Quienes vivimos en las ciudades generalmente crecemos con una imagen casi cinematográfica de la guerra y de los conflictos bélicos. Tenemos la idea de que la guerra es el enfrentamiento directo entre ejércitos bien definidos, quienes combaten armados y uniformados en una determinada zona y donde generalmente hay alguien que gana y hay alguien que termina derrotado. Esto trasladado a la realidad colombiana, tiene marcadas diferencias: lo que vemos son estrategias macabras en contra de grandes comunidades civiles indefensas, desalojo programado, asesinatos selectivos contra hombres, abuelos, mujeres y niños; degradación del conflicto hasta niveles inimaginables, torturas, desapariciones, fumigaciones químicas sobre pueblos, cultivos y fuentes de agua, etc.

Todo esto como parte de una estrategia de terror que en una primera fase desplaza grandes conjuntos humanos de sus tierras y los envía en una ciudad extraña a la pobreza y el desarraigo. En una segunda fase las tierras invadidas son vendidas a muy bajos precios a testaferros de grupos armados. En una tercera fase estas mismas tierras entran a formar parte de extensísimos cultivos de palma africana y/o caucho propiedad de grandes multinacionales.

Es así como se vive un proceso criminal que se repite muchas veces en muchos sitios de Colombia. Un proceso que lejos de ser una historia, es algo presente y actual; algo que no se ve o que se ignora, algo que compromete a miles de personas, que en forma anónima sufren las atrocidades de nuestra guerra.

Hace varias décadas el país se desangra lentamente en una interminable guerra civil, que poco a poco va perdiendo sus dimensiones y se convierte en algo presente pero lejano para la mayoría de los que vemos los conflictos desde la televisión o los medios escritos. Cada vez más de desfigura la idea de un enfrentamiento directo entre bandos o ejércitos y se convierte en una mezcla de versiones, opiniones sobre lo que pasa, prejuicios y hasta negación del mismo conflicto.

Para muchas personas el conflicto actual, es un tema ya superado y hace falta solamente la perseverancia de la mano fuerte para derrotar algunos “bandoleros» que impiden que el país se desarrolle y crezca. La seguridad nacional es interpretada como el aumento del pie de fuerza militar en calles y carreteras, la seguridad privada, la posibilidad de visitar las fincas, el tranquilo usufructo de la renta, la inversión extranjera, la estabilidad del sistema financiero, etc. Estos indicadores, si bien son válidos para los interesados, están muy lejos de representar la verdadera seguridad de amplias comunidades campesinas que lejos de las ciudades, soportan el aislamiento, la desidia, la indiferencia y el horror actual de la guerra.
Este es el caso de la comunidad de Mapiripán Meta, municipio que ha soportado duramente en enfrentamiento militar, el dolor, el desplazamiento forzado, la tortura, la muerte y el olvido.

**Crónica de una masacre anunciada**

En Julio de 1997 un grupo de paramilitares de la región de turbo en el Urabá antioqueño (Colombia) se desplazaron en dos aviones partiendo de aeropuertos controlados por militares y llegando hasta la región del Guaviare, donde aterrizaron en el aeropuerto de la zona, con presencia en ese momento de el batallón Joaquín París y la Policía Antinarcóticos; atravesando casi medio país en una ruta de horror y muerte.
Allí se reunieron alrededor de 200 hombres que cambiaron sus ropas civiles por uniformes militares y con complicidad del ejército colombiano, la policía, asesores norteamericanos en la zona, algunos funcionarios y pobladores de la región; empezaron lo que se conocería con el nombre de la masacre de Mapiripán.
El día 13 de Julio el grupo de hombres que se identifica como Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá parten de San José del Guaviare hasta el Barrancón, base de la Brigada Móvil 2 del ejército, de 3 batallones contraguerrilla, un grupo de Marina y La Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército. Allí con la complacencia del ejercito inician el recorrido unos hombres por la vía terrestre (trocha ganadera) y otros por vía fluvial (río Guaviare) hasta el municipio de Mapiripán.

Durante 5 días ( julio 15 al 20 de 1997 ) los paramilitares estuvieron en el pueblo ejecutando la masacre pese a que el ejercito nacional, la cruz roja, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía estaban al tanto de lo que allí ocurría. Al Mayor encargado Hernán Orozco se lo puso al tanto de la situación por el Juez de Mapiripán Leonardo Iván Cortés Novoa, el primero informo a su superior General Jaime Humberto Uscátegui, recomendándole un operativo militar sorpresivo sobre los paramilitares para evitar asesinatos masivos en los próximos días, el general ordenó al Mayor eliminar el comunicado y cambiarlo y no mencionar nada relacionado sobre los paramilitares.

