El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un aumento sin precedentes del salario mínimo para el año 2026, llevando el ingreso mensual legal a aproximadamente 1,75 millones de pesos (alrededor de 535 dólares) sin contar el auxilio de transporte, que totaliza cerca de 2 millones de pesos mensuales para más de 2,4 millones de trabajadores. El incremento, cercano al 23 % en términos nominales y 18,7 % en términos reales, supera ampliamente los porcentajes aplicados en años recientes y fue adoptado tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empresarios para consensuar un porcentaje menor.
Mientras amplios sectores laborales y de la población celebran la medidad, analistas económicos y líderes empresariales advierten sobre posibles efectos secundarios, como presiones inflacionarias, riesgos para la estabilidad de pequeñas y medianas empresas, y aumentos en la informalidad del mercado laboral si los costos laborales elevan las barreras de contratación formal. La medida se promulga en un contexto de tensión económica, con expectativas de inflación por encima de la meta y debates sobre la sostenibilidad fiscal.
El gobierno defendió la medida bajo el concepto de “salario mínimo vital”, basado en estándares internacionales y la idea de que el ingreso debe cubrir las necesidades básicas de las familias colombianas. Petro aseguró que el aumento no debe verse como un costo para la economía, sino como un motor de crecimiento que fortalece la demanda interna y mejora la calidad de vida de los trabajadores. Además, argumentó que una remuneración más alta puede traducirse en una mayor actividad comercial y, potencialmente, más empleo.
