Autoridades del estado ecuatoriano alertaron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la pretensión de algunos actores políticos y un sector de la dirigencia Sarayacu de manipular la sentencia que el máximo organismo con sede en Costa Rica emitió en 2012 y que contraviene el ordenamiento jurídico del país andino.
Diego García, procurador del estado, y Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, fueron recibidos por Humberto Sierra Porto y por Pablo Saavedra, presidente y secretario ejecutivo de la Corte, para informar también sobre los avances en el cumplimiento de dicha sentencia derivada de acciones del gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), informó la Procuraduría en un comunicado.
García y Zúñiga se refirieron a la protección que dirigentes de la comunidad indígena han dado al exlegislador Cléver Jiménez y sus asesores Carlos Figueroa, sentenciados a prisión por injurias contra el presidente de la República, Rafael Correa.
La decisión de proteger a los prófugos, tomada en vísperas de un recambio de dirigentes en la comunidad situada en la provincia de Pastaza, ha generado el rechazo del gobierno, de otras instancias del estado y de los propios líderes aborígenes como Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
En su visita a la sede de la Corte IDH en San José de Costa Rica, los representantes de Ecuador presentaron el segundo informe (el primero fue enviado el 6 de febrero) sobre las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la mencionada sentencia, así como los hechos que han incidido en los plazos de su ejecución, con especial énfasis en los acontecimientos de las últimas semanas, relacionados con la protección brindada por los dirigentes a los políticos que han recibido sentencia condenatoria por parte de la justicia ordinaria.
La ministra Zúñiga detalló en su cuenta de Twitter que entregaron a la Corte IDH respaldos en audio, video y texto que confirman el mal uso que se pretendió dar a la sentencia del organismo. «La dirigencia creó grave incidente acogiendo a 3 prófugos en su territorio, han alterado la cotidianidad de su pueblo», escribió la funcionaria.
«Hemos informado a la Corte Interamericana DDHH que dirigencia #Sarayacu ha dado prioridad a intereses políticos sobre los de su propio pueblo», reveló en otro tuit.
Sentencia
Sobre el cumplimiento de la sentencia, se informó a la Corte IDH los avances en el proceso de extracción de la pentolita, el reconocimiento del derecho a la consulta previa en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y las gestiones cumplidas para la coordinación de la presentación de las disculpas públicas al pueblo Sarayaku por parte de las autoridades del Estado.
Se notificó, además, que la propia dirigencia de la comunidad es la que ha impedido de forma sistemática el cumplimiento de la sentencia, cuyo más reciente incidente es la protección brindada a tres personas que han recibido sentencia condenatoria por parte de la justicia ordinaria ecuatoriana e impedir el ingreso de agentes del Estado.
Zúñiga y García fueron enfáticos al rechazar las recientes declaraciones públicas de los líderes de la comunidad en torno a que la sentencia de la corte IDH ordenaría un estatus ilimitado de protección a su territorio, recordando que el artículo 56 de la Constitución de la República establece que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.
“La dirigencia invoca erróneamente la sentencia de la Corte IDH para sostener que ésta les permitiría actuar al margen del ordenamiento jurídico, entendiendo de forma tergiversada las nociones de propiedad de los pueblos indígenas desarrolladas en esa misma sentencia. El Estado recuerda que el territorio de Ecuador constituye una unidad geográfica, irreductible e indivisible, sin que pueda aceptarse la existencia de un espacio geográfico independiente ajeno al Estado de derecho”, señala el comunicado de la Procuraduría.
Se indica que los líderes de Sarayacu pretenden utilizar el análisis de la Corte IDH con relación a la presencia de las Fuerzas Armadas que brindaron seguridad a las compañías petroleras en la Amazonía entre los años 2003 y 2004, para impedir que los agentes de la fuerza pública localicen y detengan a personas que han recibido sentencia condenatoria por parte de la justicia ordinaria ecuatoriana y que se encuentran escondidos en su territorio, presentándolos, además, bajo la custodia de personas armadas, situación que viola la Constitución de la República y no se ampara en ninguna norma de derechos humanos.
También se deja en claro que la dirigencia de Sarayaku tampoco puede invocar el reconocimiento del estatus de la justicia indígena para brindar protección a los ciudadanos Jiménez, Villavicencio y Figueroa, por cuanto la Constitución reconoce a las autoridades indígenas funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones y derecho propio, siempre y cuando tales funciones se ejerzan únicamente para resolver un conflicto interno, y no sean contrarios a la Constitución ni a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
En contexto:
Líder de organización indígena insta a prófugos de la justicia abandonar territorio Sarayacu
El gobierno de Ecuador ejercerá autoridad en comuna indígena que acoge a tres prófugos
Fuente: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-alerta-corte-idh-sobre-manipulacion-sentencia-parte-dirigentes-indigenas-actores
