Veinte años después de los feminicidios de Ciudad Juárez, la impunidad reina en México por la falta de investigación en los casos vinculados con el narcotráfico y los agentes del Estado.

“Mi mamá murió sin saber nada de ella. Y su hijo va creciendo y no sabemos absolutamente nada”. Así expresa Ivone Martínez el calvario sufrido por su familia desde que el 26 de diciembre de 2000 desapareciese su hermana Bárbara Aracely Martínez Ramos.

Martínez explica que su hermana salió ese día y dejó a su hijo en casa de unas amigas. “Cuando fueron a llevarle a su hijo, ella no estaba”.

La familia de Bárbara Aracely interpuso una denuncia ante la policía, pero fue en 2001, a través de los medios locales de Ciudad Juárez, como descubrieron que su hermana podía estar junto a otras mujeres asesinadas en un viejo campo algodonero.

Cinco años más tarde, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó un nuevo peritaje, solicitado por los familiares de las mujeres asesinadas, e informó que el cuerpo identificado en 2001 en Campo Algodonero no pertenecía a su hermana.

“A nosotros nos iban a entregar ese cuerpo y gracias a ellos supimos que no era mi hermana. Yo pienso que la policía más bien quería aparcar el problema diciendo aquí está la suya”, afirma la joven.

Ahora Martínez se dedica a criar a sus tres hijos y a su sobrino mientras espera recibir noticias sobre el paradero de su hermana.

El peritaje de ADN sobre el nuevo hallazgo de cuerpos podría poner punto y final a doce años de incertidumbre. “Sigo esperando a que me hablen para ver si uno de los cuerpos de ahí es mi hermana”.

Feminicidios vinculados con el narcotráfico
Al descubrir que su hermana se había ido con una persona ligada al narcotráfico y ser advertida por el agente del caso Martínez decidió no continuar con la investigación por miedo a represalias. “Yo tuve una plática con un policía y me dijo que ya no la buscara. Yo tuve temor porque tengo tres niños y el niño de ella que me quedó”.

La abogada de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Karla Michel, explica que la fundación no ha logrado combatir la impunidad en los casos de feminicidio vinculados al crimen organizado.

En este momento, la letrada lleva el caso de la desaparición de Lilia Alejandra García Andrade, y afirma que existe una relación entre un agente del estado, integrante de la entonces Procuraduría General del Estado de Chihuahua, y el feminicidio de la joven.

Según la letrada, el agente está vinculado también a otros cinco asesinatos de niñas cometidos en 1993. “En este caso a diferencia del de Campo Algodonero sí podremos vincular el feminicidio con el crimen organizado y con agentes del Estado”.

Para la abogada, el principal problema es que muchos de estos servidores públicos “se encuentren laborando en las diferentes estructuras del Estado”.

Además, la representante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, explica que el delito de feminicidio no está tipificado en 10 de los 32 estados mexicanos. “A pesar de que Chihuahua ha inspirado a América Latina diseñando acciones contra los feminicidios, el Gobierno se ha negado a tipificar el delito”.

Michel afirma que el estado mexicano ha invertido «millones» en luchar contra el feminicidio pero no lo ha hecho en la dirección correcta. “Ninguna política se ha dirigido a erradicar la impunidad y a luchar contra el crimen organizado”.

Caso Campo Algodonero
En noviembre de 2001 los cuerpos de ocho mujeres, víctimas de violación y secuestro, fueron hallados sin vida en un campo algodonero. La abogada de la Fundación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, explica que “solo tres de las familias de los jóvenes presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH).

Según Michel, “se le pidió a la Comisión que reconociese como víctimas al resto de jóvenes que habían sido encontradas”. Sin embargo, la Comisión determinó que solo se resolvería los casos de las jóvenes cuyas familias habían presentado la denuncia.

En este sentido, Ivone Martínez aclara que su familia no presentó una demanda ante los organismos internacionales porque “nunca nos entregaron el cuerpo de mi hermana”.

Para la abogada de Nuestras Mujeres de Regreso a Casa, uno de los principales problemas en los casos de feminicidios “es la falta de una investigación seria, objetiva e imparcial por parte de las autoridades para detener a los responsables materiales, y a los servidores públicos que no han permitido que se investigue”.

Para Michel esta situación es “un círculo que se repite constantemente porque las autoridades siguen sin indagar, sin sancionar y a su vez tampoco son investigadas”.

La letrada mexicana afirma que la CIDH determinó la responsabilidad del Estado Mexicano en el caso de Campo Algodonero “por la falta de políticas de prevención en el país y por no haber investigado adecuadamente en un contexto de violencia contra las mujeres”.