La negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC sobre las drogas ilícitas abre una nueva  puerta para  replantear una vez más el tema de la sustitución de cultivos y el problema del narcotráfico como una forma de despejar el camino hacia la paz. Sin embargo, a pesar de que este acuerdo constituye un paso histórico, no es suficiente para ganarle la guerra al tráfico de sustancias ilícitas y menos aún de erradicar los problemas de violencia que han aquejado al país durante cinco décadas de lucha contra este flagelo.

Más allá de las reformas o acuerdos a los que se pueda llegar entre gobierno y FARC, lo que no se puede ocultar es que según datos de la ONU, Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, junto con Perú, con 64.000 hectáreas de cultivo en 2011. Sumado a esto, en las comunidades en donde hay cultivos ilícitos, aumenta la presencia de actores armados, criminalidad e inseguridad, así como la estigmatización a los pobladores de ser auxiliadores de la guerrilla. Este panorama no resulta nada fácil para un país que intenta arrebatarle de las manos de los grupos armados las tierras que han sido utilizadas como fuentes de financiación para la guerra y el terrorismo.

El anuncio del acuerdo sobre las drogas ilícitas trae una serie de desafíos a largo plazo en materia de desarrollo rural así como nuevas alternativas de siembra para los campesinos en el campo colombiano como una forma  de participación de las comunidades en los programas de restitución de las áreas afectadas por estos cultivos. Así mismo, este paso solo se concretara en la medida en que existan nuevas fuentes de financiación a largo plazo y el fortalecimiento a nivel regional de programas que incentiven el uso eficiente de las tierras que por mucho tiempo han sido utilizadas para la producción de drogas.

No obstante, el discurso de las FARC  sobre el acuerdo de las drogas ilícitas, gira en torno a la tenencia de la tierra como un problema estructural, que lejos de resolverse, es fuente de poder político y de conflicto social, además un
determinante clave en la productividad de la economía rural. A este aspecto hay que señalar que la gran mayoría de conflictos y disputas sociales tienen que ver con el tema agrario, pues la concentración de la tierra en pocas manos es un puntapié para que sigan creciendo los latifundios en detrimento del desarrollo rural que hoy necesita el país.

Por lo tanto, aunque no sea la solución final al conflicto armado ni el principal camino para erradicar los cultivos de droga, hay que mencionar que se necesita con urgencia una reforma a las políticas antidrogas que desde E.U. se vienen diseñando desde hace décadas como un medio para combatir este tipo de actividades. Por último hay que aclarar que las FARC no son las únicas que producen y comercializan este tipo de sustancias ilícitas, detrás de todo esto están las Bacrim (bandas criminales) y grupos paramilitares que a lo largo de los últimos años se han empoderado de hectáreas de tierra para el sembrado de distintas sustancias en beneficio de su propia estructura armada.