Ovidio Bustillo.
Hubo un tiempo en el que la juventud era secuestrada por el ejército durante más de un año de su vida para servir a la «Patria», prepararse para la guerra, ser un dócil ciudadano, obediente, disciplinado, capaz de soportar las vejaciones de sus superiores y entrenado en los hábitos de la brutalidad y el machismo patriarcal en la «mili». La lucha de la objeción de conciencia y la insumisión por la abolición del servicio militar obligatorio y contra el militarismo no debe ser olvidada, pues forma parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva, tan importante para hacer frente a la nueva realidad del militarismo mundial, de los tambores de guerra que cada día resuenan con más fuerza, de la tendencia en Europa a recuperar la mili y, en definitiva, de ser carne de cañón para mayor gloria de las élites mundiales que nos dominan, nos explotan, nos gobiernan y exigen mayores cuotas de poder, hasta tener todo el poder. No fue fácil ni barato; en total fueron más de mil años de cárcel los que tuvo que pagar esta juventud rebelde, pero creemos que valió la pena. En esta lucha se forjaron personas que luego trasladarían su experiencia a otros ámbitos de la vida y darían visibilidad a las estrategias de las luchas noviolentas que han predominado en estos años.
A continuación del artículo se añade el folleto «La Objeción es un Derecho, no un delito» con el contexto de la acción y las cartas a los capitanes generales de cada uno de los objetores.
En la Nochebuena de 1975 un grupo de cinco objetores de conciencia hicimos pública, en la Casa de la Reconciliación de Can Serra, barrio de Hospitalet, el manifiesto «Un camino hacia la paz», en el que enmarcábamos nuestro trabajo desde el verano en el barrio, como un servicio civil a la sociedad, exponíamos que no pensábamos hacer el servicio militar y que, a menos de ser detenidos, seguiríamos haciendo el servicio civil durante dos años, reclamando el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar. Enmarcábamos también nuestra acción como una contribución a la paz en un horizonte de utopía: «Confiamos en que la colaboración y el respeto entre todos conducirá a una sociedad sin clases y sin guerras, a una sociedad de HERMANOS». Y concluíamos: «SI QUEREMOS LA PAZ, NO PREPAREMOS LA GUERRA, CONSTRUYAMOS LA PAZ». Se hacía público así el primer servicio civil colectivo y autogestionado, como alternativa al servicio militar, que reclamaba el reconocimiento de la objeción de conciencia como en otros países europeos y la búsqueda de la paz por otros medios que no fueran la preparación de la guerra. Éramos conscientes de que la desobediencia civil nos acarrearía la detención y la cárcel. El servicio civil había sido planeado desde mucho antes del verano con una campaña de petición de firmas para hacer un Voluntariado Para el Desarrollo durante dos años y que los jóvenes en edad militar que lo hicieran, quedarían exentos del mismo. En mayo de 1975 con más de 1.200 firmas se presentó esta petición al gobierno, que acusó recibo y lo guardó en un cajón.
Para comprender mejor el momento histórico en el que nació la lucha colectiva por la objeción de conciencia al servicio militar es necesario dar algunas pinceladas de los años 70. Seguía en pie una larga dictadura militar acaudillada por Franco, enfermo pero capaz todavía de firmar, en septiembre del 75, las cinco últimas penas de muerte a tres miembros del FRAP y a dos de ETA político-militar. Un año antes había sido ejecutado con garrote vil Salvador Puig Antich. En 1972 había sido detenida toda la cúpula del sindicato clandestino Comisiones Obreras, juzgados al año siguiente y condenados a duras penas de cárcel. El inicio de este juicio coincide con el atentado contra Carrero Blanco, un duro golpe al franquismo, que intensifica la represión y la vigilancia extrema por parte de la policía secreta. Tiempos de luchas obreras y estudiantiles en la clandestinidad, de manifestaciones por la amnistía y la libertad de los presos políticos. Fueron los tiempos también en los que una parte de la Iglesia Católica española quiso redimirse de su pasado colaborador con el franquismo, apoyando la lucha por la democracia, con curas obreros que podían acabar en la cárcel y hasta con un presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Madrid, el «Cardenal rojo», Tarancón. Todo ello animado por los nuevos aires que el Concilio Vaticano II había traído en la década anterior. La pena a los objetores de conciencia era, en ese momento, de tres a ocho años de prisión. No era ninguna broma; había que pensárselo dos veces.
