Este lunes 27 de Mayo, la *Segunda Sala de la Excelentísima Corte Suprema* fallará un *Recurso de Amparo* interpuesto a favor de un niño respecto de cuyo caso judicial desde hace una semana el periodismo de nuestro país se encuentra con *Prohibición de Informar* bajo la amenaza de sanción penal por el delito de “desacato”.

La orden de no informar *proviene del mismo Juzgado de Familia (el Segundo de Santiago) y de las autoridades de SENAME que están siendo públicamente cuestionadas por haberle entregado el cuidado de este niño enfermo, en tratamiento, a una madre enferma, sin tratamiento*.

Y fue el ejercicio libre de la prensa, hoy amordazada, lo que permitió que nuestro equipo de profesionales se enterara, hace tres semanas atrás, de que este antiguo paciente nuestro, un niño estigmatizado por años como el símbolo de la delincuencia juvenil y a quien creíamos seguro bajo el cuidado de SENAME, había vuelto a ser noticia en la crónica roja de diarios y noticieros.

El argumento esgrimido por el Segundo Juzgado de Familia, que a petición de los abogados del SENAME emitió tal resolución, es que al impedir informar a la opinión pública se estaría protegiendo la honra y dignidad del que fue nuestro paciente. Esta argumentación desconoce, sin embargo, que en los hechos desde que se conoció su caso hace más de tres años atrás el niño ha sido objeto de un lapidario juicio público que ha terminado estigmatizándolo como el símbolo de la delincuencia juvenil irreductible, en circunstancias de que gracias a la intervención de los profesionales que lo atendimos en el Hospital Calvo Mackenna la opinión pública ha podido contrastar, al menos, la imagen del avezado y peligroso delincuente juvenil, generada por el público conocimiento de su prontuario policial, con la de un niño enfermo que con un adecuado tratamiento psiquiátrico y
psicológico puede sanarse y vivir normalmente.

No los aburriremos con los detalles de lo que vino después ya que, gracias a su trabajo profesional, son de público conocimiento. Lo que probablemente no saben, ni ustedes ni la opinión pública, es que desde el momento mismo en que exigimos un Sumario Administrativo que esclareciera estos hechos a la Ministra de Justicia, la Señora Patricia Pérez Goldberg, la orden de silenciar a la prensa ha impedido que este sumario se lleve a cabo o que, al menos, la Ministra de Justicia ofrezca una explicación razonable por la cual un niño portador de una condición neuropsiquiátrica médicamente estabilizada por tres años, pudo quedar sin tratamiento y volver a involucrarse en conflictos con la justicia.

Y lo que tampoco probablemente saben es que este lunes 27 de Mayo la Excelentísima Corte Suprema tendrá que fallar sobre un Recurso de Amparo en el que solicitamos el inmediato traslado del niño a un Servicio de Psiquiatría y Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud a objeto de *Proteger su Libertad y Seguridad Personal, pero también la de la población potencialmente dañada en caso de que las graves negligencias denunciadas vuelvan a cometerse*.

Este lunes 27 de Mayo, fracasada su estrategia de negar la condición neuropsiquiátrica que afecta al niño, intentada en la primera etapa del proceso judicial, los abogados de SENAME tratarán de persuadir a los Magistrados de la Corte Suprema de que la institución que representan ahora no sólo reconoce su enfermedad sino que también cuenta con todos los dispositivos que se requieren para garantizar su tratamiento médico y psicológico en condiciones de seguridad para él y la población. Tarea difícil si se considera que en la dura realidad, esa que no resiste ejercicios retóricos, SENAME no cuenta ni con la autorización sanitaria, ni con los recursos profesionales ni técnicos, ni con la infraestructura material mínimamente necesaria, ni con la supervisión de enfermeras, químico-farmacéuticos y técnicos de enfermería acreditados como para proveer una atención sanitaria de calidad suficiente para garantizar la SEGURIDAD ni del niño, ni de la población potencialmente dañada en caso de que vuelva a escapar.

En definitiva, lo que la Excelentísima Corte Suprema tendrá que dirimir este lunes es si el Derecho a la Salud, del que gozamos todos los habitantes de la República, especialmente cuando graves enfermedades mentales pueden llevarnos a entrar en conflicto con la justicia, puede ser provisto y garantizado por cualquier Institución del Estado, al mero arbitrio de la autoridad política de turno, o *debe ser dispensado por la única institución constitucional y legalmente mandatada para ello; nos referimos, naturalmente, al Ministerio de Salud.*

De lo que decida la Corte Suprema este lunes dependerá la vida no sólo de un niño, sino la de miles que, como él, hoy día son entregados al “cuidado” de consultorios “municipalizados”, cárceles “concesionadas” y equipos profesionales conformados por “privados” que, bajo la figura de ONGs, fundaciones y corporaciones, con y sin fines de lucro, *operan, **de hecho, dispensando atenciones de Salud Mental al margen de todo control y regulación por parte de autoridades y profesionales de un Ministerio de Salud *que no parece mostrar mayor interés en *Garantizar la* *Calidad de la Atención de Salud Mental* que reciben estos pequeños pacientes olvidados por el Estado de Chile desde hace ya largo tiempo.

Y nadie sabrá del resultado de esta histórica sesión de la Excelentísima Corte Suprema a menos que ustedes y las personas que leen esta carta a través de las redes sociales hagan algo para evitarlo.

Atentamente,

Rodrigo Daniel Paz Henríquez
Médico Psiquiatra, Perito Forense
Post-Doctorado en Neurociencias, Unidad de Trastornos del Neuro-Desarrollo, Hospital Psiquiátrico El Peral

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Teléfono 9-818-97 56
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Felipe Valenzuela, Psicólogo Clínico
RUT: 13.441.657-2
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Iris Morales, Psicóloga Clínica Infanto Juvenil, Corporación SOFINI: a favor del Desarrollo y Promoción de la Niñez, Juventud y las familias Vulnerables en Chile
RUT: 11. 403. 813-K
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