La actual situación de El Salvador no es la de “un nuevo país” o “país de primer mundo”, como dice la narrativa oficial; ni Nayib Bukele es el líder visionario, innovador y vanguardista que su propaganda presenta al mundo a través de las redes sociales.

Por Leonel Herrera*

Más allá del desmantelamiento de las pandillas (que tiene algunos matices y personalmente lo considero un “logro cruel”), la realidad salvadoreña puede definirse como una “crisis multidimensional” caracterizada por la profundización y agravamiento de varias problemáticas económicas, sociales, ambientales y políticas que el discurso gubernamental esconde detrás de la “absolutización de la mejor seguridad pública”.

Excesivo endeudamiento público

Una de estas crisis tiene que ver con el manejo totalmente irresponsable de las finanzas públicas. En seis años el bukelato ha endeudado al país por más de 15,000 millones de dólares: en 2019 la deuda externa de El Salvador rondaba los 19,000 millones de dólares y actualmente supera los 35,500 millones, equivalentes al 90% del PIB, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). En vez de aprobar medidas tributarias progresivas “donde paguen más quienes tienen más”, el gobierno opta por la vía más fácil de financiamiento: el endeudamiento público.

A esto se suma la toma gubernamental del 80% del dinero de las pensiones, esto es unos 12,000 millones de dólares. También el gobierno utiliza dinero de los ahorrantes al obligar a los bancos privados a comprar LETES y CETES, los instrumentos más usados en la deuda de corto plazo, poniendo en riesgo la liquidez del sistema bancario.

Además, el gobierno ha tomado dinero de cooperativas de crédito como COSAVI, instancia que cayó en bancarrota luego que varias alcaldías gobernadas por el partido oficialista Nuevas Ideas le adeudaran 21 millones de dólares. A esto se suman cinco millones de dólares que COSAVI le prestó directamente a dicho partido para financiar la campaña electoral de 2024, cuando Bukele se reeligió a pesar de que varios artículos de la Constitución de la República lo prohíben expresamente.

A pesar de esta crisis, Bukele siempre busca dar la impresión de éxito y bonanza financiera anunciando de manera frecuente supuestas “compras de Bitcoin”, aprobando en la Asamblea Legislativa exenciones tributarias para grandes empresas y financiando eventos internacionales para promover su pretendida imagen de “celebridad política mundial”.

Más pobreza extrema

La otra crisis económica se refiere a las precarias condiciones de vida de la mayoría de la población salvadoreña afectada por el creciente desempleo, los bajos salarios, el alto costo de los productos básicos, la inseguridad alimentaria, falta de acceso a la vivienda y otros problemas. Una encuesta de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, publicada en mayo de este año, mostró que el 70% de la población sobrevive en el desempleo, el subempleo y el empleo informal.

El gobierno anunciaba que con la seguridad vendría un despegue económico y se generarían suficientes empleos. Ciertamente, la desarticulación de las maras favoreció a negocios locales que dejaron de pagar las extorsiones, pero las grandes inversiones ofrecidas no llegaron debido a la inseguridad jurídica y a factores estructurales como la estrechez del mercado nacional, falta de mano de obra calificada, escaso poder adquisitivo de la población consumidora y otros que hacen a El Salvador un país poco atractivo para los inversionistas.

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada por el propio gobierno, da cuenta de un incremento de la extrema pobreza. En 2019 habían 82,000 familias en extrema pobreza y en 2025 hay 180,000, es decir, casi 100,000 familias más han caído en extrema pobreza como resultado, entre otras cosas, de la reducción o eliminación de políticas sociales implementadas por gobiernos anteriores y del sesgo aporofóbico del bukelismo.

Esta situación de precariedad contrasta con la “realidad paralela” construida por la propaganda bukelista. Un ejemplo: detrás del remozado Centro Histórico de San Salvador, que la publicidad oficial vende al mundo como imagen total del país, está el desalojo de miles de comerciantes informales que ganaban el sustento diario de sus familias y el cierre de negocios formales que generaban empleos en las cuadras del centro capitalino, en un desalmado proceso de gentrificación.