Aparte de los Testigos de Jehová, había habido algunos otros objetores que pagaron caro su atrevimiento al decir no al servicio militar. Es especialmente relevante el caso de Pepe Beunza, que había preparado su objeción con apoyos desde dentro y fuera de España. Tuvo mucha importancia la Marcha a la Prisión, desde Ginebra hasta Valencia, donde se le juzgaba, y que tendría lugar en abril de 1971. La marcha fue detenida en la frontera con Francia, deteniendo a siete activistas españoles que participaban en ella, entre ellos Gonzalo Arias, y prohibiendo el paso a los demás. Tuvo gran repercusión internacional con numerosos apoyos y dejando en evidencia la represión del régimen franquista. Sería precisamente Pepe Beunza, con el apoyo del incipiente grupo noviolento, quien impulsaría la campaña del Voluntariado para el Desarrollo y posteriormente la organización del Servicio Civil de Can Serra.
A pesar de que los cinco objetores de Can Serra teníamos ya preparada la mochila en la Nochebuena de 1975 por si la policía iba a buscarnos tras la lectura del manifiesto, la policía no llegó esa noche, ni el día de Navidad, ni a la semana siguiente. No fue hasta el 8 de febrero cuando fuimos detenidos tras una intensa campaña, dando a conocer nuestro proyecto y nuestra desobediencia civil. Ya no eramos «los cinco de Can Serra» pues dos objetores más se habían unido al servicio civil. Se abría así una nueva etapa: por una parte, dar a conocer la represión tras nuestro encarcelamiento en el Castillo Militar de Figueras, reclamando nuestra libertad; y, por otra, poner en marcha un nuevo grupo de objetores que tomarían el relevo a los detenidos, continuando con el trabajo de atención a niños, ancianos y otras necesidades del barrio. El servicio civil continúa. Poco después se crearon servicios civiles en otras ciudades del estado, replicando la acción y haciendo ya imparable, por desbordamiento antimilitarista, la lucha por el reconocimiento de la objeción de conciencia. Los «siete de Can Serra» salieron del calabozo del Castillo Militar de Figueras a primeros de julio de 1976 tras una larga campaña de denuncia con acciones variadas e imaginativas en todo el estado y que lograron que fueran incluidos en la amnistía de junio del 76. La represión continuó sobre los nuevos objetores, que en octubre de 1977 salieron en libertad con la nueva ley de amnistía. En noviembre del 77 el ministro de defensa Gutiérrez Mellado promulga el Decreto de Incorporación Aplazada para los Objetores, hasta la aprobación de una ley de objeción, lo que dio un poco de tranquilidad y un valiosísimo tiempo al MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) para reorganizarse y afrontar con fuerza una nueva etapa. La lucha por el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar fue en todo momento una lucha expresamente noviolenta, siguiendo los pasos propios de este modo de lucha, como pueden ser:
- Denuncia de la injusticia que supone encarcelar a quienes se niegan a hacer el servicio militar. Este punto estuvo presente a lo largo de todo el proceso.
- Agotar los cauces legales, lo que se hizo con la presentación al gobierno del Voluntariado para el Desarrollo, demostrando y denunciando que el gobierno no daba solución al problema.
- Poner en práctica lo que se reclama. En este caso, la realización de un servicio civil como manera pedagógica de explicar que es más útil a la sociedad que hacer el servicio militar y, sobre todo, que es más útil que ir a la cárcel.
- Hacer pública la desobediencia y estar preparadas para la represión prevista y hacer que esa represión se vuelva contra quienes la ordenan y la realizan.
