Caso Curuguaty: Generalizado repudio a acusaciones del fiscal Rachid

17.12.2012 - Asunción, Paraguay - Canal 311

Caso Curuguaty: Generalizado repudio a acusaciones del fiscal Rachid
(Imagen de Archivo Pressenza)

Por Eduardo Arce

Tal como se preveía en el caso de la masacre de Curuguaty, el fiscal Jalil Rachid acusó de supuestos hechos delictivos a 14 campesinos, de los más de 60 imputados, sin aportar pruebas que sustenten tales acusaciones. El hecho produjo un generalizado repudio de organizaciones sociales y políticas.

Al presentar las acusaciones Rachid afirmó que la Fiscalía «no había realizado las pruebas de parafina para saber si dispararon los nueve acusados hoy de homicidio», por eso no tiene condiciones de demostrar que alguno de los acusados haya matado a uno o a varios de los seis policías muertos el 15 de junio.

«Sería irresponsable de nuestra parte», se excusó Rachid y destacó que la opción de «tentativa» es muy amplia en su interpretación. Para el fiscal, los 14 imputados formaron parte de un grupo con un «plan perfectamente organizado» para asesinar policías aquel 15 de junio en Curuguaty.

Los 14 acusados por la Fiscalía

Por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso fueron acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo Paredes, Y Dolores López Peralta.

Por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y tentativa de homicidio doloso, R.V.O., de 17 años. Por asociación criminal: R.A.B.C. también de 17. Por frustración de la persecución y ejecución penal: Felipe Nery Urbina y por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal: Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua.

El enfrentamiento se produjo el 15 de junio de este año en el Lugar conocido como Marina Cue, unas 2.000 ha. Pertenecientes al Estado paraguayo, que la familia del fallecido ex senador y ex presidente del Partido Colorado Blas N. Riquelme se había apropiado indebidamente. La balacera produjo 11 campesinos y 6 policías muertos. El hecho fue el detonante del juicio político parlamentario que destituyó a Fernando Lugo, una semana después.

Indignación rabia y dolor

La Articulación por Curuguaty, una plataforma amplia de la que participan organizaciones políticas y sociales así como individualidades, sostuvo en un comunicado que la acusación produce «indignación, rabia y dolor muy grande porque nunca estaremos preparados para soportar la injusticia».

«La decisión política de la Fiscalía obedece al prejuicioso deseo de imputar a campesinos como a criminales y acusarlos de tentativas de homicidio en tanto la lucha de estos campesinos y campesinas es una lucha justa por la tierra mediante la legítima ocupación de tierras malhabidas», afirmó la Articulación.

«Este nuevo paso de la Fiscalía lo podemos considerar como un paso más en la construcción de un sólido blindaje de impunidad. Y contra esa impunidad es que alzamos nuestras voces», aseveró.

El pronunciamiento expresa también la preocupación por el manto de impunidad con que se intenta cubrir la muerte de 11 campesinos pues nadie ha sido imputado ni, mucho menos, acusado.

«Las declaraciones de la Fiscalía no atienden, de ningún modo, a los campesinos muertos, a las personas torturadas, tanto en prisión como durante su detención en el campo, y a las personas ejecutadas a sangre fría y vengativamente, según expresaran varios testigos: los fiscales no ofrecen explicación alguna de estos crímenes contra los y las campesinas», asegura.

«La preocupación central de las autoridades del Ministerio Público ha sido y sigue siendo instalar la idea de que toda lucha por la tierra y por la recuperación de las tierras malhabidas como una acción ilegítima», sostiene el comunicado.

Enorme, inmoral y aberrante injusticia

Por su parte, José Rodríguez, dirigente de la Liga Nacional de Carperos (LNC) afirmó que «para Rachid y sus congéneres rentados por la mafia que traficó ilegalmente millones de hectáreas de tierras públicas, todos los que luchan por la recuperación de las tierras malhabidas son automáticamente delincuentes».

Rodríguez se pregunta qué pasa con los que ejecutaron a los 11 campesinos y expresa que hay fundadas sospechas de que son policías en servicio activo pero sin pertenecer a ninguna comisaría y que «forman parte del plantel permanente de 22 matones que tiene cierto narcocandidato presidencial y que ya estuvieron a punto de desencadenar una matanza mil veces peor en Ñacunday».

A criterio del dirigente de la LNC, es ampliamente conocido y aceptado por todos que las tierras de Marina Cue son tierras públicas por lo que ex inexplicable que «el cachafaz de Rachid sostenga que las tierras públicas fueron invadidas por paraguayos».

Finalmente, lamentó que «esta enorme, inmoral y aberrante injusticia que se ensaña contra los carperos, aparte de hervir la sangre en nuestras venas por la indignación, sólo sirve para fomentar en forma exponencial el sentimiento de impotencia, rabia y resentimiento contra esta prostituida justicia gua’u que sufrimos el pueblo paraguayo».

Estado al servicio de los latifundistas

También el Partido de los Trabajadores (PT), manifestó su repudio al fiscal Jalil Rachid. «Lo repudiamos por mentiroso y corrupto, rechazamos la posición de la Fiscalía y nos solidarizamos plenamente con las y los campesinos perseguidos», dice un comunicado del PT.

«No entraremos a detallar todas las incoherencias y falsedades que convierten las acusaciones de la Fiscalía en una monumental mentira, porque en este tema existe un acuerdo ampliamente generalizado. Sólo queremos remarcar que el Estado, nuevamente se presenta tal cual es: un aparato para administrar y proteger los negocios de los latifundistas y empresarios. Un Estado terrorista al servicio de los latifundistas», afirma el PT

Según este partido de izquierda, la masacre de Curuguaty es una batalla más de la guerra que viene librándose contra los terratenientes y sus latifundios protegidos por los sucesivos gobiernos. «Esta guerra no terminará hasta cambiar radicalmente la injusta distribución expuesta crudamente en que el 3% de los propietarios concentra el 87% de las tierras», sostiene.

«Si no hay reforma agraria, se registrarán muchas muertes más como derivación de la tragedia social y humana que afecta a decenas de miles de familias campesinas. Por ello, cada vez con más fuerza y convicción debemos levantar las banderas de recuperación de las tierras mal habidas y reforma agraria radical. Debemos destruir la actual estructura de tenencia de la tierra», expresa.

Finalmente insta a no bajar la guardia y reagruparse organizadamente para movilizarse «hasta lograr lo esencial de esta lucha: La libertad de las y los presos de Curuguaty».

Categorías: Derechos Humanos, Política, Sudamérica
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