Por cierto, el pasado 6 de noviembre una joven fue asesinada en pleno centro de San Salvador: Jessica Solís murió en el corazón del “país seguro” de Bukele, con una bala en su cuello disparada -supuestamente- en forma “accidental” por un francotirador del gobierno. El cadáver fue retirado rápidamente del lugar del crimen, empleados municipales lavaron con agua las huellas de sangre, las expresiones de solidaridad in situ fueron impedidas y días después se realizó el evento “Bitcoin Histórico”, organizado por la Oficina Nacional de Bitcoin, instancia estatal creada para promover el criptoactivo.

Menos salud y educación

Otra crisis está relacionada con el deterioro de la salud y la educación, causado por la reducción del presupuesto público en ambas áreas y la eliminación de programas sociales. En educación, el resultado es una mayor deserción escolar y el aumento del analfabetismo: sólo en el último año, el analfabetismo pasó de 9.30% a 9.55% y 100,000 personas más no saben leer ni escribir en el país que la propaganda de Bukele llama “de primer mundo”.

Bukele no sólo no ha construido las nuevas universidades públicas que ofreció durante su primera campaña presidencial, sino que la Universidad de El Salvador, la única que existe desde hace 184 años, se queja frecuentemente que el gobierno le adeuda presupuesto asignado. La propaganda de Bukele habla de construir “dos escuelas por día”, pero en la realidad sólo se han reconstruido 70 centros escolares en más de seis años.

En materia de salud, el desmantelamiento del sistema básico y el proceso de privatización en curso han generado, entre otras cosas, que la malaria y otras enfermedades erradicadas en El Salvador hayan vuelto. Los sindicatos de médicos y la Coordinadora Nacional de Defensa de la Salud (CONADESA) denuncian el despido de 5,000 trabajadores en el sistema público de salud. En agosto de este año el oficialismo aprobó una ley que abre los servicios de salud al sector privado.

El gobierno intenta ocultar esta desastrosa situación de educación y salud con publicitadas iniciativas, como el mecanismo de telemedicina “Doctor SV” y la introducción de “Grok” (un asistente de inteligencia artificial de X) a las escuelas. Bukele puso en sus redes sociales que, con ambas medidas, El Salvador tendrá los “mejores sistemas de salud y de educación del mundo”.

Desastre ambiental

A la crisis social se suma una crisis que amenaza aún más seriamente a El Salvador: la insostenibilidad ambiental. El país podría quedarse sin agua si no atiende con urgencia el acelerado deterioro de los bienes hídricos. De hecho, en septiembre de este año sucedió algo inédito: decenas de camiones cisterna llegaron desde Guatemala para paliar un déficit en el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador, el principal centro poblacional del país. Paradójicamente, la propaganda oficial presentó como logro la importación de agua.

En lo inmediato la situación se debió a la deficiente reparación de una tubería principal, pero la razón de fondo tiene que ver con la contaminación y destrucción de las fuentes superficiales y subterráneas. El 95% de los ríos de El Salvador están contaminados, entre éstos el Río Lempa, que provee el 80% del agua para San Salvador. El Río Lempa, además, genera (con sus cuatro centrales hidroeléctricas) el 33% de la energía eléctrica que consume el país y es vital para la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas de la población de 170 distritos en ocho de los catorce departamentos del país.

El “antiambientalismo” es una característica del bukelismo. El gobierno mantiene una ofensiva de destrucción ambiental al permitir la construcción de proyectos turísticos, urbanísticos y comerciales en zonas de recarga acuífera, áreas naturales protegidas y lugares de riesgo de desastres. Un caso emblemático es la destrucción de la Finca El Espino, una zona boscosa de conservación de especies y de recarga acuífera considerada el “último pulmón de San Salvador”, donde el gobierno construye un nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones.

