En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró: “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades de la mujer. Y agrega: “Se necesita una clara y exhaustiva definición de la violencia contra la mujer; una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas su formas y un compromiso de los Estados…y de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer”.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionaron la Ley Nº 26.485 el 11 de marzo de 2009, y fue promulgada de hecho el 1 de Abril de 2009. La misma debe garantizar y promover la eliminación de la violencia y la discriminación entre el hombre y la mujer.

En los últimos años, el aumento de la información y la difusión pública de tantos casos, ha permitido a las víctimas tomar conciencia de su situación, darse cuenta de que la violencia física o moral no es “normal”, ni habitual, y que toda persona tiene derecho al respeto de su propia dignidad y de su integridad física y moral. Y ello las ha conducido a percibir con claridad que su circunstancia es denunciable.

La violencia de género es todo acto de violencia que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo y que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico o emocional, ya sea en la vida pública o en la privada. La forma común de violencia que padecen las mujeres es la física infligida por una persona conocida.

Se eligió como fecha el 25 de noviembre en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, con el apoyo de UNICEF, PNUD y UNIFEM puso en marcha la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), una iniciativa que busca garantizar el acceso rápido a la justicia a las personas víctimas de cualquier tipo de maltrato en sus hogares. Para ello informa y orienta sobre los pasos judiciales a tomar ante cada caso particular, canaliza la denuncia, certifica el estado y las posibles lesiones y labra en el mismo momento las actas correspondientes.

Con esto se busca la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación sexual, social, institucional, laboral, educativa y política, ejercida contra las mujeres, cualquiera sea su orientación sexual.

Es un marco jurídico para desarrollar políticas públicas y de incorporación, desde la igualdad, de las mujeres para resolver los problemas estructurales de discriminación, pobreza, entre otros que culminan en el femicidio.