Luego de que los estudiantes del colegio Mariano Acosta tomaran el edificio el martes, los días siguientes otras instituciones se sumaron: el Manuel Belgrano, el Normal 6, la Confederación Suiza, Lengüitas y Cornelio Saavedra.

Las manifestaciones se basan en el reclamo por mayor presupuesto para infraestructura. Ésta sufrió el mayor deterioro en los últimos dos años, a lo que se suma la subejecución de las partidas presupuestarias que profundizan la situación.

Los estudiantes convocaron para hoy una marcha hacia el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y anunciaron más tomas de edificios para los próximos días.

Si bien algunos colegios no se encuentran afectados, como el Lengüitas, los jóvenes decidieron sumarse a la protesta para solidarizarse con sus compañeros. Por otra parte, muchos padres acompañaron a sus hijos en las manifestaciones.

Como respuesta a los reclamos legítimos, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad emitió un memorándum que propone a los directores “efectuar una denuncia ante la Policía Federal” por “la posible configuración de un delito por parte de los participantes”. La denuncia, sugiere el texto, debe ir acompañada de un acta donde conste el “listado lo más completo posible de alumnos/as que participen de la medida”. Por otra parte, acusa a los padres de incumplir con los deberes de la patria potestad.

El memorándum 921750, con fecha de ayer y firmado por el director general de Educación de Gestión Estatal, Roberto Angrisani, está dirigido a los directores y rectores de escuelas Media, Técnica, Artística, de Adultos y Formación Docente, y se titula “Procedimientos para las tomas de escuelas”.

Esta medida que recuerda prácticas propias de las dictaduras, es coherente con las políticas que viene aplicando el gobierno de Macri. Entre otras, se cuentan la creación de la Unión de Control del Espacio Público (UCEP), que fue eliminada tras ser denunciada por desalojos violentos, agresión a personas en situación de calle, violación de los derechos humanos; la creación de la Policía Metropolitana, proyecto privilegiado del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para la que designó como jefe a Jorge “Fino” Palacios, quién fue removido por el fuerte rechazo de la población debido a su participación en el encubrimiento del atentado de la AMIA. Palacios, actualmente, se encuentra procesado por esto mismo y por realizar escuchas ilegales utilizando el aparato estatal, causa que también involucra a Mauricio Macri, Osvaldo Chamorro, quien fue subjefe de Palacios, y al ex espía, Ciro James. Todos procesados en la causa.