por Alejandro Mora Donoso
Hay guerras que comienzan con balas, y otras que se incuban en silencio, en la profundidad de la tierra, en el curso invisible de los ríos o en la lenta retirada de los glaciares. El siglo XXI, que muchos imaginaron dominado por la tecnología o la inteligencia artificial, comienza a mostrar una grieta más estructural en la disputa por el agua.
Mientras el mundo debate sobre energía, guerras y crecimiento económico pasándose por alto los cadáveres que ese camino conduce, el agua, ese elemento básico, cotidiano, aparentemente inagotable, se convierte progresivamente en el eje de tensión más decisivo del nuevo orden global. Y no porque esté desapareciendo en términos absolutos, sino porque su distribución, control y acceso están siendo reorganizados bajo lógicas de poder.
Chile y Argentina son un caso paradigmático de esta contradicción.
Ambos países se encuentran entre las mayores reservas de agua dulce del planeta. Chile alberga cerca del 80% de los glaciares de Sudamérica, verdaderas torres de agua que alimentan ecosistemas completos. Argentina, por su parte, se ubica entre los primeros países del mundo en disponibilidad de agua dulce per cápita. No hay aquí escasez estructural. Hay, en cambio, una profunda asimetría en cómo ese recurso se distribuye, se gestiona y, sobre todo, se apropia: en tiempos de barbarie hay que nombrar las cosas por su nombre.
La pregunta ya no es cuánta agua existe. La pregunta es quién la controla y asumir que el agua ya está en la línea geopolítica del país.
En Chile, el agua fue convertida en un bien transable, fragmentado en derechos que pueden comprarse, venderse o acumularse. El resultado es conocido, territorios completos enfrentan escasez mientras grandes actores económicos concentran el acceso al recurso. No es una crisis natural, es una construcción política.
En Argentina, el escenario parece distinto, pero no necesariamente más justo. La abundancia convive con la desigualdad territorial. Regiones enteras carecen de acceso seguro al agua potable, mientras otras concentran enormes reservas superficiales y subterráneas. La tensión no está en la disponibilidad, sino en la infraestructura, la planificación y la protección frente a intereses extractivos.
Lo que une a ambos países no es solo la cordillera que comparten, sino una realidad más profunda, el agua como frontera estratégica.
Las cuencas compartidas entre Chile y Argentina son uno de los espacios más sensibles del futuro inmediato. En ellas no solo fluye agua, sino también soberanía, desarrollo y conflicto potencial. En un contexto global marcado por el cambio climático, la reducción de precipitaciones y el retroceso acelerado de glaciares, estos territorios se transforman en piezas clave de un tablero geopolítico que recién comienza a configurarse.
Porque mientras en el sur del mundo aún discutimos si el agua es un derecho o un bien económico, en otras regiones ya se vive como un factor de seguridad nacional.
El siglo XXI no será únicamente el siglo del petróleo tardío o del litio estratégico. Será, sobre todo, el siglo del agua.
Y en ese escenario, las tensiones no necesariamente adoptarán la forma clásica de conflictos armados. Serán disputas por cuencas, por infraestructura, por tratados internacionales, por control de nacientes y glaciares. Serán conflictos silenciosos, pero profundamente estructurales.
Nuestro país y, sobre todo, la derecha ya tiene en la mira la conexión por tierra de la zona Austral, para ejercer soberanía económica y territorial relativa.
Entonces la historia ofrece señales claras. Cada vez que un recurso vital se concentra, se mercantiliza o se convierte en instrumento de poder, las tensiones escalan. El agua cumple hoy todas esas condiciones.
Chile, en particular, enfrenta una encrucijada histórica. Continuar bajo un modelo que fragmenta el acceso al agua o avanzar hacia una concepción que la reconozca como un bien común estratégico no es solo una decisión interna. Es una definición que marcará su posición en el escenario internacional.
Porque un país que no controla su agua, difícilmente controla su futuro.
Argentina, por su parte, deberá decidir si protege su riqueza hídrica como patrimonio colectivo o si permite que la lógica extractiva avance sobre glaciares, humedales y acuíferos. La abundancia sin regulación es, en términos políticos, una forma diferida de escasez.
El punto es claro, la crisis del agua no es una crisis de naturaleza. Es una crisis de gobernanza.
Y en esa crisis se juega algo más profundo que la administración de un recurso. Se juega la forma en que las sociedades entienden la vida, el territorio y la dignidad.
La sed no es solo falta de agua. Es el síntoma de un modelo que ha perdido el equilibrio entre lo común y lo privado, entre lo humano y lo económico.
Por eso, cuando hablamos del futuro, no deberíamos preguntarnos únicamente cuánto crecerán nuestras economías o qué tecnologías dominarán el mundo. Deberíamos preguntarnos quién tendrá acceso al agua, bajo qué condiciones y a qué costo.
Porque en esa respuesta se definirá el próximo gran conflicto global.
Y quizás, también, la posibilidad de evitarlo.
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Alejandro Mora Donoso, columnista y comunicador
Mi trabajo examina las relaciones entre poder, soberanía y democracia en Chile y América Latina. Abordo críticamente las estructuras oligárquicas y el uso del lenguaje como herramienta de dominación. He escrito sobre temas de política internacional, entre ellos la situación de Palestina.
