1) las rentas mínimas no son una buena herramienta para afrontar lo que quieren afrontar, y 2) la Renta Básica pretende sí, efectivamente, la erradicación de la pobreza, pero tiene otros objetivos ambiciosos, como es señaladamente el incremento de la libertad de la mayoría de la población no rica. Este último punto queda lejos de los objetivos de las rentas mínimas o de garantías de rentas.

Vamos a explicarnos. Empecemos por el primer punto. Las rentas mínimas o rentas para pobres incurren, como multitud de autores de todas las tendencias políticas han puesto en evidencia desde hace décadas, en la conocidísima «trampa de la pobreza», la trampa que hace que a una persona sin empleo el aceptar un trabajo remunerado, frecuentemente mal pagado, le implique un tipo impositivo efectivo sobre la prestación que pudiera estar percibiendo del 100%, al perder todas las ayudas. Se incurre en esta trampa cuando existe condicionalidad en una prestación pública monetaria que está condicionada a no recibir otras fuentes de renta: el subsidio de desempleo no se recibe en general si se consigue un trabajo remunerado, por ejemplo. La Renta Básica supera muy bien esta trampa de la pobreza precisamente por su incondicionalidad.

Y en una economía como la española, a la trampa de la pobreza se le añade su prima hermana, la trampa de la precariedad, aquella que desincentiva aceptar ofertas de trabajo temporales porque aunque puedan representar un incremento transitorio de los ingresos por encima de la renta mínima, cuando se cesa en el puesto se tarda tanto tiempo en recuperar la ayuda anterior, que en la suma agregada final el beneficiario sale perdiendo.

Por supuesto que en situaciones como la actual, en donde una gran parte de la población no rica sufre las consecuencias de las políticas económicas puestas en funcionamiento por los gobiernos de la Unión Europea, se incrementa la pobreza, pero es significativo que en momentos de mucha mayor bonanza económica, la tasa de la pobreza en el Reino de España no ha bajado significativamente del 20% de la población. Digamos que por lo pronto lo que este dato reiterado indica es que los subsidios dedicados a la «lucha contra la pobreza» son claramente insuficientes respecto a las necesidades reales. Como ha dejado escrito algún autor de forma muy contundente: los subsidios dedicados a la pobreza son muy pobres.

La novedad ahora en el Reino de España es la propuesta de la nueva esperanza de la derecha, Ciudadanos, con su variante del Earned Income Tax Credit o complemento fiscal para salarios bajos. Curiosa propuesta que trata a los parados de vagos y perezosos, que no trabajan porque cobran poco (sí, esos ocho millones de personas que en el Reino de España no encuentran trabajo, que ya no lo buscan por imposible o que trabajan a tiempo parcial porque no tienen más remedio). La propuesta la podemos esquematizar crudamente así: «si trabajas y ganas un sueldo bajo te ayudamos, pero si no tienes trabajo o solo consigues un trabajo parcial y mínimo sueldo, ahí te quedas, vago.» Todo un ejercicio de cinismo, justificado en los estudios realizados en Estados Unidos a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando su tasa de paro no superaba el 6%, igualito que aquí y ahora. En esta línea, menos cruda que la anterior porque sí propone que los más pobres reciban ayuda, también hemos tenido noticia de algunas propuestas que se discuten en Podemos que ven moralmente necesario incentivar a los que trabajan y pagarles más que a los que no lo hacen. ¡Como si un 24% de paro de media en el Reino de España y hasta 10 puntos superior en algunas zonas fuera una cuestión de incentivos de sus sufridos habitantes! Bueno, sí, siempre se puede alegar que si estos parados no engrosan las filas de los centenares de miles que han optado por la emigración es porque son unos vagos. La propuesta además se agrava cuando Podemos (en el documento Un plan de garantía de rentas para combatir la pobreza y la desigualdad) propone un sistema de financiación en el que casi la mitad de la población sale perdiendo y no se asegura que parte de la otra mitad –la que no trabaja remuneradamente- abandone la pobreza. Son las cosas que ocurren cuando te afecta el síndrome de Estocolmo por el que los siervos no tienen derecho a tener a la vez más libertad y la subsistencia garantizada: si eres pobre, -así indica el mensaje que envían estas propuestas- o te sometes o seguirás siendo pobre o semipobre. Y estas propuestas edulcoradas se ven acompañadas de sistemas imperfectos de financiación, con objetivos a largo plazo de lucha contra la pobreza, como si la pobreza no tuviera costes a corto plazo, como si una epidemia mortal se debiera eliminar en años cuando se dispone de las vacunas para erradicarla en semanas o meses. ¡En nombre del realismo político! Y no digamos nada de la propuesta de Izquierda Unida sobre el llamado trabajo garantizado. Una propuesta económicamente fundamentada con extrema mediocridad para una realidad social con un desempleo impresionante, filosófico-políticamente muy deficiente (comparada con la propuesta de la Renta Básica), y extremadamente corta respecto a las necesidades actuales porque, según palabras de sus propios defensores, el trabajo garantizado es algo a muy largo plazo, si tomamos en serio que existen ocho millones de personas sin trabajo o con trabajo a tiempo parcial porque no tienen la alternativa del trabajo a tiempo completo.

