*»Abajo el gobierno neoliberal»*, *»abajo la privatización de la universidad pública»*, clamaban cientos de jóvenes entre pitos, pantomimas y bailes.

*»Estamos aquí para defender el sistema educativo público estatal. La apertura a los privados suprime la libertad de cátedra y el derecho a la asociación sindical»*, dijo Miguel Angel Prado, dirigente de la federación distrital de trabajadores de la educación.

Los estudiantes rechazan un proyecto del gobierno de Santos para permitir la inversión privada en las universidades públicas. En Bogotá funciona ya un sistema de concesiones escolares, que ofrece a los privados el manejo de algunas escuelas públicas.

En total, fueron movilizados unos 35.000 agentes policiales para vigilar las manifestaciones en Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (sur) y otras ciudades de provincia.

Los sindicatos, que marcharon junto con los estudiantes, protestaron contra la flexibilidad laboral, que permite una serie de contratos provisionales de trabajo y de prestación de servicios, y contra el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

*»Nuestra posición es en contra de los tratados de libre comercio, porque involucra no solo el tema de los derechos laborales, sino también la soberanía alimentaria y la posibilidad de desarrollo»*, dijo Diógenes Orjuela, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las manifestaciones se producen el mismo día en que Santos se reúne con el presidente estadounidense Barack Obama en Washington paralanzar un plan de respeto a los derechos sindicales y laborales en Colombia que permita ratificar en el Congreso de Estados Unidos el TLC suscrito por los dos países en 2006.

Ese tratado ha enfrentado en estos años la oposición de la bancada demócrata, que cuestiona el respeto a esos derechos en Colombia.

Poco antes del encuentro de los dos gobernantes, el vicepresidente colombiano Angelino Garzón, un ex dirigente sindical, aseguró que su gobierno está comprometido a mejorar la situación laboral y de protección a los sindicalistas.

*»Más allá de que se aprueben o no tratados de libre comercio, la ruta no la vamos a cambiar. La decisión de fortalecer una política integral para la promoción y respeto de los derechos humanos está sustentada en que queremos consolidar a Colombia como un estado moderno»*, dijo Garzón.

Según la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, 26 sindicalistas y 11 educadores fueron asesinados en Colombia en 2010, aunque la CUT sostiene que la cifra real es de 51 de esos crímenes para el año pasado.

En Colombia, apenas unas 800.000 personas están afiliadas a sindicatos, y solamente unos 70.000 benefician de convenciones colectivas de trabajo, según la CUT.