A esto se suma la reactivación de la minería metálica que el bukelato pretende realizar a pesar de que eso sería el acabose ambiental de El Salvador debido a la estrechez territorial (21,000 kilómetros cuadrados), la sobre población (más de 6 millones de habitantes), el estrés hídrico (es el país con menor disponibilidad de agua en Centroamérica) y la mayoría de proyectos mineros están ubicados -precisamente- sobre la cuenca del Río Lempa.

En diciembre de 2024, el bukelismo aprobó una nueva ley permisiva de la minería metálica, sin ningún estudio técnico, sin ningún debate y contra la opinión de las organizaciones ecologistas, la Iglesia Católica, las principales universidades y la mayoría de la población que -en todas las encuestas- rechaza la minería. El régimen, que dice representar al pueblo, anuló de un “plumazo” la prohibición de la minería metálica que había sido resultado de un amplio consenso nacional que derivó en una ley aprobada por unanimidad en 2017. En el afán de imponer la minería, la Fiscalía y tribunales al servicio de Bukele criminalizaron a un grupo de activistas ambientales.

La instalación de una nueva dictadura

Finalmente, la crisis política-institucional. Bukele es un presidente ilegal, de facto, porque se reeligió en 2024 a pesar de la prohibición constitucional. Y su régimen ha desmontado el modelo de democracia liberal y separación de poderes plasmado en la constitución vigente, aprobada en 1983 y reformada en 1992 tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Bukele tiene el control absoluto e indiscutible de todo el aparato estatal: Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas y hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil están completamente supeditadas a los designios presidenciales.

Bukele ha gobernado en estado de excepción permanente, primero durante la pandemia de COVID-19 y luego en el marco de su ofensiva contra las pandillas. El actual régimen de excepción ha sido prorrogado hasta hoy 45 veces consecutivas, mes a mes, desde marzo de 2022 tras la ruptura del pacto gubernamental con las maras. El tiempo y los hechos han demostrado que este régimen ya no es para combatir a las pandillas, sino para mantener suspendido el debido proceso penal, el derecho de defensa, las garantías judiciales y derechos constitucionales a toda la población.

En la práctica, el régimen de excepción sirve para abusar contra cualquier persona inocente o culpable y para perseguir judicialmente a defensores de derechos humanos, ambientalistas, periodistas de investigación, analistas críticos y opositores políticos. Organizaciones sociales salvadoreñas contabilizan decenas de presos políticos, uno de los más emblemáticos es la internacionalmente reconocida abogada de derechos humanos Ruth Eleonora López.

El régimen de excepción también sirve para mantener un clima de temor que inmoviliza a la población y le impide protestar. Según encuestas de la UCA, cerca del 60% de la población “tiene miedo de expresar lo que piensa” y cree que “si critica al gobierno podría ser detenido arbitrariamente y encarcelado bajo el régimen de excepción”.

Además, el régimen de excepción permite al bukelato saltarse los procesos legales de compras, contrataciones, adquisiciones y concesiones, lo cual deriva en falta de transparencia y rendición de cuentas. El gobierno mantiene bajo reservas injustificadas información sobre sus gastos y el periódico digital El Faro calcula en 3,000 millones de dólares el posible monto de la corrupción del bukelato.

El régimen de excepción permite la consolidación autoritaria y la instauración dictatorial. Bukele sólo puede gobernar por encima de la ley, sin contrapesos, sin rendir cuentas, sin oposición y sin una ciudadanía activa. Desde un punto de vista comunicacional, el régimen de Bukele es una “autocracia desinformativa y tecnocrática”, por el dominio de la propaganda y el uso eficiente (para sus intereses) de las redes sociales.

La mejor seguridad

La mejor situación de seguridad es innegable: las pandillas han sido desarticuladas, hay un descenso histórico de los asesinatos y la población tiene una alta percepción de seguridad. Sin embargo, esto tiene sus matices. Uno es que la seguridad es únicamente con respecto a la violencia y la criminalidad pandilleril: el narcotráfico, redes de corrupción y otras expresiones de crimen organizado siguen intactas. También hay un aumento de la violencia de género y un resurgimiento de actos de violencia social como robos y otros delitos comunes.

