El proyecto de modificación al sistema binominal presentado por el gobierno de Bachelet, incluye una propuesta de cuotas de género obligatoria más un incentivo económico para la participación y elección de mujeres en el parlamento.
En nuestra actual sociedad chilena, con un modelo patriarcal enquistado en nuestra base cultural, la competencia en igualdad de condiciones o en base a la meritocracia no deja de ser una utopía. Por tal razón, la propuesta del gobierno intenta equilibrar de forma mecánica, una falla sistémica que, sin lugar a dudas, resta legitimidad al sistema político al impedir una real representación de las mujeres producto de la existencia de barreras culturales y sociales que dificultan la competencia en igualdad de condiciones.
En efecto, todos quiénes hemos tenido experiencia con organizaciones de base, barriales, poblacionales e incluso comunales, sabemos que la presencia femenina es muy alta: Comités de Allegados, Centros de Padres, Organizaciones Vecinales o Centros Culturales están mayoritariamente dirigidos por mujeres, pero cuando observamos organizaciones de alcances provinciales, regionales o nacionales, la presencia femenina tiende a disminuir hasta casi desaparecer.
Ahora bien, tal como se señala en el boletín de Comunidad Mujer de Marzo de 2012, al hacer un análisis comparativo con otros países, Chile presenta índices de participación parlamentaria femenina inferior al promedio de todas las regiones del planeta, con la sola excepción de los países árabes, tal como se muestra en la Figura 1:
Incluso, de acuerdo al análisis de la Unión Interparlamentaria, el año 2013 fue un año excepcional pues en el planeta se batieron todos los records de participación femenina aunque lamentablemente no sucedió lo mismo en nuestro país. En efecto, el año pasado en los 49 países que renovaron sus parlamentos se eligió un promedio de 21,8% de diputadas mujeres, mientras que nuestro país apenas llegó al 15,7% con las 19 diputadas electas, ocupando el lugar 36 por debajo de países como Rwanda (63,8%), Ecuador (38,7%), Argentina (36,6%), Zimbabwe (31,5%), Filipinas (27,3%), Arabia Saudita (19,9%) y superando sólo a países como Togo, Jordania, Malasia, Swazilandia o Qatar, entre otros.
Y si comparamos a Chile con otros países de la región que renovaron sus parlamentos en años anteriores, nuestro país también aparece por detrás de países como Perú, Bolivia o Nicaragua. Es decir, cualquiera sea la comparación que hagamos, Chile se encuentra muy por debajo de los promedios internacionales y muy atrás de países con condiciones sociales supuestamente más conflictuadas en cuanto a desarrollo educacional, macroeconómico, estabilidad política y/ o desarrollo social.
Cabe señalar que la experiencia empírica mundial (Ríos, 2005) indica que la herramienta más eficaz para superar la brecha de género son las leyes de cuotas en sus distintas variantes (género, femenina, en candidaturas o con escaños asegurados).
Es así como en América Latina, entre los años 1991 y 2000, once países implementaron algún sistema de cuotas impactando positivamente en la incorporación de mujeres al parlamento. Tal como se muestra en la Figura 2, países como Ecuador, Argentina o Paraguay alcanzaron tasas de crecimiento superiores al 300% luego de implementadas tales leyes.
Por otro lado, incluso en el ámbito universitario, caracterizado por su rigurosidad intelectual y académica, se están implementando medidas para superar sesgos culturales y sociales. Es así como este año, la tradicional Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en donde el ingreso de mujeres no supera el 20%, ha implementado el Programa de Equidad de Género, que consiste en 40 cupos exclusivos para mujeres, dado que, tal como expresa su Vicedecano, Profesor Felipe Alvarez, «fundamentalmente por razones sociales y culturales, las propias mujeres tienen la percepción de que la ingeniería no es para ellas. Se trata de una visión errónea que nos preocupa enormemente y a través de distintas iniciativas creemos que podemos contribuir para corregirla»
En todo caso, es importante destacar que el proyecto presentado plantea que ningún sexo podrá tener más de un 60% en cada lista de candidatos por partido o coalición. Es decir, el proyecto no define una cifra o cuota especial para las candidaturas de mujeres sino que se plantea como una condición igualitaria de inclusión y restricción para ambos sexos, ya que el 40 % restante es igualmente irremplazable por la contraparte genérica. Este aparente detalle, es muy importante como gesto pues es un precedente en términos de equidad e igualdad, superando una postura revanchista, antagónica o condescendiente, que bien pudiera aumentar la sensación de incapacidad por parte de las mujeres y generar resistencias, rencores y degradación hacia el género femenino de parte de la población en general.
