Por Rodrigo Escalante P.

El proceso de paz que viene adelantando el gobierno Colombiano con la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es un paso que se da para tratar de resolver un conflicto de sesenta años de lucha armada en un país que tiene puestas las esperanzas en la búsqueda de una paz estable y duradera. Aunque las discusiones se han venido desarrollando con algunos tropiezos, se ha logrado avanzar en la dirección
correcta para lograr llegar a un acuerdo que ponga fin a muchos años de violencia.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a pesar de las críticas de sus opositores, salió a jugarse todas las cartas por encontrar un camino que conduzca a la desmovilización de un grupo guerrillero fuertemente golpeado y diezmado por la fuerza pública, pero que a través del tiempo ha sido una piedra en el zapato para todos los
gobiernos que han buscado la manera de entablar un acercamiento con este grupo armado. El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera fue firmado el 23 de febrero de 2012, tras los acuerdos entre el gobierno y las FARC a mediados del año 2010. Con la firma de este acuerdo se abrió paso a una mesa de negociación entre ambas partes que tomó lugar primero en Oslo, Noruega y actualmente continúa en la Habana, Cuba.

No obstante, el grupo guerrillero viene solicitando una serie de peticiones que no han sido bien recibidas por parte del gobierno. Una de ellas, precisamente, tiene que ver con la participación directa en política en caso de que se firme el acuerdo de paz, pues ellos piden que les entreguen curules directas en el Congreso de la República sin tener que pasar por la vía democrática, es decir, las urnas. Ante esta petición, muchas son las voces que han alzado su voz de protesta, ya que no es jurídicamente posible que un grupo armado que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil y que ha realizado actos de barbarie forme parte de un Congreso en donde el significado de la democracia adquiere su máximo valor.

Por otra parte, el costo que ha tenido el proceso de paz para el país ha sido muy alto. La ofensiva guerrillera se ha incrementado desde que se iniciaron las negociaciones, pues ha habido uso de explosivos contra patrullas militares, atentados contra oleoductos, incendio de camiones petroleros y atentados contra infraestructura eléctrica a lo largo de todo el país. Estos actos solo han generado repudio y rechazo por parte de varios sectores del Congreso y la sociedad civil que piden un cese de hostilidades para no generar incertidumbre en las negociaciones que se vienen desarrollando en Cuba.

La otra cara de la moneda tiene que ver en la manera como las FARC le van a responder a las víctimas y que mecanismos institucionales se van a diseñar para que no queden impune los delitos cometidos por esta organización guerrillera, pues el cara a cara entre víctimas y victimarios en la Habana se ha dado en un clima de escepticismo y por la falta de credibilidad que estas reuniones puedan llegar a tener. Esto se debe a que el perdón
que piden las FARC hacía sus víctimas no ha sido bien recibido por la opinión pública ya que existe poca fiabilidad y confianza frente al grupo guerrillero. De todas maneras, es importante destacar las acciones que viene ejerciendo el gobierno en materia de participación no solo política, sino también darle voz a quiénes han sido los más afectados por esta guerra.

De esta manera, el Acuerdo General contempla cinco temas: fomentar el desarrollo rural y dar mayor acceso a la tierra; ofrecer garantías para el ejercicio de la oposición política y participación ciudadana, entrega de armas y reintegración de las FARC a la vida civil, combatir el narcotráfico con más efectividad y respetar los derechos de las víctimas.

Por lo tanto, la ronda de negociaciones entre gobierno y FARC se viene dando en un clima de expectativa por lo que llegue a pasar más adelante con la posible firma definitiva del proceso de paz. Desmovilizar a una de las guerrillas más antiguas del mundo es una tarea titánica pero no imposible si se tiene la confianza y el valor suficiente para concretar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. De todas formas, van a existir detractores y
adversarios en este tipo de procesos, pero que demuestra una vez más, el afán de un país por dejar atrás sesenta años de impunidad y dolor en un conflicto que ha marcado a toda una generación de colombianos.