En el país más poblado de África, aldeas arrasadas, cuerpos calcinados y desplazamientos masivos revelan una crisis que no puede explicarse solo por fanatismo religioso o criminalidad local. En una nación rica en petróleo y estratégica para el mercado energético global, la violencia extrema convive con intereses geopolíticos, militarización externa y un modelo económico que ha dejado al Estado sin herramientas para proteger a su propia población.

En el estado de Benue, en Plateau, en Borno, en Zamfara, los relatos se repiten con variaciones mínimas: hombres armados irrumpen de noche, disparan a quemarropa, incendian viviendas de barro y zinc, asesinan a quienes intentan huir y secuestran a jóvenes. Los sobrevivientes describen el olor de la madera ardiendo mezclado con carne quemada. Niños escondidos bajo camas escuchan cómo matan a sus padres. Mujeres corren hacia el monte con bebés en brazos mientras detrás quedan cadáveres alineados en patios de tierra.

No son episodios aislados. Son masacres recurrentes. Y ocurren en un país que produce petróleo en cantidades suficientes para ser actor clave en el mercado energético mundial.

Un Estado rico en recursos, pobre en protección

Nigeria es uno de los mayores productores de crudo de África. Desde el Delta del Níger hasta los corredores de exportación del Golfo de Guinea, el petróleo ha sido la columna vertebral de su economía. Pero la renta petrolera no construyó un Estado protector. Construyó una economía dependiente, una élite rentista y territorios desiguales.

Mientras en el sur se extrae crudo para abastecer mercados internacionales, en el norte comunidades rurales carecen de infraestructura básica, servicios de salud adecuados y seguridad efectiva. La riqueza energética no se tradujo en cohesión territorial.

El resultado es un Estado con ingresos estratégicos pero con capacidad limitada para garantizar seguridad cotidiana.

Las masacres: más que terrorismo

Boko Haram y su escisión ISWAP han protagonizado durante años una insurgencia brutal en el noreste. Atentados suicidas, secuestros masivos, ataques a aldeas. Pero la violencia actual no se reduce a jihadismo ideológico.

Bandas armadas, milicias locales, conflictos entre pastores y agricultores, redes criminales que secuestran para obtener rescates, todos operan en un mosaico de violencia que se superpone. Las víctimas no pertenecen a una sola religión. Mueren musulmanes y cristianos. Mueren campesinos sin afiliación política. Mueren niños.

En muchas aldeas, los atacantes permanecen durante horas. No llegan fuerzas de seguridad. Cuando llegan, lo hacen tarde, para contar cuerpos.

La pregunta no es solo quién dispara. Es por qué el Estado no protege.

Petróleo, extractivismo y abandono estructural

El modelo económico nigeriano está atado al crudo. La dependencia de exportaciones primarias hizo vulnerable al país a fluctuaciones internacionales. Décadas de programas de ajuste estructural promovidos por instituciones financieras internacionales redujeron gasto público y limitaron inversión social.

Se liberalizaron mercados, se redujeron subsidios, se privatizaron sectores estratégicos. En el papel, se buscaba eficiencia. En la práctica, muchas regiones quedaron con menos servicios y menor presencia estatal.

Desde una perspectiva crítica, el resultado fue un Estado fiscalmente restringido, con menos capacidad para invertir en educación, empleo juvenil y desarrollo rural. En regiones donde el desempleo y la marginalidad eran ya explosivos, la ausencia de oportunidades alimentó reclutamiento armado.

No es una teoría abstracta. Es una cadena causal visible: menos Estado social, más espacio para actores armados.

Militarización externa y guerra útil

Desde que Boko Haram fue integrado en la narrativa global de la “guerra contra el terrorismo”, Nigeria se convirtió en socio estratégico de potencias occidentales. Estados Unidos, Reino Unido y Francia ofrecieron entrenamiento, inteligencia y equipamiento.

El discurso oficial habla de cooperación en seguridad. Pero el patrón es conocido: priorizar la dimensión militar sobre la reconstrucción social.

Armar, entrenar, coordinar operaciones. Sin reconstruir escuelas destruidas. Sin reformar la estructura agraria. Sin garantizar empleo juvenil.

La violencia se convierte en escenario útil para justificar presencia militar, acuerdos estratégicos y consolidación de alianzas energéticas.

No es seguridad. Es consolidar un bloque armado que garantice estabilidad funcional para intereses geopolíticos, aunque la estabilidad cotidiana de los campesinos no llegue nunca.

La inestabilidad del Sahel como laboratorio

Nigeria no está aislada. El colapso parcial de Estados vecinos en el Sahel, las intervenciones francesas en Malí, la competencia entre potencias por influencia regional y la circulación de armas tras la guerra en Libia crearon corredores transfronterizos inestables.

La militarización regional no erradicó la violencia. La desplazó, la fragmentó y la sofisticó.

Las armas circulan con más facilidad que el agua potable en muchas aldeas.

Costo humano: la estadística es un insulto

Hablar de miles de muertos reduce el horror a cifras. La violencia se experimenta en escenas concretas: madres identificando cuerpos mutilados, comunidades enterrando decenas en fosas improvisadas, niños que dejan de hablar tras presenciar ejecuciones.

Más de dos millones de personas han sido desplazadas internamente en distintos periodos del conflicto. Campamentos saturados, enfermedades, desnutrición, escuelas improvisadas.

El petróleo sigue fluyendo. Los barcos cargan crudo. Los mercados internacionales reciben suministro estable.

En las aldeas, lo que fluye es sangre.

Responsabilidad interna y externa

Ser crítico no implica absolver a las élites nigerianas. La corrupción sistémica, la captura del Estado por intereses locales y la mala gestión de la renta petrolera son factores determinantes.

Pero tampoco puede ignorarse que el modelo extractivo fue históricamente moldeado por corporaciones internacionales y acuerdos asimétricos. Que la militarización recibió impulso externo. Que las prioridades estratégicas globales rara vez colocaron en el centro la dignidad de los campesinos de Benue o Borno.

La violencia no fue diseñada en un laboratorio extranjero. Pero el ecosistema que la permite fue nutrido por decisiones globales.

Un país útil mientras sangra

Nigeria es útil como proveedor energético. Útil como socio antiterrorista. Útil como actor geopolítico en África occidental.

La pregunta incómoda es si la estabilidad que interesa a las potencias es la estabilidad del flujo de petróleo o la estabilidad de la vida cotidiana de sus habitantes.

Cuando un Estado rico en recursos produce masacres recurrentes y desplazamientos masivos, el problema no es solo interno. Es estructural.

Conclusión

Las masacres en Nigeria no son un accidente tribal ni una simple guerra religiosa. Son el resultado de un cruce letal entre desigualdad estructural, modelo extractivista, debilitamiento estatal y militarización internacional.

El costo humano no es colateral. Es central.

Si la respuesta global continúa priorizando alianzas armadas y seguridad energética por encima de reconstrucción social y justicia territorial, la violencia seguirá mutando.

Y mientras el crudo salga por el Golfo de Guinea, el mundo seguirá consumiendo energía producida en un país donde aldeas enteras pueden desaparecer en una noche sin que eso altere el precio del barril.