Tal campaña está sustentada en la legislación de la dictadura y puesta
en acción desde tribunales y por las fuerzas de orden y seguridad. Así
ha sido desde décadas y hoy son los lamentables incendios forestales y
la dolorosa pérdida de vidas humanas, el mecanismo a través del cual
se focaliza la responsabilidad en los mapuche.

En lo referente a la Región de La Araucanía, donde habita un tercio
del pueblo mapuche en Chile, bastaría escuchar a la Confederación de
Trabajadores Forestales, Bomberos y algunos Alcaldes, para desestimar
las afirmaciones del empresariado forestal y de los funcionarios de
gobierno. Se trataría de quemas intencionales asociadas a la
preparación de suelos y la elaboración de carbón, que se habrían
descontrolado dadas las olas de altas temperaturas y los vientos en un
hábitat donde predominan las plantaciones de pinos y eucaliptos.
Siendo de muy difícil probatoria que correspondan a acciones
planificadas por grupos mapuche en contra de los empresarios
forestales.

La premura del Gobierno por calificar por anticipado a los mapuche de
delito terrorista, sigue una lógica de persecución del enemigo interno
insurgente, pretendiendo hacer uso de una legislación repudiable y
contradictoria con los acuerdos de respeto a los derechos humanos en
general y en particular de la condición de los mapuche como pueblo.
Asimismo este Gobierno da continuidad a la protección del empresariado
como un deber instalado en la sociedad chilena desde décadas, al
identificar las demandas territoriales, por autonomía política y
autodeterminación, levantadas por una diversidad de organizaciones del
pueblo mapuche, como una creciente amenaza al crecimiento productivo
empresarial y como un atentado a la unidad nacional de las y los
chilenos.

Propiciamos la necesaria puesta en discusión de los fundamentos de la
institucionalidad del Estado de Chile, mediante un proceso
participativo y vinculante en el cual podamos definir nuestras
normativas todas y todos los involucrados en esta sociedad, teniendo
como ejes fundamentales para una convivencia justa e igualitaria, el
reconocimiento y protección de la diversidad humana y ambiental.
Por lo tanto instamos al gobierno a deponer la imprudente actitud de
invocar la ley Antiterrorista para perseguir, hostigar y criminalizar
a priori a comunidades y organizaciones mapuches. Llamamos a hacer
respetar los derechos y garantías establecidos en el Convenio 169 de
la OIT suscrito por nuestro país.

**Directiva Colegio de Antropólogos de Chile.**

Presidente: Luis Campos

Vicepresidente: Miguel Chapanoff

Secretario: Roberto Morales

Directores: Leonardo Piña

Daniel Espinoza

Jorge Iván Vergara

Alejandra Cornejo

Guillermo Molina

Soledad Alarcón