- Denunciar la represión dando visibilidad al proyecto, buscando la complicidad de la población, con acciones que faciliten la comprensión y simpatía con las reivindicaciones.
- Multiplicar el proyecto hasta desbordar la legalidad, que cese la represión y se busquen soluciones. Lo que se hizo replicando los servicios civiles en otras ciudades.
- Analizar y replantear la lucha si es necesario. Este punto en realidad debe darse a lo largo de todo el proceso, aunque puede haber importantes momentos de inflexión.
Este esquema puede aplicarse a otras muchas luchas, grandes o pequeñas, como puede ser reclamar el derecho a una vivienda digna, un parque en el barrio, o un aula de la naturaleza.
La Ley de Objeción de Conciencia al Servicio Militar, que se aprueba en diciembre de 1984, es una ley que nace muerta y como un castigo a los objetores. El MOC es ya un movimiento con fuerte implantación en universidades y colegios mayores, en asociaciones juveniles y parroquias, institutos y centros culturales, logrando la simpatía de buena parte de la población. Los tiempos de los servicios civiles estaban pasado. La ley fue recurrida y hasta 1989 el gobierno no hizo el primer llamamiento para hacer el Servicio Civil, rechazado ya no sólo por el MOC sino también por algunos sindicatos. El servicio militar no debía ser sustituido por nada, sino sencillamente abolido. Vuelve la represión, ahora sobre la insumisión, que surge como evolución natural de la objeción de conciencia. En 1991 seis insumisos son juzgados en Albacete y en 1992 los juicios a insumisos superan el centenar. Para el ejército es un descrédito continuo, por lo que fuerza que los casos de insumisión pasen a la jurisdicción civil, estableciendo penas de dos años, cuatro meses y un día, multas y numerosas inhabilitaciones, que suponían de hecho la muerte civil del insumiso. Un ensañamiento del gobierno socialista con los insumisos, que no logró parar la hemorragia que sufría el ejército, con cada vez menos jóvenes dispuestos a entrar en sus filas. En 1997 el MOC devuelve la pelota a los militares, organizando la «Insumisión en los Cuarteles», considerándose «insumisos-desertores». En 1998 entra en vigor la nueva Ley de Objeción de Conciencia igualando la Prestación Social Sustitutoria al Servicio Militar. Demasiado tarde. La bolsa de objetores supera el millón de jóvenes y la insumisión no deja de crecer. Con este panorama, en marzo de 2001 el gobierno de Aznar suspende, que no elimina, el Servicio Militar Obligatorio, ¡adiós a la mili! Una victoria del movimiento antimilitarista que librará así a la juventud de una larga historia de más de dos siglos de reclutamiento masivo, de esclavitud militar. El ejército español estaba por méritos propios y por la audaz movilización del movimiento antimilitarista en una muy baja valoración, tras salir de una larga dictadura, de hacerse públicos los abusos de la mili y de mostrar su cara más represiva al movimiento insumiso.
Actualmente el ejército es valorado sobre todo por el trabajo de la UME (Unidad Militar de Emergencia), una tarea que no le es propia. Podemos decir abiertamente que su actuación es intrusismo laboral, pues la tarea debería ser realizada por cuerpos de bomberos o de protección civil, al no responder a ninguna agresión exterior. La idea de Zapatero de crear la UME posiblemente fue la de tener un ejército más útil a la sociedad, menos ocioso y que se olvidara del ruido de sables al que nos tiene acostumbradas. La realidad es que ha conseguido lavar su imagen con una actividad impropia, militarizando así nuestra protección civil, dándole una herramienta más de poder y control con unos recursos extraordinarios. Otra tarea más que ha contribuido a la valoración positiva del ejército es la costosa presencia en más de 100 «misiones de paz» desde la llegada de la democracia. Un intervencionismo exterior que nos va creando enemigos por el mundo y que forma parte de las herramientas de poder, control y sometimiento, al servicio del imperio norteamericano. Misiones como la liderada por España en Líbano han resultado absolutamente inútiles para impedir el abuso militar de Israel, la ocupación del territorio, la destrucción de pueblos y ciudades y el asesinato de miles de civiles. La valoración del ejército ha sido un buen trabajo de propaganda militar, de ocultación masiva de la realidad y de un numeroso ejército de periodistas reunidos en la «Asociación de Periodistas de Defensa» (APDEF), bien agasajados por las autoridades.
