En la tarde de ayer viernes, 23 de marzo, comenzaron las Jornadas anuales de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, este año dedicadas a acercar a la sociedad la realidad sobre las torturas y tratos inhumanos, crueles o degradantes sufridos por los inmigrantes a lo largo de los procesos migratorios. Las propuesta de celebrar estas Jornadas se gestó en el I Encuentro Estatal de Colectivos en Lucha contra los CIES, realizado el pasado mes de Octubre en Valencia.

Más de 100 personas, procedentes de diferentes entidades, asociaciones y colectivos de todo el Estado han concurrido en la primera sesión de estas Jornadas, en las que se pretende analizar las vulneraciones de derechos que sufren las personas migrantes como consecuencias de la implementación de las políticas de extranjería.

En la primera de las Mesas redondas, Rafael Lara, de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía ha señalado que las políticas de externalización del control de los flujos migratorios que el Estado Español pacta con países del Norte de África, las cuales suponen que Estados no europeos se convierten en guardianes de la Frontera Sur europea, no tienen en cuenta la vulneración sistemática de Derechos Humanos a personas en tránsito que se producen en países como Marruecos.

Esta misma Mesa ha contado con Ivonne Panfilo, abogada italiana, que ha relatado las situaciones de maltrato a las que se han enfrentado las personas han llegado en embarcaciones a Lampedusa, como consecuencia de los conflictos que han tenido lugar en países árabes. Y con Francis Webber, abogada inglesa del Institute for Race Relations que ha denunciado que su organización ha contabilizado que se han producido 16 muertes en el marco de deportaciones forzosas realizadas por países europeos en los últimos 20 años, así como muchísimas han resultado heridas. Asimismo, también ha denunciado que los países europeos deportan a personas a sus países de origen, a pesar de conocer que a su vuelta serán detenidos y torturados, como las deportaciones de kurdos que el gobierno inglés ha realizado a Siria, o a personas con enfermedades incurables en sus países de origen.

En la segunda de las Mesas, en las que ha participado José Peñín, de SOS Racisme, José Ángel Brandáriz, profesor de la Universidad de La Coruña y un Jaime Temes de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, se ha denunciado la existencia de controles de identidad y detenciones bajo criterios raciales en el Estado Español. Las Brigadas de Observación vecinal han denunciado que en el 42% de las ocasiones en que han realizado tareas de observación, las cuales se han realizado de manera aleatoria, han encontrado una redada racista. Asimismo, han explicado como han sido denunciados por la vía administrativa y por la penal debido a la labor de observación y denuncia que vienen realizando. José Peñín ha explicado que el 32% de los casos que han llegado al Servicio de Atención y Denuncia a víctimas de racismo han procedido de situaciones derivadas de maltrato institucional, realizadas por agentes de policía, en las que el factor racial ha tenido gran relevancia.

Las Jornadas han proseguido en la mañana del sábado con una Mesa redonda en la que se ha analizado los procesos de doble penalidad a los que se enfrentan las personas extranjeras que son condenadas por el sistema pena; así a partir de las 11,45 horas ha tenido lugar una mesa en la que se ha abordado la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Madrid, Barcelona y Valencia, en la cual se han visto las implicaciones que pueden tener en los mismos las propuestas de reglamentación que recientemente ha anunciado el Gobierno.

Las Jornadas han concluido con la celebración de una manifestación por el cierre de los Centros de Internamiento, que comenzaba a las 17hs en Plaza Universidad.

Más información:

Andrés García Berrio– Abogado y miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (Tfno. 638 336 383).
Cristina Fernández Bessa – Investigadora y Directora del Área de Migraciones del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (Tfno. 645 966 470).