La noticia se difundió en Argentina este mediodía, mientras la Presidente Cristina Fernández de Kirchner daba su discurso inaugurando el año legislativo y, por tanto, no pudo hacer referencia a ella. El tema es el pago de los bonos en poder de los “Fondos Buitres” -así llamados por buscar ventaja de cadáveres financieros- que no aceptaron el canje en las mismas condiciones que el 93 por ciento de los acreedores de un país en default o cesación de pagos.

Hagamos un breve repaso de la propuesta que en septiembre de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner efectuó para enfrentar la virtual quiebra del país. Realizó entonces una oferta a los poseedores de bonos de la deuda argentina que consistía en pagar con una quita promedio del 75% del valor nominal. “Los acreedores privados -precisaba la comunicación oficial- podrían escoger entre tres bonos: un Discount -con una reducción del valor nominal-, bonos Par -con mayores plazos de vencimiento y sin reducción o con una pequeña reducción de su valor de capital-, y bonos C -que requerirían un aporte de fondos-. Los nuevos títulos se podrían consolidar en dólares, euros, yenes o pesos indexados”.

La propuesta no era disparatada: la ley de quiebra de Argentina, aplicable a las empresas y particulares, establece que cuando se alcanza el porcentaje que aprueban los acreedores, ese es el monto a pagar. A falta de una norma internacional que regule esta situación similar a una quiebra, el gobierno propuso un modo y una cifra inicial que dependía -para su éxito- de la aprobación de los acreedores.

Ante el rechazo inicial de la propuesta, se presentó un nuevo plan donde la quita se reducía a promedios de entre el 63 y el 45 por ciento. Para no abrumar con datos, digamos que después de debates, reconsideraciones y ajustes, los acreedores aceptaron una quita en porcentajes variables según el bono, que se estima en alrededor del 60 por ciento promedio.

La argumentación de Néstor Kirchner en aquel momento era que “creciendo nuestra economía mejorará nuestra capacidad de pago”. Y advertía: “No pagaremos la deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos generando más pobreza y aumentando la conflictividad social, para que el país vuelva a explotar”.

La mayoría -93 por ciento- de los bonistas aceptó. Los que no admitieron la propuesta de reestructuración se denominan holdouts. Popularmente llamados “fondos Buitres”, tienen su sede en la isla británica de Caimán y se dedican a obtener una ganancia fácil de los momentáneamente débiles. Su comportamiento es similar al del ave carroñera.

Los principales tenedores de estos bonos son el NML Capital Ltd. y el EM Ltd. Demandan cifras muy superiores a las ya pagadas y han ido contra los bienes argentinos en el extranjero; desde el embargo de una cuenta del Banco Central de Argentina hasta la retención de la fragata ARA Libertad (Q-2), un buque escuela de marinos, que estuvo anclado en un puerto de Nigeria. No tuvieron éxito, hasta que el juez Thomas Griesa determinó que Argentina debería abonar unos 1.300 millones de dólares a los fondos «buitres». El riesgo de esta medida adversa para el país no es el monto en sí a pagar a los “buitres” sino la catarata de juicios que pueden venir desde el 93 por ciento que aceptó una cifra menor. Se trata de montos imposibles de cancelar porque agotarían las reservas del Banco Central o se volvería al borde de la cesación de pagos.

El país reclamó y la Cámara de Apelaciones de Nueva York preguntó hoy, y da plazo hasta el día 29 para contestar, cuánto y en qué plazo pagará Argentina. O sea: cuál es la fórmula de pago. Esa es la noticia difundida hoy al mediodía.

El requerimiento de la Cámara debe ser interpretado. ¿Significa esto que se hace lugar a la apelación? Porque Argentina nunca se negó a pagar, sólo que quiere hacerlo en las mismas condiciones en que lo hizo con el resto. ¿O significa que la oferta del país será considerada y, luego, aceptada o rechazada? ¿Fijará la Cámara, en este último caso, un monto obligatorio para Argentina? No lo sabemos y hay opiniones encontradas.

Pensamos que primará el sentido común y no se  privilegiarán las exigencias de un 7 por ciento que busca lucrar por sobre el acuerdo del 93 por ciento. Y no se condenará a todo un pueblo que está saliendo de un auténtico infierno a volver a él ya que siguen vigentes las palabras de Néstor Kirchner: “debemos tener presente que la masa de recursos es la que existe y no puede incrementarse ni milagrosa ni explosivamente”.

Tampoco es imposible que Argentina tenga un revés: en gran medida depende de la justicia estadounidense, un país donde el lucro es uno de los valores centrales. Por ahora, es una nube -muchos la ven negra- en el futuro.