El diario británico The Guardian acusó hoy al gobierno de David Cameron de “criminalizar al periodismo”, por las “amenazas” recibidas para entregar o destruir la información filtrada por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden.

En una extensa editorial, el matutino reafirmó que “recibió amenazas explícitas por parte del gobierno para, a través de la vía legal, frenar o prevenir la publicación de material”.

El artículo hace hincapié sobre los poderes y la responsabilidad de los Estados en vigilar a los ciudadanos y para el diario “no es el rol de los políticos determinar los límites de la discusión”.

“El debate tampoco se circunscribe a tratar de criminalizar el periodismo”, añadió el periódico.

The Guardian, que junto al Washinton Post sacaron a la luz los documentos de Snowden, denunció esta semana las presiones del Reino Unido para evitar la publicación de artículos sobre su sistema masivo de espionaje y el de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense.

El editor en jefe, Alan Rusbridger, contó que fue contactado por funcionarios que “amenazaron con censura previa yendo a la justicia para prevenir la publicación de material”.

Finalmente, para alivianar la presión, indicó que accedió a eliminar la información que tenían en las oficinas en Londres, teniendo en cuenta que existen copias en Nueva York y Rio de Janeiro.

“Y así, en uno de los momentos más extraños de la larga historia de The Guardian, dos expertos en seguridad de (la agencia de inteligencia) GCHQ supervisaron la destrucción de discos duros en el sótano del diario”, comentó Rusbridger.

El “apriete” fue ejecutado por el ministro del Gabinete, Jeremy Heymood, bajo órdenes del propio primer ministro David Cameron.

“El gobierno tiene claramente una responsabilidad de intentar asegurarse de que la información se recupere o se destruya si se retiene de forma insegura y pudiera ser dañina para la seguridad nacional”, justificó el ministro de Asuntos Exteriores, William Hague.

“Si el gobierno cree que hay información que puede ser peligrosa para la seguridad nacional y puede ser útil para terroristas, tenemos que actuar”, señaló en sintonía la ministra del Interior, Theresa May

Por el contrario, Charles Falconer, funcionario del gabinete del ex primer ministro Tony Blair, manifestó: “El Estado puede desear que los periodistas no publiquen material sensible, pero depende de ellos y no del Estado decidir dónde poner el límite”.

Estados Unidos y Alemania expresaron su oposición a la maniobra de Londres y Rusia indicó que es una violación “a los Derechos Humanos y la libertad de prensa”.

Las voces se sumaron al cuestionamiento por la retención durante nueve horas del brasileño David Miranda, pareja de Glenn Greenwald, el periodista que sacó a la luz las revelaciones de Snowden.

Las autoridades lo detuvieron en el aeropuerto londinense de Heathrow, amparados en una ley “antiterrorista”, y le confiscaron varios dispositivos electrónicos personales.

El jueves pasado, a través de una acción en la justicia, Miranda logró una victoria parcial con un dictamen por el que temporalmente, hasta que no haya sentencia firme, el gobierno británico no podrá revisar el material incautado ni compartirlo con agencias de seguridad extranjeras.

Sin embargo, ese triunfo fue agridulce ya que en la misma audiencia la policía británica anunció que lanzó una investigación criminal contra Miranda.

Scotland Yard comentó que en el interrogatorio se incautó “material altamente sensible, cuya divulgación sería perjudicial para la seguridad pública”.

Si bien todavía no precisaron los cargos en su contra, las autoridades lo podrían investigar por  “instigar o preparar actos de terrorismo”, mismo delito por lo que este año procesaron a varios miembros de la organización fundamentalista islámica Al Qaeda.

Una de las consecuencias de estas presiones sobre The Guardian, es que el diario decidió que todos los artículos vinculados a los documentos de Snowden se escriban en Estados Unidos, con la colaboración del diario New York Times, o en Brasil, donde reside Greenwald.

“La primera enmienda de la Constitución estadounidense garantiza protecciones a la prensa que los editores británicos solamente pueden soñar”, explicó el matutino.