Por David Fonseca
Miles de migrantes latinoamericanos han gastado años reuniendo dólares con la esperanza de comprar un futuro. La promesa era simple: una tasa, un trámite, una visa. Pero la realidad, desvelada por una contundente investigación del Instituto Cato, es que el gobierno de Estados Unidos ha convertido la burocracia en una estafa patrocinada por el Estado.
El informe, elaborado por David J. Bier, no anda con rodeos: califica la situación de “fraude masivo”. Hay más de 1,2 millones de solicitudes migratorias congeladas en un limbo administrativo, la mayoría de cubanos (935.000), venezolanos (239.000) y haitianos (81.000). El costo no es solo emocional; es financiero. Se estima que Washington ha embolsado cerca de mil millones de dólares en tarifas por servicios que, deliberadamente, nunca presta.
El mecanismo es perverso en su simplicidad: el Estado acepta el dinero, pero no procesa la solicitud, no la resuelve y ni siquiera la deniega. “El Gobierno está cobrando tarifas a inmigrantes y patrocinadores por servicios que no tiene previsto prestar. Se quedó con su dinero y ahora ni siquiera tramita sus solicitudes”, sentencia Bier. Autorizaciones de trabajo, residencias, asilos y naturalizaciones se acumulan en cajones oscuros mientras las arcas públicas se llenan con el dinero de la desesperación.
Pero esto no es un fallo del sistema; es su diseño. La trampa se sustenta en una arquitectura legal de tres pilares diseñada para estrangular la inmigración legal sin decirlo abiertamente.
Primero, una proclamación presidencial que bloquea la entrada a ciudadanos de 40 países, cerrando incluso la vía familiar y convirtiendo a naciones como Cuba, Venezuela o Haití en una lista negra donde uno de cada cinco inmigrantes legales es rechazado de antemano. Segundo, memorandos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que no solo congelan nuevos casos, sino que amenazan con revocar permisos ya aprobados. Tercero, la suspensión indefinida de visas para 75 países bajo el pretexto de la «carga pública».
Para rematar la jugada, el Departamento de Estado ha instruido a sus funcionarios para que no informen a los solicitantes sobre estas prohibiciones. Así, se mantiene viva la ficción de un proceso en curso, prolongando el recaudo de tasas por un viaje que el gobierno sabe que nunca ocurrirá.
Al final, la “tierra de las oportunidades” cobra entrada a un espectáculo que no existe.
Mientras Washington se vende al mundo como el faro de la legalidad, opera en las sombras un esquema donde la esperanza del migrante es solo otra mercancía cobrada y no entregada.
