**Por Pablo Gámez**

Las compañías de seguridad privadas y militares han logrado hacer de América Latina *“la Meca”* para encontrar *“mercenarios”* dispuestos a enrolarse en misiones en Afganistán, Iraq, Sudán, Congo y otras regiones en conflicto.

La situación ha llegado a tales dimensiones, que Gómez del Prado ha presentado ante Naciones Unidas una nueva legislación para frenar la contratación de esta *“mano de obra barata y sin escrúpulos”*. Pero la discusión de su propuesta se encuentra estancada por las posiciones encontradas con Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Según Gómez del Prado, una de las consecuencias más directas del 11-S y las intervenciones militares que tienen lugar en Afganistán e Iraq, es la *“privatización de la guerra”*. Es decir, compañías privadas de seguridad que venden sus servicios, valiéndose de la contratación barata de sus guardias, una gran mayoría proveniente de Perú, Colombia, Honduras, Chile y Brasil.

**Diez años después del 11-S, ¿la figura del mercenario se ha consolidado como parte de las lucrativas empresas militares y de seguridad que trabajan a escala mundial?**

Justamente con el miedo que despertaron los atentados terroristas, se consolidó toda una industria de seguridad. Y esa industria ha favorecido, sobre todo, a las empresas militares y de seguridad privadas. Estas han tomado la vacante de todo lo que hacían los mercenarios, pero de una manera *“legal”*. Es decir: se encuentran registradas legalmente, y obtienen contratos de los gobiernos, sobre todo con las guerras de Iraq y Afganistán han conseguido fabulosos contratos del Pentágono y el Departamento de Estado, además del Reino Unido.

**¿Además de Blackwater, qué otras compañías se han creado y consolidado en esta última década?**

Hay muchísimas. Y ante tantas surgió la Iniciativa Suiza, fomentando un código internacional de conducta. Existe mucha presión por parte de la opinión pública de que estas empresas no están regularizadas ni tampoco reglamentadas, entonces se quieren ellas mismas autoreglamentar y autoregular. Si va Vd. al portal de la iniciativa suiza verá que se abrió para la firma del código internacional de conducta. Hay más de 160 empresas de seguridad privadas, a nivel internacional, que han firmado el código para tener una buena imagen. Blackwater pasa a llamarse XE, y tiene XC, Triple Cannopy, DinCop, entre muchas otras.

**¿Algunas de estas empresas operan en América Latina?**

Hay dos o tres en el continente. Pero donde hay más, en estos momentos, es en Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica. Lo que me llama la atención es la presencia que tienen en países africanos, de Europa del Este y Rusia. Suiza y Francia no se están quedando atrás. Las empresas suizas están brindando sus servicios para combatir la piratería marítima. Hay una dimensión nueva. No hablamos solamente de la seguridad privada dentro de los países ni de la privatización de la guerra; hablamos de la piratería que tiene lugar en el Océano Índico.

**Si nos ubicamos diez años atrás, cuando Blackwater inicia operaciones en Afganistán e Iraq. Y decenas de latinoamericanos son contratados como mercenarios para desempeñar tareas de seguridad. Salvadoreños, chilenos, colombianos, hondureños… ¿Tiene una idea de cuántos latinoamericanos han podido ser contratados en la última década como mercenarios?**

Cuando estuvimos en Perú y empezamos a recoger información sobre los peruanos que podía haber en Iraq y Afganistán, la cifra llegaba a dos mil. Esto no incluye a los hondureños, colombianos, salvadoreños, brasileños y chilenos. No hay un control exacto. El Congreso de Estados Unidos formó un comité para investigar el asunto. Se publicaron informes muy duros, criticando a la administración norteamericana por permitir esta forma de trabajo. Pero tampoco ellos tienen las cifras precisas de todas las empresas que han contratado a latinoamericanos, asiáticos o africanos para labores de seguridad de alto riesgo. Tampoco existe registro de las enormes cantidades de dinero obtenido por estas empresas. Son miles de millones de dólares que han *“desaparecido”* en esos contratos privados.
Hay una especie de osmosis entre lo que son las funciones públicas y las funciones del sector privado. Funciones que eran monopolio del estado, como es el uso legítimo de la fuerza, se han pasado al sector privado. Por eso se está privatizando la guerra.

**¿Le parece que se ha hecho lo suficiente en materia de legislación para impedir la contratación de mercenarios?**

Es uno de los problemas mayores. Hay legislación internacional sobre los mercenarios, pero que no se puede aplicar a estas empresas militares de seguridad privada. Tenemos una definición de lo que es un mercenario que podría, a lo mejor, aplicarse a esta nueva forma de mercenarismo que está funcionando en Libia y en la Costa de Marfil. Es algo que no habíamos visto anteriormente, porque ahora un gobierno contrata a nacionales de otro país para defenderse. Es una nueva variante de mercenarismo. Las empresas militares y seguridad privada no operan bajo la definición que tenemos de mercenarios. Por lo tanto, la legislación internacional no es aplicable. Lo que hemos hecho es elaborar un nuevo instrumento internacional, sometido a Naciones Unidas. Lo están discutiendo pero hay un bloqueo enorme, muy fuerte, por los países donde radica esta nueva industria de la seguridad: Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

**¿La guerra contra el narcotráfico que se libra en México es el nuevo negocio de mercenarios y de empresas de seguridad?**

Tuvimos información sobre estas empresas militares y de seguridad privadas que estaban entrenando a policías en un departamento mexicano. Estos policías, entrenados por una compañía de las mencionadas, torturaban. La solicitud que remitimos al gobierno mexicano terminó en nada. Miembros del Congreso mexicano estaban muy inquietos porque la protección de pozos petroleros iba a caer en manos de empresas norteamericanas de seguridad, y no en el Ejército o en la policía mexicana. Lo que hemos visto es que en el nuevo Plan Mérida, copia del Plan Colombia, abre la posibilidad a de que operen las empresas de seguridad privada y militares, gozando de una inmunidad completa, con estatuto diplomático. Lo mismo vimos en Iraq y Afganistán.

**¿Hablaba de dos o tres empresas establecidas en América Latina, cuáles son?**

Las empresas que han estado contratando en Chile y Honduras era Triple Cannopy y Blackwater. Ellas subcontrataban. Obtenían el contrato del Pentágono o el Departamento de Estado, luego subcontrataban a otras empresas que subcontrataban a otras en América Latina para conseguir los mercenarios con destino a Iraq o Afganistán.

**¿Puede calificarse a América Latina como un territorio fértil en mercenarios?**

Lo es y continúa siéndolo. En junio pasado estuve en Bagdad. Fuimos a la Zona Verde, en la Embajada de Estados Unidos la seguridad la estaban brindando peruanos. Los vi de lejos y les noté el aspecto latinoamericano. Les hablé y descubrí que eran peruanos. A la entrada en la embajada, había también peruanos. Toda una novedad para abaratar costos de seguridad. Cada vez son más los guardias de seguridad privados contratados en América Latina para estas tareas. Es mano de obra barata, lo mismo que los africanos. En el aeropuerto de Iraq, por ejemplo, se encuentra con guardias ugandeses contratados por una empresa de seguridad británica.

**Concluyendo: ¿El 11-S y las intervenciones militares posteriores han permitido que la figura del mercenario haya sido reciclada y vuelta a poner de moda?**

Sí, es una buena conclusión.