Los choques en el suburbio parisino de Trappes disminuyeron en intensidad pero se extendieron a localidades vecinas. El accionar policial y las tradiciones musulmanas en el centro del conflicto.

Los enfrentamientos con fuerte sesgo racial entre jóvenes y policías en el suburbio parisino de Trappes disminuyeron en intensidad pero se extendieron anoche a localidades vecinas, obligando al gobierno socialista de Francia a mantener un importante operativo de seguridad.

Pese al apaciguamiento de la violencia del viernes y sábado por la noche, la revuelta en Trappes, 31 kilómetros al oeste de París, se adueñó de la agenda política, con acusaciones entre el gobernante Partido Socialista (PS) del presidente Francois Hollande y la oposición conservadora y ultraderechista.

«La calma está regresando gracias al compromiso de las fuerzas del orden. Es inaceptable e intolerable la violencia contra la policía y que no se respete su rol», declaró este mediodía el ministro del Interior Manuel Valls, en un desplazamiento sorpresa a una comisaría de Trappes atacada la noche del viernes.

Valls subrayó que mantendrá un operativo de seguridad «consecuente».

El viernes, cientos de personas sitiaron la comisaría de Trappes para reclamar la liberación de un joven de 21 años acusado de intentar estrangular a un policía que quiso verificar la identidad de su mujer, de 20 años, que portaba un velo integral, vestimenta islámica prohibida en Francia desde 2011.

La ley que prohibió el velo fue aprobada un año antes a impulso del ex presidente conservador Nicolas Sarkozy, y veda el uso en público de las vestimentas llamadas burka y niqab, que cubren el cuerpo entero, más bien que el pañuelo para la cabeza que es habitual entre las mujeres musulmanas francesas.

El sábado, al día siguiente de su arresto, el joven acusado de la agresión a la policía fue liberado, pero los enfrentamientos se repitieron por la noche en Trappes y Elancourt, donde una veintena de autos fueron incendiados, incluido un patrullero.

En las primeras horas de ayer, grupos de jóvenes provocaron a los policías con petardos en Trappes, Guyancourt y Elancourt, donde algunos incendiaron contenedores de basura, pero evitaron enfrentamientos directos. Al entrar en la segunda semana de Ramadán, el mes de ayuno de los musulmanes, el ministro Valls llamó a «evitar las amalgamas».

La revuelta en la agenda política

«No podemos confundir a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas musulmanes con una minoría que querría imponer otra ley», remarcó Valls, acusado este fin de semana de «incapaz», «lento» o «laxista» por la oposición conservadora y ultraderechista.

La revuelta en plena temporada estival en un suburbio considerado como “sensible” por las autoridades, se transformó rápidamente en un tema político, que mostró una vez más los contrapuntos entre gobierno y oposición en Francia.

“El gobierno niega la realidad, la burka no es un imperativo religioso, hay que actuar con mayor firmeza. Pero el gobierno nos trasmite un mensaje de laxismo”, disparó el sábado el presidente de la conservadora Unión por una Mayoría Popular (UMP), Jean-Francois Copé en la radio Europe 1.

”Solo nueve detenidos en todo el fin de semana es demasiado poco”, criticó el diputado UMP Henri Guaino, considerando que en las protestas frente a la comisaria había “matones” y no “creyentes”, en declaraciones a la radio RTL.

Desde el ultraderechista Frente Nacional (FN), varios representantes alertaron sobre el riesgo de una nueva revuelta en los suburbios como ocurrió en 2005.

“Se trata de un irrisorio intento de instrumentalización de los hechos por la derecha”, minimizó hoy el primer secretario del PS, Harlem Désir, en la radio France Inter.

Por su parte, el ministro del Interior dejó en claro que se niega a “recibir lecciones de aquellos que desde 2006 disimularon la realidad de la delincuencia”.

Acusación contra tres jóvenes

Tres de los nueve detenidos del fin de semana fueron juzgados hoy en comparecencia inmediata.

El tribunal correccional de Versalles solicitó penas de entre nueve y seis meses de prisión efectiva contra los tres jóvenes, de entre 19 y 25 años, por haber lanzado proyectiles contra los policías.

De confirmarse la pena en la sentencia, los jóvenes, quienes niegan haber participado de los incidentes, serán trasladados de la sala de audiencia a cumplir directamente su condena.