El pasado día 2 de julio se sancionó la ley que permite regularizar la situación de cerca de 50.000 extranjeros en el país. En la solemnidad en que se anunció la medida, en el Ministerio de Justicia, el presidente Lula criticó la política migratoria «injusta» de los países ricos. «No queremos ningún privilegio para ningún brasileño en ninguna parte del mundo. Tan solo queremos que se trate a los brasileños en el exterior como aquí en Brasil tratamos a los extranjeros», afirmó.
Lula dirigió duras críticas «a la política de discriminación y prejuicio de los países ricos hacia los extranjeros. La represión y la intolerancia contra los inmigrantes no va a resolver los problemas causados por la crisis económica mundial», expresó el presidente, recordando su condición de emigrante desde el nordeste del país, que tuvo que emigrar a São Paulo en busca de trabajo.

Prehistoria de la democracia en Europa

El ministro de Justicia, Tarso Genro, criticó también a los países que, en su opinión, criminalizan la simple presencia del inmigrante en sus territorios. *«En ciertos países europeos nos encontramos en la prehistoria de la democracia»*, afirmó el ministro. La nueva legislación beneficia a los inmigrantes que entraron clandestinamente en Brasil y a aquellos cuyo permiso de residencia ha vencido, además de los extranjeros que no han obtenido todavía la condición de residente permanente en el país.
En virtud de la nueva ley, los extranjeros tendrán los mismos derechos y deberes que los brasileños, excepto la posibilidad de presentar su candidatura a un cargo político; tendrán acceso a la salud y a la educación, y podrán buscar trabajo remunerado, sin ninguna restricción. Además, el presidente suscribió un mensaje aconsejando al Congreso acerca del proyecto que modifica la ley de extranjería, de 1980, para suprimir de ella el carácter represor e incluir conceptos humanitarios recomendados por las Naciones Unidas. *«Trabajo y dignidad para el emigrante es la respuesta que da Brasil a la intolerancia de los países ricos»*, afirmó Lula, quien solicitó al ministro de Justicia, Tarso Genro, un resumen de las medidas adoptadas por Brasil en favor de los inmigrantes para llevarlo al encuentro del G-8, la próxima semana, en Italia. *«Voy a mostrar a los líderes de las grandes economías la oposición de Brasil a la política de los ricos con los inmigrantes»*.
Se da la coincidencia de que el encuentro tendrá lugar en uno de los países que ha adoptado una de las políticas más restrictivas para los inmigrantes, pues en Italia el Gobierno de Berlusconi ha aprobado una legislación que llega a proponer la formación de comités civiles para denunciar inmigrantes.