Vayamos ahora al segundo punto indicado. Hemos escrito en alguna otra ocasión que la política económica, tal como indica el orden de las palabras, es primero política y después económica. No hay nada más falso que las cantinelas más repetidas por casi todos los gobernantes europeos: «son las medidas que el país necesita», «son necesarios estos sacrificios para salir pronto de la crisis», «la situación económica impone estas desagradables medidas», «todos debemos sacrificarnos para salir adelante», etc., etc. Ninguna medida de política económica mínimamente importante es neutral en el sentido preciso de que perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida de política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros. Ejemplos, meros ejemplos: bajar los impuestos a los más ricos, congelar o bajar las pensiones, facilitar y abaratar los despidos laborales, gravar con aranceles productos extranjeros, bajar el sueldo de los trabajadores del sector público, destinar menos recursos a la educación pública, introducir el copago sanitario, idear unos presupuestos públicos de austeridad en plena recesión… No es difícil descubrir quien gana y quien pierde en cada uno de estos casos. Primero se decide a qué sectores sociales va a favorecerse y después se instrumentan los medios económicos que hará posible lo primero. En palabras de Joseph Stiglitz: «El gobierno tiene la potestad de trasladar el dinero de la parte superior a la inferior y a la intermedia y viceversa». La Renta Básica no es solamente una medida contra la pobreza, es una propuesta que pretende ser parte integrante de una política económica diferente. Una política económica que quiere dotar de la existencia material imprescindible a la población para hacer posible la libertad efectiva de todos los miembros de la sociedad. Característica «subversiva» que ha captado perfectamente la derecha toda y por ello la ha considerado tan peligrosa cuando se ha discutido por dos veces en el parlamento central del Reino de España. Y esta característica de la Renta Básica, la de consistir en un buen medio para incrementar la libertad de la ciudadanía no rica, las rentas mínimas o las rentas garantizadas solamente la contemplan, y parcialmente, para una fracción pequeñísima de la población. Pongamos aunque solamente sea un aspecto como ejemplo para hacer más evidente lo que queremos decir. El poder de negociación de la clase trabajadora se incrementaría. O dicho de otra manera, la principal herramienta de que dispone el capital para disciplinar a la clase obrera, como decía entre otros grandes economistas Michael Kalecki, es la existencia de una población excedente. Esta población excedente es en la actualidad de proporciones inmensas. Con una Renta Básica esta «principal herramienta», este poder disciplinador, quedaría enormemente debilitada. Algo que CCOO y UGT no han visto o no han querido ver. Por supuesto, las rentas mínimas, las rentas garantizadas y, entre ellas, la propuesta de CCOO y UGT, son ajenas a esta característica de la Renta Básica.

También dice Vidal-Folch en su artículo: «El coste [de la Renta Básica] es desmesurado». Veamos si es así. Hace poco más de 4 meses publicamos un avance de una investigación que muestra cómo se podría financiar una Renta Básica en todo el territorio del Reino de España. Pronto publicaremos un libro en donde especificamos todo los detalles estadísticos que hay detrás del estudio para que cualquier persona interesada en los aspectos técnicos pueda consultarlos (e indicarnos los posibles errores que hayamos podido cometer). El material de base para dicha investigación ha consistido en casi 2.000.000 de declaraciones del IRPF aportadas por el Instituto de Estudios Fiscales. Recordaremos algunos de los resultados:

Es posible financiar una Renta Básica para todas las personas adultas que residen en el Reino de España de 7.471 euros al año (cantidad equivalente al umbral de la pobreza) y del 20% a los menores de edad.

Para la financiación de esta Renta Básica, además de lo recaudado hasta ahora, es decir, sin detraer ni un euro de ninguna otra partida actual (sanidad y educación públicas no se tocarían) excepto las prestaciones monetarias que fueran redundantes con la Renta Básica, el dinero saldría de: una reforma del IRPF y el ahorro de las prestaciones monetarias por debajo de la Renta Básica que serían substituidas por ésta. La reforma del IRPF equivaldría a que la presión fiscal hacia los ricos se incrementase en menos del 3,5% del PIB, lo que representa menos de la mitad del diferencial que nos separa del promedio de la UE, y muchísimo menos que lo que nos separa de los países a los que nos gustaría parecernos. Pero parece ser que lo «ideal» es la sociedad low cost a la que nos han condenado los diferentes gobiernos social liberales o conservadores de las últimas décadas, entre ellos los que decían que bajar impuestos es de izquierdas.

La gran mayoría de la población declarante actual en el IRPF y no declarante saldría ganando respecto a la situación actual. Solamente las dos decilas superiores perderían con la reforma propuesta. Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7.471 euros anuales de Renta Básica que no quedarían sujetos al IRPF. Así que la reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población, de tal forma que el índice de Gini se situaría en el valor 0,25 (que supone una drástica reducción respecto a la situación actual) y que es muy parecido al de los países escandinavos.

Esperamos haber contribuido un poquito más, y sin gritos, tal como pedía Vidal-Folch, sino con algunos datos y algunas razones al debate sobre el llamado «rescate social».

 

Jordi Arcarons es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es ¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes (El Viejo Topo, 2012).

Lluís Torrens es economista, profesor asociado de la Escuela Superior de Negocios Internacionales-Universitat Pompeu Fabra, gerente del Public-Private Sector Research Center del IESE. Colabora con iniciatives pel decreixement que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario.