Es claro que el sistema de educación universitaria privada se ha convertido en una verdadera industria, con altísimas utilidades y con una inversión de muy bajo riesgo ya que todo el aparataje institucional está concebido para proteger y resguardar ese negocio. Ocurre que la legislación vigente establece que las universidades privadas no pueden tener fines de lucro, lo que es burlado mediante una serie de resquicios como la creación de inmobiliarias de los mismos dueños que cobran millonarios arriendos que le permiten *“lavar el lucro”* y eludir la ley. El señor Lavín es uno de esos accionistas que burlando la ley ha tenido jugosas utilidades.

Pero la pregunta que surge inmediatamente es si acaso no estamos en presencia de un evidente conflicto de intereses. Ocurre que este accionista de una universidad privada está ahora a cargo de reformar el sistema universitario. Por de pronto se sabe que las universidades privadas han realizado un intenso lobby en el ministerio y por supuesto han sido recibidos muy amigablemente.

De hecho el Ministro en la misma entrevista y en otras declaraciones públicas ha afirmado muy campante que no ve problema en que el crédito con aval del Estado sea otorgado también a las universidades privadas, justificando eso en que todos los estudiantes deben ser apoyados, pero omitiendo que ello va en beneficio directo del negocio privado que podrá así captar mas *“clientes”*. Pero esa es sólo una de las medidas que hoy están incubándose en el Ministerio, ya que otro conjunto de *“perfeccionamientos”* al sistema son evidentes beneficios del negocio de estos consorcios privados, tal como lo han denunciado muchos rectores de universidades públicas, entre ellos el Rector de la Universidad de Chile. ¿no logra ver el Sr. Lavín el severo dilema ético que se produce al ser el accionista de una universidad privada al tiempo que prepara leyes y reformas al sistema donde tiene intereses financieros? ¿no se da cuenta o ha perdido todo pudor?

Nadie discute hoy que la educación chilena atraviesa una grave crisis. Muchos pensamos que esta crisis es la expresión de un modelo basado en las lógicas de mercado y que esa lógica ha fracasado rotundamente. Los ejemplos e indicadores que sustentan esta afirmación son muy contundentes y están sobre diagnosticados a través de diferentes estudios de organismos e investigadores de diferente signo, incluyendo instituciones pro-mercado como podría ser la OCDE que en reiterados informes ha señalado que el exceso de criterios de mercado es la causa fundamental de la crisis de la educación chilena. Pero ocurre que las actuales autoridades no solamente no corrigen ese errado rumbo de la educación chilena, sino que todo apunta hoy a su profundización. Así es, aunque parezca increíble las actuales políticas y proyectos educativos del Mineduc apuntan a perfeccionar las lógicas de mercado y a disminuir aún más las escuálidas funciones del Estado en materia educacional.

No debemos ser muy sagaces ni perspicaces para entender, que siendo el Ministro de Educación accionista de un importante negocio universitario privado al tiempo que encabeza el trabajo legislativo en materia educacional, se produce un conflicto severo de intereses que en cualquier sistema político medianamente decente no podría sostenerse. Pero en Chile se sostiene y no parece producir asombro ni en su jefe directo (Presidente de la República) ni en los otros miembros de esa suerte de casta que se ha consolidado en Chile y que se le conoce como Clase Política.