Además el proyecto incluye un incentivo monetario o bono de 500 UF a pagar a los partidos por cada Diputada de su lista que resulte electa. Sobre esto cabe preguntarse ¿porqué al partido y no a la candidata?. Los impulsores del proyecto explican que esta medida intenta evitar que los partidos caigan en la tentación de concentrar el porcentaje exigido en zonas de baja o nula elegibilidad, ya que la exigencia rige a nivel nacional y no local, por lo que las listas podrían presentarse de manera totalmente desequilibradas en cuanto a género, cumpliendo formalmente con la propuesta pero burlando el espíritu de la ley.
Nos parece que este incentivo económico en ningún caso evitará tal situación, que es una medida errónea e insuficiente y que tenderá a confundir el debate mercantilizando las candidaturas femeninas. Una solución es achicar el universo sobre el cual se calcula el porcentaje exigido, por ejemplo, a nivel regional o interregional.
Relacionado con este punto, el diputado Pepe Auth -uno de los redactores del proyecto- ha introducido en la discusión legislativa una modificación a los actuales reembolsos electorales, manteniendo una devolución para los hombres de 0,3 UF por voto obtenido pero subiéndolo a 0,45 UF para las postulantes mujeres. Esta opción nos parece mucho más de justicia, toda vez que apunta a superar otro escollo importante para las mujeres candidatas como es el sesgo en los aportes privados para sus campañas.
Ahora bien, muchas personas, incluso de probada vocación progresista, tienen sus reparos a las leyes de cuotas obligatorias de género pues les parecen arbitrarias, injustas y hasta irrespetuosas para las mismas mujeres. Tales aprehensiones se basan en el desconocimiento o en la incapacidad de visualizar aquellos sesgos culturales de los que ya hablamos.
Lo que pasa es que el tema del machismo, o patriarcado si se prefiere, por ser de origen cultural, es decir, por ser parte “de lo dado” o “desde donde se mira al mundo”, es muy difícil de detectar. Así como nuestro acento idiomático es muy difícil de escuchar para nosotr@s mismos pero es obvio cuando escuchamos el acento de un o una argentin@, bolivian@ o peruan@, lo mismo ocurre con las bases culturales del patriarcado: son muy difíciles de visualizar pues están dentro de nuestra “natural o normal forma de ver el mundo”.
Bastará detenerse a reflexionar respecto de la procedencia de nuestro marco epistemológico y revisar de manera acuciosa como está permeado en todo nuestro razonar y actuar, asumiéndolo como si de designios divinos e ineludibles se tratasen, y podremos entender su base injusta, desproporcionada, irrespetuosa y deformante, que se expresa a través de todos los medios y espacios con que cuenta esta estructura.
Una ley de cuotas obligatorias en una sociedad desproporcionada e injusta como la chilena, es la única posibilidad concreta de generar profundos cambios estructurales que impulsen la igualdad y equidad de géneros, que permita a las mujeres participar y determinar respecto de lo que les compete, y aportar -como el 52% que son- en la construcción de la sociedad que queremos. No hacerlo equivale a una carrera en la que se participa con los pies amarrados, es decir, sin igualdad de condiciones ni de oportunidades.
Ahora bien, evidentemente los sesgos culturales no sólo están presentes en el ámbito electoral sino que en todos los ámbitos de nuestra sociedad, por tanto se hacen necesarios cambios estructurales que necesariamente se inician con una nueva Constitución generada a través de un Asamblea Constituyente, sin olvidar que la reforma educacional, y también la necesaria reforma laboral, deberán tener en cuenta la situación de discriminación cultural que afecta a la mujer.
Por todas estas razones, nos parece que el proyecto de ley de cuotas es un paso, algo tímido pero que avanza en la dirección correcta de los cambios que deben ser abordados y asumidos por toda nuestra sociedad.
Catalina Valenzuela y Efren Osorio
Fundación Moebius
MoebiusFundacion@gmail.com