Desde el inicio de la objeción de conciencia al servicio militar se ha ido trabajando la necesidad de dar una alternativa a la defensa militar y a los ejércitos, se le ha llamado Defensa Popular Noviolenta o Defensa Civil Noviolenta, elaborando planes de disuasión y defensa ante una agresión exterior, si se produjera. En realidad, lo mismo que llegó un momento en el que el antimilitarismo pensó que el servicio militar obligatorio no debía ser sustituido por un servicio civil sino eliminado y lo logró, el ejército no debe ser sustituido por una defensa civil noviolenta, puesto que actualmente las agresiones a la población, a su seguridad humana, son tanto externas como internas. La realidad es que «el enemigo» no ha entrado, armado, cuzando fronteras puesto que ya lo tenemos dentro, ya estamos invadidos, política, tecnológica, económica…y militarmente. El ejército español y los ejércitos occidentales no están para defender a la población de agresiones exteriores sino que son instrumentos al servicio de las élites para mantener el control de los recursos, las rutas comerciales, la explotación, la concentración de capitales y el control de la propia población, como estamos viendo en los Estados Unidos. Los ejércitos no deben, pues, ser sustituidos sino eliminados. Hoy los ejércitos no son un seguro sino una amenaza. Son una garantía para las multinacionales que nos invaden y nos explotan. La eliminación del ejército en España nos daría mucha más seguridad y liberaría enormes recursos para invertir en las necesidades humanas. La brutalidad del ejército israelí en Gaza nos ha mostrado la cara más real e inhumana de lo que es capaz un ejército «moderno», su violación constante y decidida de los más elementales derechos humanos, convirtiéndose en máquina de destruir y asesinar sin la más elemental empatía por lo humano. Todo ello se ha desarrollado con la complicidad y el consentimiento tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Los ejércitos se han convertido en aparatos de dominación tanto interior como exterior. La presencia del ejército en las ciudades norteamericanas y su amenaza a todos los países de Latinoamérica que no se les someten es un peligro real para la libertad de los pueblos y para la propia democracia. Por si esto fuera poco, con la excusa de la guerra en Ucrania, el militarismo está acelerando la apropiación y robo de recursos, comprometiéndose los estados a dedicar, sin protestar, el 5% del PIB a gasto militar, aportando la Unión Europea otros 800.000 millones que saldrán de nuestros impuestos. El rearme amenaza directamente a los servicios públicos: lo que va para la guerra no va para la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda o la investigación contra el cáncer. Amenaza también a los recursos para hacer frente al calentamiento global y al cuidado del planeta. Militarizar las sociedades lleva por su propia dinámica a la reducción de derechos y libertades, a la degradación de la democracia y la pérdida de los avances y valores del feminismo. El militarismo nos ha metido en una dinámica infernal que, si no la revertimos, puede acabar en un holocausto más criminal que la segunda guerra mundial, con armas nucleares y otras que no conocemos, capaces de borrar la vida en el planeta.
Ante este panorama es necesario reaccionar y poner en marcha un plan de desmilitarización de las sociedades, defendiendo derechos y libertades, defendiendo los servicios públicos, los derechos humanos, redistribuyendo los recursos, despertando la conciencia internacionalista de la humanidad, defendiendo juntas el planeta como casa común, priorizando los valores de cooperación, solidaridad y apoyo mutuo, frente a la competitividad, la acumulación y la insolidaridad, desarrollando la empatía por los cuidados, la sensibilidad ante el sufrimiento humano, en definitiva, poniendo la vida en el centro. Esa vida que el militarismo está amenazando y maltratando de múltiples maneras.
En este ENLACE, pueden encontrar el FOLLETO explicativo: La Objeción es un Derecho, no un delito
