La intensificación del cerco económico, financiero y energético contra Cuba —reafirmado y ampliado bajo la actual administración estadounidense— está produciendo una crisis de abastecimiento y apagones masivos que diversos analistas califican como una hambruna inducida. Tras más de siete décadas de embargo, la estrategia de presión parece orientarse no solo a aislar al gobierno cubano, sino a forzar un colapso estructural del Estado a través del estrangulamiento económico.

 

Cuba no es una potencia militar ofensiva ni posee bases militares en terceros países. No mantiene despliegues extraterritoriales ni representa una amenaza convencional para Estados Unidos. Sin embargo, continúa bajo uno de los regímenes de sanciones más prolongados del sistema internacional contemporáneo. Paradójicamente, sí existe una base militar estadounidense en territorio cubano: la base naval de Guantánamo, establecida en 1903 bajo un tratado cuya legitimidad ha sido cuestionada reiteradamente por La Habana, que sostiene que se mantiene contra la voluntad soberana del pueblo cubano.

Antecedentes históricos del cerco

El embargo comenzó formalmente en 1962, tras el triunfo de la Revolución Cubana y la alineación de la isla con la Unión Soviética. Con el paso de las décadas, el régimen de sanciones evolucionó desde un bloqueo comercial bilateral hacia un sistema de sanciones extraterritoriales. La Ley Helms-Burton de 1996 codificó el embargo en legislación federal, limitando la capacidad del Ejecutivo estadounidense para levantarlo sin intervención del Congreso y permitiendo demandas contra empresas extranjeras que operen en propiedades nacionalizadas tras 1959.

Desde entonces, el embargo ha restringido comercio, financiamiento internacional, acceso a créditos multilaterales, transferencia tecnológica y transacciones en dólares. Cuba ha debido operar con limitaciones severas en el sistema financiero global, enfrentando penalizaciones para bancos y empresas que mantengan vínculos con la isla.

En la Asamblea General de Naciones Unidas, durante más de tres décadas consecutivas, la gran mayoría de los Estados miembros ha votado a favor de resoluciones que piden el fin del embargo. Aunque estas resoluciones no son vinculantes, reflejan un consenso internacional crítico frente a la política estadounidense.

La inclusión en la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”

Uno de los elementos más controvertidos ha sido la reincorporación de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo. Esta designación implica restricciones financieras adicionales, mayor dificultad para acceder a créditos y mayor riesgo para entidades que mantengan relaciones comerciales con la isla. La inclusión no ha estado acompañada de evidencia pública de apoyo sistemático cubano a organizaciones terroristas internacionales en el sentido clásico del término, lo que ha generado cuestionamientos sobre su fundamentación jurídica.

Cerco energético y crisis eléctrica

La dimensión energética es hoy uno de los ejes centrales de la crisis. Cuba depende en gran medida de importaciones de combustible para sostener su red eléctrica y su transporte. Las sanciones que afectan a navieras y empresas que suministran petróleo a la isla han reducido drásticamente el flujo de combustible.

El sistema eléctrico cubano, con infraestructura envejecida y limitada capacidad de generación alternativa, enfrenta apagones prolongados y generalizados. Estos cortes afectan hospitales, refrigeración de alimentos, bombeo de agua, transporte y actividad industrial.

En un contexto de escasez previa, los apagones agravan la inseguridad alimentaria. La producción agrícola requiere combustible para maquinaria, transporte y sistemas de riego. Las interrupciones energéticas deterioran cadenas de frío y distribución de productos perecederos.

Escasez crónica y vulnerabilidad estructural

Cuba arrastra limitaciones estructurales derivadas de su modelo económico centralizado, su baja productividad agrícola y la dependencia de importaciones. Sin embargo, el embargo ha amplificado esas vulnerabilidades al restringir acceso a mercados, financiamiento y suministros.

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente el turismo, una de las principales fuentes de divisas del país. La reducción de ingresos en moneda extranjera dificultó la importación de alimentos y medicinas. A esto se sumaron restricciones financieras más estrictas y obstáculos para el envío de remesas.

La combinación de menor ingreso externo, sanciones financieras y cerco energético ha configurado un escenario de escasez severa. Organismos internacionales y observadores independientes han reportado deterioro en indicadores de seguridad alimentaria, acceso a medicamentos y condiciones de vida.

El factor político en Washington

La política hacia Cuba no puede entenderse sin considerar la dimensión interna estadounidense. El peso político del exilio cubano en Florida, particularmente en Miami, ha influido históricamente en la orientación de la política exterior hacia La Habana. Figuras políticas vinculadas a este electorado han defendido una línea dura sostenida.

La presión para endurecer sanciones responde a una lógica estratégica: forzar cambios políticos en la isla mediante asfixia económica. La hipótesis implícita es que el deterioro de condiciones materiales incrementará el descontento social y precipitará transformaciones internas.

La cuestión central es si ese cálculo político considera adecuadamente el costo humano.

Hambruna inducida: debate jurídico y moral

Hablar de “hambruna inducida” implica una acusación grave: que las medidas económicas están diseñadas o aplicadas con conocimiento de que producirán privaciones masivas en la población civil.

Las sanciones no bloquean formalmente alimentos ni medicinas. Sin embargo, las restricciones financieras, el miedo de bancos y proveedores a sanciones secundarias y la limitación de acceso a divisas dificultan las importaciones esenciales.

En derecho internacional humanitario, la utilización del hambre como método de coerción es objeto de condena. Aunque el embargo estadounidense no se enmarca formalmente en un conflicto armado clásico, la discusión ética se centra en si una política de presión económica prolongada que impacta directamente en el acceso a bienes esenciales puede considerarse compatible con estándares humanitarios contemporáneos.

Base naval de Guantánamo: la paradoja soberana

Mientras Washington justifica su política como respuesta a una amenaza o como herramienta para promover cambios políticos, mantiene una base militar en Guantánamo establecida a comienzos del siglo XX bajo un acuerdo que Cuba considera inválido tras 1959. La existencia de esa base simboliza, para La Habana, una asimetría histórica y una contradicción en el discurso sobre soberanía.

Conclusión provisional

Cuba enfrenta hoy una crisis económica y energética de extrema gravedad. La combinación de vulnerabilidades internas, caída de ingresos externos y endurecimiento de sanciones ha creado un escenario de escasez profunda.

El debate no es si el gobierno cubano tiene responsabilidades internas en la situación económica. Las tiene, como cualquier gobierno. La cuestión central es si una estrategia de presión sostenida durante más de siete décadas, intensificada en el presente con medidas financieras y energéticas, constituye un intento deliberado de colapso estructural.

Si el objetivo es “torcer el brazo” a un Estado mediante el deterioro sistemático de las condiciones de vida de su población, la pregunta deja de ser geopolítica y se vuelve moral y jurídica. Y ocurre, efectivamente, a la vista del mundo.