El texto destaca la importancia de los resultados de la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010.

También expresa preocupación por la situación de desventaja extrema en que se encuentran los pueblos indígenas *»en toda una serie de indicadores sociales y económicos y los obstáculos que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos»*.

La Asamblea decidió ampliar el mandato del Fondo de contribuciones voluntarias de la ONU para esas comunidades con el objetivo de facilitar la participación de sus representantes en reuniones del Consejo de Derechos Humanos y otros foros.

Asimismo, llamó a los Estados que no lo han hecho a adherirse o ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo.

Igualmente, exhortó a respaldar acciones para enfrentar los problemas de los conglomerados indígenas en materia de cultura, educación, salud, derechos humanos, medio ambiente y desarrollo socioeconómico.

El texto adoptado fue impulsado por Bolivia con el apoyo de unos 40 países, entre ellos Argentina, Cuba, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Chile y Paraguay, por América Latina.