También es justo recordar que, antes de la ofensiva antipandillas y la implementación del régimen de excepción, la estrategia gubernamental con estos grupos criminales fue las negociaciones oscuras y pactos criminales. El periodismo de investigación, incluso, ha demostrado que Bukele negociaba con las maras desde que era alcalde de San Salvador (2015-2018) y que sus acuerdos con líderes pandilleros fueron fundamentales para el alcance de sus principales objetivos políticos.

Los acuerdos consistían en que las pandillas “reducían” la cantidad de asesinatos y obligaban a sus comunidades a votar por Bukele, a cambio de ayudas económicas y mejoras carcelarias, incluida la excarcelación ilegal de jefes pandilleros condenados por delitos graves. Uno de éstos es Élmer Canales Rivera, conocido como Crook y considerado el segundo al mando de la mara MS-13, a quien un alto funcionario de Bukele sacó de una cárcel de máxima seguridad, lo alojó en una apartamento de lujo en San Salvador y luego lo llevó a Guatemala para que escapara. Fue hasta que dichos pactos se quebraron, cuando el gobierno lanzó la operación antipandillas con el régimen de excepción.

Por pactar con miembros de pandillas están procesados en Estados Unidos dos altos funcionarios de Bukele: el director de Reconstrucción del Tejido Social, del Ministerio de Gobernación, Carlos Marroquín y el director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna. En El Salvador, la justicia bukeliana ha condenado por negociar con pandillas a funcionarios de gobiernos anteriores, pero a ninguno del gobierno actual.

Así que la mejor seguridad es un “logro cruel”. Porque ha sido a costa de suprimir el debido proceso penal, la independencia judicial, las reglas democráticas y los derechos de decenas de miles de personas inocentes, quienes -a pesar de no tener relación con pandillas- fueron detenidas ilegalmente y encarceladas sin derecho de defensa, sin ver a un juez durante casi cuatro años.

Centenares de estas personas ya murieron en prisión asesinadas por golpizas de los guardias penitenciarios, por enfermedades y por las condiciones crueles e inhumanas de las cárceles de Bukele. Recientemente iniciaron “juicios masivos” de cientos o miles de detenidos, donde el criterio de agrupación es “el lugar donde se hicieron las capturas”; esto significa que personas inocentes podrían ser condenadas junto con pandilleros por el simple hecho de vivir en el mismo barrio, colonia, cantón o caserío.

La alta popularidad de Bukele

La población salvadoreña respalda mayoritariamente la gestión de Bukele por varios motivos. Uno es la “sobrevaloración” de la mejor seguridad en el imaginario social: la gente reconoce el logro en seguridad aunque no tenga empleo, salud, educación, vivienda, etc. Otro factor es el eficiente y efectivo manejo comunicacional del gobierno, capaz de sustituir la verdadera realidad con una “realidad alternativa” creada a través de la propaganda.

También opera un mecanismo eficiente de “traslado del costo a terceros”: la gente desaprueba a los alcaldes, diputados y ministros; pero avala a Bukele, aún sabiendo que todos obedecen órdenes presidenciales. Además, incide a favor del autócrata salvadoreño la falta de alternativas reales, debido a la condición de irrelevancia de la oposición política y a la incapacidad de los sectores ciudadanos progresistas y democráticos de construir una nueva propuesta.

Propagandísticamente Bukele se muestra como un líder que encarna las aspiraciones de su pueblo y se vende como un ejemplo para el mundo (el “modelo Bukele”); pero en la realidad es sólo un autócrata autoritario, megalómano y narcisista, alineado políticamente a la “internacional ultra derechista” de Trump, Bolsonaro, Milei, Kast. El nuevo dictador salvadoreño llegó al poder democráticamente, pero después destruyó las instituciones y reformó la Constitución a su antojo para perpetuarse en el poder y enriquecerse, él, su clan familiar y algunos de sus secuaces.

 

*Periodista y analista salvadoreño. Este texto fue publicado originalmente en el boletín mensual de diciembre de 2025 de la Secretaría de Relaciones Internacionales de SUMAR, coalición de izquierda que participa en el actual gobierno español.