Tanto el gobernante saliente, el socialdemócrata Álvaro Colom, como el presidente electo, el general derechista Otto Pérez, quien participó en la guerra civil y firmó con los militares los acuerdos de paz, reconocen que la nueva batalla que se libra es contra el crimen organizado, al cual responsabilizan del 42% de los delitos.

En Guatemala se cometen 18 asesinatos diarios, una de las tasas más altas del planeta, que equivale a 48 por cada 100.000 personas, seis veces más que la media mundial. Además los 6.000 crímenes anuales que se registran en la actualidad superan a los 5.500 producidos en los años del conflicto.

Un informe de las Naciones Unidas presentado en 1996 reveló que la guerra guatemalteca (1960-1996) dejó 200.000 muertos o desaparecidos, un 93% de los cuales son atribuidos a las fuerzas del Estado.

Otra secuela que persiste es la impunidad, ya la ONU estima que el 98% de los crímenes quedan sin sentencia.

Para Colom existen avances sociales después de la firma de la paz, pero estima que la lucha contra los carteles de drogas es desigual y pidió a los países consumidores incrementar la ayuda a Centroamérica, por donde transita el 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos.

Sin embargo, para el presidente de la filial de Transparencia Internacional en Guatemala, Manfredo Marroquín, el incremento de la violencia radica en que las causas que originaron la guerra como la pobreza y exclusión social se han incrementado debido al incumplimiento de los acuerdos de paz.

«En Guatemala lo que pasó es que se pasó de una guerra convencional a una no convencional donde ya hay abiertamente un estallido de violencia social generalizado, producto de que las causas estructurales que en un momento dieron origen al conflicto no solo no se resolvieron sino que se agudizaron», afirmó Marroquín a la AFP.

«Al final fue una firma de paz pírrica, porque fue realmente un tránsito de una guerra a otra guerra y eso solo significó un acuerdo para desmovilizar dos fuerzas (en conflicto), pero al mismo tiempo en los últimos años se han activado otro grupos más violentos», se lamentó.

Además, acusó al «liderazgo político porque jamás, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, han tenido la capacidad de refundar el Estado de Guatemala para atender de manera más efectiva esas causas que son las que generan todos los males que tenemos: violencia, pobreza, desnutrición, desempleo, desintegración social», agregó.

Datos de la ONU indican que el 53% de los 14 millones de guatemaltecos viven en la pobreza y que un 13% están sumidos en la extrema pobreza, mientras que el 49% de los niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica, el índice más alto de Latinoamérica y el quinto más elevado del mundo.

En tanto, la premio Nobel de la Paz 1992 y sobreviviente de la guerra, la indígena Rigoberta Menchú, considera que el incumplimiento de los acuerdos de paz de debe «a que tenemos un estado débil y una sociedad con sectores de poder profundamente conservadores».

«Es difícil a estas alturas y para tales fines salvar en su integridad los acuerdos» de paz, sentenció Menchú en una columna en un diario local.

«Luego de 15 años de la firma de la paz, lejos de resolver los problemas como la pobreza se han agudizado; la desnutrición ha aumentado», coincidió a su vez el ex comandante guerrillero y signatario de los acuerdos, Jorge Soto, alías Pablo Monsanto.

Asimismo, responsabilizó «al sector económico más poderoso del país, el cual se ha atrincherado en una posición de que el Estado debe de ser como un árbitro dentro de la sociedad, pero no como un actor, como está establecido en los acuerdos de paz».