Al conocerse el proyecto, y aparecer las primeras notas en los medios, rápidamente algunos vecinos se movilizaron para coordinar acciones. En pocos días quedó conformada una Asamblea Ambientalista con vecinos de la ciudad de Puerto San Martín y San Lorenzo.

El asunto cobró estado público y se aceleró la adhesión y participación de los vecinos cuando el portal www.nuevaregion.com decidió apoyar a la Asamblea publicando todas sus reuniones y planteos. El asunto también corrió rápidamente en las redes sociales como facebook.

A pocos días, apenas con dos reuniones y unos pocos pasos, ya los concejales de la ciudad aprobaron por unanimidad una ordenanza que suspende por cuatro meses cualquier proyecto nuevo relacionado a residuos peligrosos, con el compromiso de profundizar el análisis y muy probablemente elaborar nuevas normas que regulen la utilización del suelo.

El jueves 30 de junio, la Asamblea presentó la primera nota formal peticionando al intendente (alcalde) de la ciudad que impida la instalación de este y cualquier otro basurero de residuos peligrosos. La carta se acompañó con 500 firmas de vecinos, y se presentará también en las áreas de medio ambiente provinciales y nacional, ala vez que se promociona en los medios.

El objetivo de la Asamblea es que se prohíba (como ya se hizo en otras ciudades cercanas) la instalación de los llamados «rellenos de seguridad», un eufemismo para encubrir el sentido práctico de estos lugares: son excavaciones con algún recubrimiento y compartimientos donde se depositarán residuos industriales peligrosos, «los residuos de los residuos» después de pasar por algún proceso, o peor, sin ningún proceso.

También está la posibilidad de que la codicia de algunos empresarios los lleve a querer saltearse el paso del tratamiento y apuntar a enterrar directamente esos productos que contienen químicos corrosivos, metales pesados, venenos varios, y un largo etcétera.

Según los stándares internacionales, este tipo de rellenos industriales debe estar al menos a cuatro kilómetros de áreas urbanas, y preferentemente a cinco kilómetros de las napas de agua o tomas de agua potable (ríos o arroyos). La zona donde pretenden instalar este basurero peligroso está a menos de tres kilómetros del Río Paraná, sobre tierra húmeda plena de napas, y a escasos dos kilómetros de barrios poblados que siguen expandiéndose.

Y aún peor: la legislación provincial (estatal) no impediría recibir aquí los residuos peligrosos de cualquier punto del país, prácticamente sin control de lo que efectivamente se traiga en los transportes, que a su vez pasarían por áreas pobladas con sus cargamentos peligrosos.

Por el momento el sentido común y la movilización de los vecinos ganaron una batalla logrando la postergación de todo proyecto sobre residuos peligrosos. Pero la concientización continúa.

La prensa regional ya comenzó a dar señales de interés y prometen entrevistas, mientras se sigue recolectando firmas, se están distribuyendo 4000 hojas impresas explicativas, y ya comenzó la visita a escuelas que pidieron más información. Pronto comienzan las reuniones con más vecinos en barrios de la ciudad.