En 2026, Human Rights Watch emitió una de las advertencias más severas jamás formuladas sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. No se trató de una crítica sectorial ni de un reproche puntual, sino de un diagnóstico estructural: el país atraviesa, según la organización, la peor crisis de derechos humanos del siglo XXI. La afirmación no es retórica. Está sustentada en patrones verificables de erosión institucional, debilitamiento del Estado de derecho y normalización de prácticas incompatibles con los estándares internacionales que Estados Unidos contribuyó históricamente a construir.
El señalamiento forma parte del Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch y de declaraciones públicas de su director ejecutivo, Philippe Bolopion, quien ha descrito al actual gobierno estadounidense como abiertamente hostil a los derechos humanos. Este lenguaje no es habitual en los informes de la organización cuando se refiere a democracias occidentales, lo que da cuenta de la gravedad del momento político e institucional que atraviesa el país.
La crisis, según Human Rights Watch, no se expresa únicamente en violaciones directas de derechos civiles, sino en un proceso más profundo de desmantelamiento de los contrapesos democráticos. La independencia judicial, la separación de poderes, la libertad de prensa y la autonomía académica han sido objeto de presiones sistemáticas, ya sea mediante decisiones administrativas, reformas legales de alcance expansivo o discursos oficiales que deslegitiman a los actores encargados de fiscalizar al poder ejecutivo.
Este retroceso no se presenta como una ruptura abrupta, sino como una acumulación progresiva de medidas que, en conjunto, alteran el funcionamiento normal de una democracia constitucional. Human Rights Watch advierte que esta deriva guarda similitudes inquietantes con procesos observados en países que han transitado hacia formas de autoritarismo electoral o iliberalismo institucional.
Uno de los ejes centrales del informe es el uso de políticas de seguridad interna y control migratorio como vectores de erosión de derechos. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, caracterizadas por detenciones masivas, deportaciones aceleradas y prácticas que vulneran el debido proceso, han tenido un impacto desproporcionado sobre migrantes, solicitantes de asilo y comunidades racializadas. La invocación de marcos legales obsoletos, como el Alien Enemies Act, para justificar medidas excepcionales ha sido señalada por la organización como incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos.
A ello se suma el uso creciente de fuerzas federales en contextos civiles, incluidas protestas y manifestaciones, con tácticas que Human Rights Watch considera desproporcionadas y, en algunos casos, letales. El informe documenta muertes, detenciones arbitrarias y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, configurando un escenario en el que la seguridad se impone como prioridad absoluta frente a los derechos fundamentales.
La crisis interna tiene, además, una dimensión internacional. Human Rights Watch subraya que el repliegue de Estados Unidos respecto de los principales mecanismos multilaterales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o la Corte Penal Internacional, ha debilitado de forma significativa la arquitectura global de protección. La aplicación selectiva del discurso de derechos humanos en política exterior, condenando abusos en países adversarios mientras se minimizan o ignoran los cometidos por aliados, contribuye a la deslegitimación del sistema internacional basado en normas.
Este contexto agrava problemas estructurales que preceden al actual gobierno, pero que se han intensificado en los últimos años. La discriminación racial sistémica, la violencia policial, las restricciones al derecho al voto y la desigualdad en el acceso a la justicia siguen afectando de manera desproporcionada a comunidades afroamericanas, indígenas y latinas. Human Rights Watch señala que, lejos de avanzar en la corrección de estas fallas históricas, las políticas recientes han tendido a reforzarlas o instrumentalizarlas políticamente.
Desde una perspectiva comparativa, la organización sitúa la crisis estadounidense dentro de una tendencia global de retroceso democrático. Sin embargo, advierte que el caso de Estados Unidos tiene un impacto cualitativamente distinto debido a su peso político, jurídico y simbólico. Cuando una potencia que durante décadas se presentó como garante del orden liberal internacional erosiona internamente sus propios estándares, el efecto multiplicador sobre otros gobiernos es inmediato. Prácticas que antes eran difíciles de justificar pasan a ser normalizadas bajo el argumento de la soberanía o la seguridad nacional.
Human Rights Watch ha llamado, en este contexto, a la conformación de alianzas entre democracias que mantengan un compromiso efectivo con los derechos humanos, capaces de actuar como contrapeso frente a la degradación normativa impulsada tanto por regímenes autoritarios tradicionales como por democracias en retroceso. Este llamado implica, de manera implícita, reconocer que Estados Unidos ya no puede ser asumido automáticamente como un pilar de ese sistema.
La conclusión del informe es inequívoca. La situación actual no constituye una anomalía pasajera ni un exceso corregible sin costos. Se trata de una crisis profunda que pone en cuestión la continuidad del modelo democrático estadounidense tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial. Para Human Rights Watch, sin reformas estructurales, restauración de contrapesos institucionales y un retorno genuino al marco del derecho internacional, Estados Unidos enfrenta el riesgo de consolidar una regresión cuyos efectos se proyectarán mucho más allá de sus fronteras.
