Desde Redacción-España queremos acompañar y dar voz a una reivindicación del Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX) que, más allá de siglas y convocatorias, expresa algo profundamente humano y universal: la necesidad de cuidar a quienes nos cuidan. El cartel que acompaña este texto recoge perfectamente unas peticiones sencillas, sensatas y dirigidas no solo al bienestar de los profesionales, sino a la Salud y la Seguridad y Bienestar de todos los ciudadanos. No hay exageración ni privilegios ocultos: hay razones de peso y una demanda de justicia que cualquiera puede entender.

En ese espíritu de solidaridad y respeto hacia quienes sostienen cada día nuestro sistema sanitario, presentamos esta reflexión sobre la huelga convocada por el Sindicato Médico de Extremadura. En la web de SIMEX se señala que la huelga médica y facultativa se convoca los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2025 (Simex).

La huelga médica y facultativa convocada por el Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX) no es un gesto simbólico ni un movimiento corporativista. Es la consecuencia inevitable de una situación que lleva años profundizándose en silencio, hasta alcanzar un punto en que quienes sostienen el sistema sanitario —médicos y facultativos— ya no pueden seguir haciéndolo a costa de su salud física y mental. Lo que denuncia SIMEX no es un problema laboral aislado: es un síntoma grave del agotamiento estructural del sistema público.

En Extremadura, como en buena parte del país, la jornada real de un médico no termina cuando la ley dice que debería. Las guardias —esas largas noches de trabajo continuo en las que se atienden urgencias, se toman decisiones críticas y se sostiene el pulso de todo el hospital— se han convertido en una trampa. El médico entra un día para trabajar durante 24 horas, y a veces, por necesidades del servicio o por falta de personal, encadena otra jornada completa sin apenas descanso. El reloj avanza, pero el reconocimiento administrativo no. La Administración cuenta solo una parte de ese esfuerzo, lo registra como horas “normales” o incluso como una prolongación inevitable de la actividad asistencial. Pero la realidad humana es otra: hay profesionales que terminan una guardia y afrontan el día siguiente con apenas un puñado de horas dormidas, a veces ninguna.

SIMEX denuncia que esta situación no solo es injusta, sino peligrosa. Nadie elegiría voluntariamente que el piloto de un avión o el conductor de un autobús trabajase sin descanso. Sin embargo, permitimos —y en cierto sentido exigimos— que quienes diagnostican, operan, deciden tratamientos urgentes y sostienen la vida de miles de ciudadanos lo hagan bajo un cansancio extremo. Las consecuencias son evidentes: desgaste, estrés crónico, errores potenciales, pérdida de vocación y un deterioro inevitable de la calidad asistencial. El médico fatigado no es una anécdota: es un riesgo para él mismo, para los pacientes y para todo el sistema.

La huelga convocada por SIMEX parte de esta evidencia cotidiana. Los facultativos extremeños reclaman algo tan básico como que se respeten los límites legales de la jornada, que se reconozca la totalidad del tiempo trabajado —guardias incluidas— y que se garantice un descanso efectivo. No se trata de reivindicar privilegios, sino de exigir condiciones mínimas para poder ejercer la medicina con seguridad, dignidad y humanidad.

El sindicato insiste en que la situación no se arregla con parches ni con discursos de agradecimiento. Hace falta voluntad política y una planificación real que contemple el valor del trabajo médico. La pandemia dejó al descubierto que el sistema sanitario se sostiene gracias a profesionales al límite; sin embargo, pasado el impacto inicial, muchas promesas se desvanecieron y los problemas estructurales volvieron a lo de siempre: sobrecarga, falta de personal, retribuciones que no reflejan la responsabilidad asumida, y una creciente brecha entre lo que se exige y lo que se ofrece.

Aquellos que apoyan la huelga señalan un dato sencillo, casi doméstico, pero revelador: hay días en los que un médico acaba su turno y no puede recordar cuándo fue la última vez que durmió ocho horas seguidas. Hay mañanas en las que sale del hospital con la sensación de haber sobrevivido más que trabajado. Hay noches en las que la guardia no se mide en horas, sino en decisiones críticas encadenadas sin respiro.

La huelga es también un llamamiento a la ciudadanía. SIMEX insiste en que esta lucha no es solo “por los médicos”; es por la salud de todos. En un sistema sanitario debilitado, quienes primero caen son los profesionales; quienes después pagan el precio son los pacientes. Defender la dignidad de los médicos es defender la seguridad y la calidad asistencial que todos merecemos cuando entramos en un centro de salud o en un hospital.

En última instancia, la movilización de SIMEX es un intento de recuperar algo que se está perdiendo: el sentido de la responsabilidad compartida. Un recordatorio de que la sanidad pública es un bien común que necesita cuidados, inversión y respeto. No basta con discursos ni con aplausos. Hace falta garantizar que los médicos puedan trabajar descansados, valorados y protegidos. Porque un sistema que obliga a sus profesionales a trabajar exhaustos es un sistema que se está dejando caer.

