La Audiencia Nacional ve indicios delictivos de Netanyahu, pero el mismo juez que ya archivó una querella similar consulta ahora a la Fiscalía si puede investigarle. El precedente de la flotilla ‘Mavi Marmara’ (”Ataque a ‘la Flotilla de la Libertad’ de Gaza de 2010”) anticipa un nuevo muro jurisdiccional.
El Juzgado Central de Instrucción nº6 de La audiencia Nacional, ha dado el primer paso: aprecia indicios de delito y acuerda diligencias previas
Aunque medios como RTVE y muchos otros, han titulado estos días «La Audiencia Nacional abre diligencias contra Netanyahu por la retención ilegal de un soldado español de la FINUL», la realidad procesal es mucho más modesta y, sobre todo, condicional.
A los pocos días, se supo que el juez Antonio Piña, del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha dado el primer paso: aprecia indicios de delito y acuerda diligencias previas. Pero, acto seguido, ha preguntado a la Fiscalía si la Audiencia Nacional es competente para investigar a un jefe de Estado en activo. Sin un «sí» de la Fiscalía, la causa difícilmente prosperará en el marco jurídico actual
Ahí está el problema. Porque el propio juez Piña ya resolvió en octubre de 2025 —apenas seis meses antes de los hechos del Líbano— archivar otra querella contra Netanyahu. Aquella vez fue por el asalto a la flotilla ‘Mavi Marmara’ que se dirigía a Gaza. El magistrado inadmitió la querella al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción conforme a la Ley Orgánica 1/2014, que restringió drásticamente el principio de jurisdicción universal. En su auto de entonces, Piña señaló que la competencia correspondía a la Corte Penal Internacional (CPI), que ya había dictado órdenes de arresto contra Netanyahu en noviembre de 2024.
¿Qué ha cambiado ahora? Muy poco. La denuncia por la retención del soldado español se basa en el principio de personalidad pasiva (la víctima es española), un argumento que no operaba en el caso de la flotilla. Pero el juez ya advirtió en su auto de 2025 que, para asumir competencia, sería necesario que el investigado se encontrara en España o que su extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Nada de eso ocurre con Netanyahu. Por tanto, el pronóstico no es optimista.
El incidente que origina la causa: un ‘casco azul’ español retenido en Líbano
Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2026 en la demarcación de Taybeh (sur de Líbano). Un convoy logístico de la FINUL, con tres vehículos perfectamente identificados con distintivos de la ONU, fue interceptado «de forma deliberada y hostil» por el Ejército israelí. El vehículo cabecero fue asaltado y un sargento español fue «extraído por la fuerza y con extrema violencia», retenido durante aproximadamente una hora y sometido a un «trato degradante». Finalmente fue liberado tras gestiones diplomáticas. La FINUL calificó el incidente como violación del derecho internacional y de la resolución 1702 del Consejo de Seguridad.
La denuncia fue presentada por Iustitia Europa, una formación política presidida por el abogado Luis María Pardo, que actúa como acusación particular. Los delitos imputados son crímenes contra las personas y bienes protegidos en conflicto armado, detención ilegal y coacciones. La querella se dirige contra Benjamin Netanyahu, el jefe del Estado Mayor Herzi Halevi, el comandante del Mando Norte y otros militares aún por identificar.
Iustitia Europa defiende la competencia de la Audiencia Nacional en dos argumentos:
- Principio de personalidad pasiva (la víctima es española).
- Principio de jurisdicción universal para crímenes de guerra.
Pero el juez Piña, fiel a su criterio restrictivo, ha querido oír antes a la Fiscalía; y la Fiscalía ya se pronunció en contra de la competencia en el caso de la flotilla.
El precedente que lo cambia todo: el archivo de la querella por la flotilla de Gaza
El 22 de octubre de 2025, el mismo magistrado inadmitió la querella presentada por el activista español Sergio Toribio y el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe contra Netanyahu, su ministro de Defensa Israel Katz, y altos mandos de la Armada israelí por el abordaje violento de la embarcación ‘Madleen’ en aguas internacionales, cuando se dirigía a romper el bloqueo de Gaza. En aquel barco viajaban también Greta Thunberg y la eurodiputada Rima Hassan.
El juez argumentó entonces que «el contenido de la querella impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española al no concurrir los presupuestos del artículo 23.4 a) y b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial». Esos presupuestos exigen que el investigado se encuentre en España o que su extradición haya sido denegada. Y añadió: «debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo, a la Corte Penal Internacional».
Ese mismo razonamiento puede aplicarse ahora. La CPI ya tiene abierta una investigación contra Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Y aunque el incidente del Líbano es distinto (afecta a un militar español en misión de paz), la cuestión de fondo es la misma: la justicia española se considera incompetente para juzgar a un jefe de Estado en activo si no está en territorio español.
Reacciones: euforia contenida y realismo
Iustitia Europa ha calificado la apertura de diligencias como un «hecho histórico, sin precedentes». Pero fuentes jurídicas consultadas por este medio recuerdan que abrir diligencias no es sinónimo de admisión a trámite de la querella ni mucho menos de procesamiento. El juez solo ha cumplido con el trámite preceptivo de comprobar si hay indicios. La decisión de fondo —la competencia— sigue pendiente.
El contexto diplomático, además, es explosivo. Netanyahu ya ha acusado a España de librar una «guerra diplomática» y ha expulsado a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar en Kiryat Gat. Cualquier avance judicial contra él sería interpretado como un acto hostil, algo que el gobierno español —que ya ha solicitado a la UE la suspensión del acuerdo de asociación con Israel— no parece dispuesto a forzar por la vía judicial.
La conclusión: la justicia universal española al menos se activa, … otra vez será
El juez Antonio Piña ha visto indicios de delito en la retención del soldado español. Pero ver indicios no es suficiente. La ley de jurisdicción universal, tras su reforma de 2014, es un corsé que apenas permite actuar si el presunto criminal no pisa suelo español. Y Netanyahu no va a pisarlo.
Todo apunta a que la Fiscalía informará en contra de la competencia, como hizo en 2025. Y el juez, coherente con su criterio, archivará la causa remitiendo a la CPI. Netanyahu se salva otra vez, no por la falta de pruebas o de delito, sino por un muro jurisdiccional que la propia justicia española ha levantado.
La noticia, en el fondo, no es que la Audiencia Nacional abra diligencias. Es que lo es que muy probablemente las tendrá que cerrar.
Fuentes:
- Iustel; “La AN rechaza la querella contra Netanyahu por el asalto a la flotilla que se dirigía a Gaza«
- RTVE; “La Audiencia Nacional abre diligencias contra Netanyahu por la retención ilegal de un soldado español de la FINUL”
- Infobae; “La Justicia española abre diligencias contra Netanyahu y la cúpula militar israelí por la agresión de un ‘casco azul’ español en Israel”
- El Independiente; “La Audiencia Nacional aprecia indicios de delito en la retención de un soldado español por parte de Netanyahu”
- Vox Populi; “La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Netanyahu por el incidente con un soldado español en el Líbano”
- es; “El partido Iustitia Europa denuncia a Netanyahu ante la Audiencia Nacional por la detención del militar español en Líbano”
- Amnistía Internacional; “La jurisdicción universal: Preguntas y respuestas”
