El 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), una práctica que hoy afecta a más de 230 millones de niñas y mujeres en el mundo y que la ONU considera una grave violación de los derechos humanos.
La MGF comprende todos los procedimientos que implican la resección parcial o total de los genitales externos femeninos o cualquier lesión de los órganos genitales por motivos no médicos. La OMS distingue cuatro tipos principales, desde la extirpación del clítoris (tipo 1) hasta la infibulación o cierre casi completo de la vulva (tipo 3), además de otras prácticas como pinchazos o cauterización (tipo 4). Más de 230 millones de niñas y mujeres han sufrido MGF en los 30‑31 países donde existen datos sistemáticos, lo que supone unos 30 millones de casos más que en 2016, un incremento aproximado del 15%. Cada año se estima que más de 4 millones de niñas están en riesgo de ser sometidas a esta práctica. El coste para los sistemas de salud por tratar sus complicaciones se calcula en unos 1,4 mil millones de dólares anuales y se prevé que aumente si no se acelera su eliminación.
La mayoría de los casos se concentran en África, con alrededor de 144 millones de supervivientes, seguida de Asia, con unos 80 millones, y Oriente Medio, con más de 6 millones, aunque también existe en pequeñas comunidades de otros continentes y en diásporas migrantes. Los países con prevalencias más altas entre mujeres de 15 a 49 años incluyen Somalia, Guinea y Yibuti, donde casi todas las mujeres de esa franja de edad han sido mutiladas. En otros Estados como Sudán, Mali, Egipto, Eritrea o Sierra Leona la práctica también es muy extendida, aunque con variaciones regionales y étnicas. En el extremo opuesto, países como Uganda, Camerún o Níger muestran prevalencias nacionales muy bajas, a menudo concentradas en grupos concretos, lo que recuerda que la MGF no es un rasgo uniforme de “África” sino de ciertas comunidades. Un informe reciente identificó presencia de MGF en 94 países, revelando su existencia también en partes de Asia, Oriente Medio, América Latina y en países receptores de migración, aunque generalmente en comunidades pequeñas y poco visibilizadas.
En muchas comunidades la MGF funciona como una norma social: las familias temen el rechazo, el estigma o que sus hijas no puedan casarse si no se someten al rito. Suele considerarse parte del tránsito a la feminidad y se asocia a ideales de pureza, honor familiar y control de la sexualidad femenina, como garantizar la virginidad prematrimonial y la fidelidad conyugal. Aunque ningún texto religioso mayoritario ordena la MGF, algunas personas la justifican en nombre de la religión, y la posición de líderes religiosos puede favorecer tanto su abandono como su persistencia. El peso de la tradición, la desigualdad de género y la idea de que “siempre se ha hecho así” sostienen la práctica incluso entre quienes conocen sus riesgos. En algunos contextos ha aumentado la llamada “medicalización”: personal sanitario realiza la mutilación pensando que la hace “más segura” o por incentivos económicos, algo que la OMS condena porque sigue siendo una violación de derechos.
La MGF no tiene ningún beneficio para la salud y daña tejido genital sano, interfiriendo con funciones corporales básicas. Entre las complicaciones inmediatas figuran dolor extremo, hemorragias, infección, dificultad para orinar, shock e incluso la muerte. A largo plazo puede causar infecciones urinarias y vaginales recurrentes, reglas dolorosas, cicatrices y queloides, dolor durante las relaciones sexuales y disminución de la respuesta sexual. Las mujeres mutiladas tienen más riesgo de parto complicado, hemorragias obstétricas, cesáreas, reanimación neonatal y muerte del recién nacido. En el plano psicológico son frecuentes la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y una profunda afectación de la autoestima y de la vivencia del propio cuerpo.
En 2008 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución que insta a eliminar la MGF y coordinar acciones en salud, educación, justicia, finanzas y asuntos de la mujer. La OMS desarrolla guías para el personal sanitario, promueve que se nieguen a practicar MGF y los forma para tratar sus complicaciones y apoyar a las supervivientes. UNICEF y el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) lideran desde 2008 el Programa Conjunto para la Eliminación de la MGF en cerca de 18 países de África y Oriente Medio, trabajando con gobiernos, líderes comunitarios y organizaciones de mujeres.
Este programa impulsa cambios legales, campañas de sensibilización, educación sexual integral, apoyo psicosocial y médico a las supervivientes y alternativas económicas para quienes antes dependían de la práctica para subsistir. Según datos recientes, las intervenciones de UNFPA en salud sexual y reproductiva contribuyeron a que en 2024 unas 290 000 niñas evitaran la MGF, aunque la ONU advierte que el ritmo de abandono tendría que ser decenas de veces más rápido para cumplir la meta de erradicarla en 2030.
Numerosas ONG locales e internacionales, incluidas redes de supervivientes, organizaciones feministas africanas y plataformas como EndFGM, trabajan desde el terreno documentando casos, presionando por leyes efectivas y desarrollando programas comunitarios que cuestionan las normas de género y ofrecen ritos de paso alternativos. Estas organizaciones insisten en que la clave es empoderar a las propias niñas y mujeres, involucrar a hombres y líderes religiosos y asegurar que las leyes se apliquen junto con educación, servicios de salud y protección social.