Y, precisamente, lo que denuncia la huelga no ocurre en el vacío: convive con un contexto más amplio de privatización creciente del sistema sanitario. Según estudios recientes, el sector sanitario privado en España representa ya cerca del 26 % del gasto sanitario total, una cifra que no invita al optimismo, porque refleja un desplazamiento progresivo de recursos hacia operadores privados. A ello se suma un aumento sostenido del aseguramiento privado: en 2025 más de 12,6 millones de personas cuentan ya con un seguro de salud, es decir, en torno al un cuarto de la población. Esta tendencia no se distribuye de forma homogénea. Hay comunidades donde la presencia del seguro privado es todavía mayor; la Comunidad de Madrid, por ejemplo, alcanza una tasa cercana al 37–38 %, lo que muestra hasta qué punto lo privado se expande allí donde lo público se encuentra más tensionado (GrupoAseguranza).

Este crecimiento del sector privado no siempre significa una sustitución voluntaria: muchas veces se explica como consecuencia de un sistema público saturado, con recortes encubiertos en plantilla, con presupuestos ajustados y con falta de renovación de infraestructuras (véase (RTVE).

Por ejemplo, basta observar algunos ámbitos especialmente sensibles. En salud mental, alrededor del 70 % de los hospitales especializados están ya en manos privadas, y en el cuidado de mayores ocurre algo similar: tres de cada cuatro plazas residenciales pertenecen a operadores privados. Este desplazamiento hacia el sector privado avanza mientras, en paralelo, las dificultades de acceso al propio Sistema Nacional de Salud se cronifican. A cierre de 2024, más de 846.000 personas seguían en lista de espera quirúrgica y el tiempo medio para una intervención superaba los cuatro meses. La cifra apenas mejora respecto al año anterior, lo que muestra un problema que no se resuelve con el paso del tiempo, sino que se enquista.

En la práctica, en lugar de reforzar lo público, parte del presupuesto sanitario público se desvía hacia hospitales o clínicas gestionadas privada o semiprivadamente, mediante conciertos, consorcios o formas mixtas de gestión (véase el detallado estudio de InfoCop en PDF).

El problema es que ese modelo puede generar una “trampa contable” y una lógica de privatización por adaptación presupuestaria. Se argumenta que el gasto en sanidad aumenta —o al menos los presupuestos asignados—, pero gran parte de ese dinero no revierte en contratación estable, en dotar personal suficiente en hospitales públicos, en renovar plantillas, en mejorar medios materiales o en reducir la sobrecarga laboral. En cambio, se externalizan servicios, derivan pacientes a lo privado, y se mantienen listas de espera en lo público.
Esta deriva y privatización paulatina, no solo afecta a las cifras o a los modelos de gestión: tiene consecuencias directas y muy concretas en la vida de quienes sostienen la sanidad y de quienes dependen de ella.

El resultado es una doble injusticia: por un lado, los trabajadores públicos (médicos, enfermería, personal sanitario) siguen soportando jornadas extremas, guardias dobles, desgaste físico y mental —en muchos casos sin reconocimiento real ni una plantilla que permita el descanso o la desconexión necesaria. Por otro lado, los pacientes y la ciudadanía en general terminan pagando el precio: atención fragmentada, desigualdades según capacidad adquisitiva (quien puede costear un seguro o tratamiento privado tiene acceso más rápido; quien no puede, depende de un sistema público reducido, saturado y precarizado).

Así, la huelga de SIMEX no es solo una protesta laboral: es una llamada de alerta ante una dirección de política sanitaria que apunta hacia la pauperización de lo público y el aumento de la dependencia en lo privado. Es un intento de defender no solo la dignidad de los profesionales, sino la equidad, la universalidad y la cohesión del sistema sanitario —valores esenciales en un estado de bienestar.

Es urgente, por tanto, mirar más allá de los recortes puntuales o las deficiencias inmediatas: hay que cuestionar la lógica estructural que permite que un sistema público de salud (teóricamente universal) funcione cada vez más como proveedor residual, dependiente de concertaciones privadas, y con profesionales sometidos a condiciones que no garantizan su salud y por tanto, la de todos. Nos solidarizamos con esta oposición a una salud a dos velocidades, una para quien pueda pagársela y la publica para el resto.

La huelga es una advertencia, no un paréntesis: . Y también una oportunidad para que las autoridades, las instituciones y la sociedad entera reconsideren qué tipo de sistema de salud queremos y para quién. Para que la sanidad pública no siga siendo vaciada (en personal, en recursos, en dignidad) mientras lo privado ocupa su lugar progresivamente. Porque defender a quienes nos cuidan, hoy, es defender la salud colectiva. Por tu salud. Por la nuestra, la de todos.

Otras fuentes:

  • ElConfidencial — «Según la Fundación IDIS: El 41,6% de las cirugías realizadas en España durante 2024 fue en la sanidad privada»
  • ElDebate.com — «El gasto sanitario en provisión privada representa un 2,5 % del PIB del país (34.056 millones de euros)»
  • Infobae —  «Casi el 30% de la población tiene seguro de salud privado, pero acudiría a la pública ante problemas graves»
  • UEHP.eu — «The private sector manages 48% of the country’s total healthcare expenditure to 63.6 billion euros»
  • ARA.cat — «La despesa pública en hospitals privats es dispara un 85% en una dècada a l’Estat (Sanitat amplia la investigació de l’Hospital de Torrejón de Ardoz a tots els centres gestionats pel Grup Quirón a Madrid)»