Éstos, lista en mano fueron buscando, capturando, torturando y descuartizando uno a uno a los pobladores que según sus informes de inteligencia eran colaboradores de la guerrilla. Colaboradores que en la mayoría de los casos aparecían en las listas por haber cocinado, atendido médicamente, alojado en sus fincas o tenido contacto ocasional con frentes guerrilleros que allí operaban. Todo lo anterior hecho por los pobladores sin tener una segunda opción, ya que de lo contrario eran blanco de la guerrilla por negarse a colaborar con la causa. Así fueron masacrados de forma cruenta un grupo todavía indeterminado de pobladores y desplazados otro tanto a las ciudades de San José de Guaviare, Villavicencio y Bogotá, entre otras.

Por los anteriores hechos en octubre de 1999 el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentan una demanda contra el estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La corte considera culpable al estado colombiano por acción y omisión de miembros del Ejército Nacional. (Informe de Admisibilidad del Caso 12.250 aprobado por la CIDH el 22 de febrero de 2001) La corte al considerar que el Estado Colombiano violó los derechos a la libertad personal, la integridad personal y a la vida, igualmente los derechos a los niños, y asimismo al no dar ningún tipo de apoyo a los familiares de las víctimas violo los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en dicho convenio. Y dio las recomendaciones y ordenó el esclarecimiento de la verdad y reparación de las víctimas por el Estado. (Sentencia de la Corte IDDHH sobre el caso de la masacre de Mapiripán).

**Caravana de la memoria por la vida y la paz**

La caravana se realiza el mes de Julio de 2009 con el acompañamiento del plan para el desarrollo y la Oficina de Derechos Humanos las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA , el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Observatorio Internacional de Paz, Brigadas Internacionales de Paz, la Red Europea de Hermandad con Colombia, el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo «, el arzobispo de Villavicencio, el arzobispo de Granada Meta, la Comunidad Claretiana, la fundación Manos Limpias, medios de comunicación nacionales, la Agencia de Prensa Pressenza y otras 54 organizaciones, colectivos y agrupaciones.

Conmemorando los doce años de la masacre en Mapiripán, la caravana se desplazó desde Bogotá y San José de Guaviare, luego por vía fluvial hasta el municipio de Mapiripán. En ella iban victimas desplazadas desde los años 1997 y 2002 que retornaban a sus tierras en un acto simbólico de retoma civil, pacifica y no violenta de los territorios que alguna vez habitaron. Como parte de la caravana se realizaron marchas de protesta en contra de los crímenes de estado en San José y Mapiripán, donde a su vez se realizaron actos de recordación de las víctimas y la exigencia de procesos de reparación para ellos y sus familias.
En el trayecto los antiguos pobladores del Municipio de Mapiripán y de la contigua inspección de Charras contaban con dolorosas narraciones como fueron testigos de la Masacre de Mapiripán y de las consecutivas masacres y enfrentamientos que se sucedieron después del año 97.

Es casi imposible de asimilar que necesita una sociedad para llegar a niveles tan extremos de horror y crueldad, cuando no solo es suficiente asesinar civiles sino además desmembrarlos, torturarlos, quemarlos vivos, una serie de hechos inenarrables que indican una degradación sin limites del conflicto y un grave síntoma de hasta donde se ha llegado.

Todo esto contrasta con la forma humilde y resignada de cómo los campesinos soportan ese flagelo interminable de la guerra y cómo, de una forma de resistencia no violenta intentan apropiarse nuevamente de sus tierras, de sus vidas, de sus recuerdos. Un intento vital por hacer memoria y no olvidar lo que ha pasado y de proyectar acciones concretas para no repetir hechos como este.

Es por eso que ahora es válido y urgente decir: que no se olvide… ¡que no se repita! Esto no es un espectáculo: estamos denunciando crímenes de estado, estamos exigiendo reparación integral a las víctimas, sus familiares y en general a toda la sociedad colombiana, que en su conjunto tendrá que replantearse la manera en que proyecta su desarrollo y su historia de forma incluyente y no violenta.