Más atrás se ubican el ex presidente Alejandro Toledo, la hija del ex mandatario Alberto Fujimori, Keiko Fujimori y el ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski. Luis Castañeda, ex alcalde de Lima, ostenta el quinto lugar en las preferencias.

Para que un candidato gane en la primera vuelta necesita obtener el 50% más uno de los votos, situación que difícilmente se presente este domingo. Si no hay un ganador, los dos más votados definirán la elección en una segunda vuelta, prevista para el 5 de junio.

El primer debate de los cinco principales candidatos confirmó a los sectores indígenas que no tienen ningún interés en resolver sus problemas.

Jaime Corisepa Neri, quien representa a 32 comunidades nativas de la región de Madre de Dios, señaló que: *“Ni el fujimorismo, ni el alanismo, ni los partidos tradicionales como Perú Posible, Solidaridad Nacional o Alianza para el Gran Cambio, significan el cambio”*.

De esta forma, el presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), formuló un llamado a los hermanos y hermanas indígenas a *“no creer en políticos tradicionales”* porque significan más de lo mismo, además que ningún candidato presentó una agenda clara para los pueblos indígenas de la Amazonía y los andes.

Por su parte, Alejandra Alayza, coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, señala que *“urge que el nuevo gobierno establezca cambios para regular y fiscalizar la explotación de los recursos naturales y la gran inversión. Hay graves impactos sociales, ambientales y económicos que demuestran que la política actual centrada en el extractivismo tiene que revisarse”*. Es que las concesiones mineras, ubicadas principalmente en comunidades campesinas, crecieron de 2,3 millones de hectáreas en 1991 a 19,8 millones en 2010 a la par que los conflictos.

Otro problema serio para los indígenas es que el 80% de los lotes de hidrocarburos están superpuestos sobre derechos de comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Otro líder campesino, Antonio Zambrano de Forum Solidaridad, explica que *“Hay un modus operandi desde el Ejecutivo que trasgrede la Constitución porque muchos de estos proyectos no califican para ser considerados de interés nacional y tampoco la excepcionalidad de emergencia“*.

Otra cosa que se reprocha a los gobiernos precedentes y se quiere prevenir es que contabilizan los costos ambientales en las ganancias económicas generadas por las industrias extractivas y los megaproyectos. César Gamboa de DAR señaló como ejemplo que el proyecto Inambari generará un canon hidroenergético anual de 59 millones de dólares pero el valor de los servicios y bienes ambientales que se perderá con el proyecto llegaría a los 90 millones de esa moneda, según el propio Ministerio del Ambiente.

Finalmente, Epifanio Baca de Propuesta Ciudadana opina que *“el próximo gobierno debería aplicar medidas tributarias para aumentar la participación del Estado en las rentas extraordinarias del sector minero para redistribuir de manera justa los beneficios con la población y replantearse la distribución del canon que se ha convertido en un generador de desigualdad entre las regiones porque hay algunas que se benefician más que otras”*.

Aún no se sabe qué actitud tomarán a la hora de acudir a las urnas pero dada la paridad entre los candidatos los indígenas podrían decidir una segunda vuelta.