Si vamos plantear propuestas serias para prevenir, combatir y sancionar la corrupción entonces no es posible hacer “vista gorda” de todo lo que fueron estas privatizaciones delictuales realizadas por encapuchados con corbatas, quiénes -de la noche a la mañana- se transformaron en millonarios.
Como consecuencia de los llamados casos Penta, SQM y Caval, en los últimos días hemos visto, leído o escuchado innumerables propuestas acerca de cómo encarar “la corrupción, los conflictos de interés y el tráfico de influencias” pero en ninguna de tales propuestas he escuchado o leído acerca del “pecado original” que tiene nuestro actual sistema económico, político y social. Me refiero a todo el proceso fraudulento de las privatizaciones de las empresas públicas realizadas en los años 80 por funcionarios civiles (y serviles) de la Dictadura.
Si vamos plantear propuestas serias para prevenir, combatir y sancionar la corrupción entonces no es posible hacer “vista gorda” de todo lo que fueron estas privatizaciones delictuales realizadas por encapuchados con corbatas, quiénes -de la noche a la mañana- se transformaron en millonarios apropiándose fraudulentamente del patrimonio de todos los chilenos.
No es casual que los actuales escándalos de corrupción provengan de dos grupos económicos enriquecidos ilegalmente a través de la privatización del Instituto de Seguros del Estado, en el caso de Penta; y de la Sociedad Química de Chile, en el caso de SQM. Bien sabemos que la condición de origen de todo proceso social determina y preconfigura todo lo que deriva y resulta de tal proceso, entonces ¿por qué extrañarse por la actual corrupción si el origen de nuestro modelo político-económico y social son justamente las fraudulentas privatizaciones?, ¿por qué extrañarse que diputados, senadores o lobbiistas del partido de Allende mendiguen unas chauchas al yerno de Pinochet, si ellos mismos aceptaron -gustosa o a regañadientes, pero finalmente aceptaron- el modelo impuesto a sangre y metralla por aquellos que habían bombardeado La Moneda con el presidente Allende dentro de ella?.
Según una poco conocida comisión investigadora de la cámara de diputados, las pérdidas patrimoniales para el fisco chileno alcanzaron los US$ 6.000 millones de dólares anualizados al 2004, es decir, hace 11 años atrás. Tal cifra actualizada al día de hoy, seguramente resultará mucho más gigantesca y verdaderamente inimaginable.
Un robo a mano armada de US$ 6.000 millones es demasiado grande para quedar en la impunidad, un saqueo por US$ 6.000 millones es demasiada plata para “cerrar los ojos”, recordando la infeliz frase del ex ministro Vidal que, aunque haya dicho que fue un error, constituye a todas luces aquello que los sicoanalistas llamarían un verdadero “lapsus linguae”, es decir, aquellas verdades muy ocultas que, por descuido de la conciencia, afloran involuntariamente.
Como sociedad debemos darle transparencia a toda esta siniestra y penumbrosa oscuridad que oculta, como diría un católico del opus dei, el verdadero “pecado original” de nuestro actual modelo político-económico y social.
Es cierto que quizás los delitos están prescritos y que los diputados ya hicieron una comisión investigadora que llegó a interesantes conclusiones. También es cierto que todo está muy bien investigado en el libro que María Olivia Monckeberg publicó hace ya casi 15 años, pero todo esto es insuficiente pues como sociedad necesariamente debemos ser capaces de encarar, siguiendo en la jerga Opus Dei, un proceso de “exorcismo” que arranque ese demonio que lleva en su génesis el actual modelo.
“Hay que sacarlo todo afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas” dice aquella memorable canción popularizada por la gran Mercedes Sosa y es lo que le hace mucha falta a nuestra sociedad si realmente queremos afrontar la lucha en contra de la corrupción. Razón por la cual se hace imperativo que la Justicia o una Comisión de primer nivel, con similares características de lo que fue la Comisión por la Verdad y la Reconciliación en materia de DDHH, revise todo el proceso de las privatizaciones y proponga sanciones penales o civiles a los responsables de este descarado e impune robo, aunque sean sanciones simbólicas como -por ejemplo- la pérdida a perpetuidad de sus derechos civiles o la prohibición de efectuar contratos con el Estado, pues no es posible, aceptable o tolerable que los culpables y responsables de este gigantesco “asalto a mano armada” aparezcan hoy como “exitosos” empresarios, ocultando su verdadero rostro de pungas de cuello y corbata.
Esta es sólo una de las propuestas que desde la Fundación Moebius hemos elaborado en contra del “tráfico de influencias, conflictos de interés y corrupción” y del que todo el mundo habla pero que muy pocos están dispuestos atacar en su verdadera raíz.
Para ver el estudio completo pincha aquí.
* El autor es Coordinador General de la Fundación Moebius. Su cuenta de twitter es @Efren_Osorio
