El ex dictador deberá enfrentar nuevos juicios por corrupción y por la muerte de manifestantes. Además, piden que se investiguen un millar de casos de torturas.

Dos años después de ser depuesto por una insurrección popular, y mientras en el país arde una feroz crisis política, el ex dictador egipcio Hosni Mubarak salió hoy de prisión para permanecer en arresto domiciliario a la espera de sus procesos por abuso de poder y la matanza de más de 800 manifestantes en 2011.

Mubarak, de 85 años, quien dirigió con mano dura los destinos del país árabe durante tres décadas, fue trasladado en un helicóptero médico desde la prisión de Tora hacia el hospital militar de Maadi donde permanecerá por ahora, informaron fuentes de seguridad egipcia citadas por la agencia de noticias EFE.

El responsable del Departamento de Prisiones del Ministerio del Interior, Mustafa Baz, señaló a la agencia oficial egipcia Mena que Mubarak quedará ingresado en el hospital militar de Maadi, en el sur de El Cairo, «a petición propia».

Un tribunal penal del norte de El Cairo ordenó ayer la puesta en libertad provisional del ex dictador, atendiendo a los reclamos de sus abogados defensores en relación a que ya había superado el plazo máximo para seguir en prisión preventiva.

El 25 de agosto próximo, el ex hombre fuerte de Egipcio deberá regresar ante el magistrado para la primera audiencia de la repetición del juicio en el que el año pasado fue declarado culpable por no evitar la matanza de más de 800 personas en las protestas de 2011 que acabaron con su régimen.

Dicho proceso deberá repetise tras un fallo de enero pasado de la Corte de Casación egipicia que aceptó una apelación presentada por los defensores.

El primer ministro egipcio, Hazem al Beblawi, en su calidad de vicegobernador militar, había emitió anoche un decreto para poner a Mubarak bajo arresto domiciliario «en el marco del estado de emergencia» que rige en el país a raíz de la última ola de violencia.

Torturas

Coincidiendo con el traslado de Mubarak, la Organización Egipcia de Derechos Humanos (OEDH) presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra el ex dictador egipcio para que se investiguen los casos de tortura perpetrados durante su régimen (1981-2011).

El director Ejecutivo del grupo, Tarek Zaglul, señaló que la OEDH presentó la denuncia ante el «descontento» de las personas que sufrieron torturas en la época de Mubarak.

El representante de la organización recordó que existen casi un millar de denuncias de torturas cometidas durante el mandato del ex hombre fuerte egipcio.

En las pasadas semanas, luego que los juzgados pertinentes decidieran que Mubarak ya agotó el tiempo máximo de detención preventiva y que debe quedar en libertad condicional, la fiscalía decidió no apelar esta última decisión.

Tensión en alza

El arresto domicilario de Mubarak se produce en momentos en que Egipto transita una profunda crisis política desatada luego del derrocamiento del islamista Mohamed Mursi -el 3 de julio pasado y tras multitudinarias manifestaciones opositoras-, en un golpe de estado que gatilló protestas islamistas y más de mil muertos sólo la semana pasada.

En ese marco, los arrestos de líderes y militantes de la Hermandad Musulmana, ilegalizada durante el gobierno de Mubarak y luego instituida en el partido electoral que llevó a Mursi al poder, elevan las tensiones en el país árabe, por ahora muy lejos de la paz.

En la prisión de Tora está también el líder supremo de la hermandad, Mohamed Badie, quien el 25 de agosto comparecerá ante la justicia, acusado por la fiscalía de «incitar a la violencia» en las jornadas previas y posteriores al golpe de Estado.

La tensión continua después de la última ola de violencia desatada la semana pasada por el desalojo a sangre y fuego de los campamentos que los seguidores de Mursi mantenían en El Cairo.

Se espera otra gran manifestación para mañana luego de que La Hermandad Musulmana -agrupación a la que perteneció Mursi hasta acceder al poder- y grupos afines convocaran a salir a las calles para repudiar el golpe de Estado cívico militar del pasado 3 de julio y la muerte de 811 manifestantes.