“Ni con bulos ni con falsedades se ayuda a las mujeres.”
— Con estas desafortunadas declaraciones «abrió fuego» Antonio Sanz Cabello, consejero de Salud de la Junta de Andalucía.

La sanidad andaluza vive un momento de tensión y desconfianza. El programa de cribado de cáncer de mama —clave en la detección precoz de miles de casos— atraviesa su mayor crisis tras las denuncias de la asociación AMAMA, que acusa al Servicio Andaluz de Salud de irregularidades, borrado de historiales y fallos graves en la comunicación de diagnósticos. El consejero Antonio Sanz Cabello, que también acumula otros cargos en el Gobierno autonómico, ha negado cualquier manipulación y ha cargado contra la asociación, lo que ha desatado una ola de indignación entre las afectadas. La Fiscalía investiga, la oposición pide una comisión parlamentaria y la Junta intenta contener el daño político a ocho meses de unas elecciones autonómicas donde la gestión sanitaria será una prueba decisiva. Se acompaña esta noticia de enlaces a la abundante hemeroteca de todo signo y que han cubierto este incidente desde el comienzo que AMAMA lo destapase.

El origen de la crisis

La chispa saltó cuando la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) denunció ante la Fiscalía Superior de Andalucía la “presunta destrucción o manipulación” de mamografías, ecografías y otros historiales clínicos correspondientes al programa de cribado de cáncer de mama gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) (véanse DiarioPúblico, ABC, Infobae).

Según AMAMA, un número indeterminado de mujeres han denunciado que sus resultados han desaparecido o han sido modificados o que se visualizan distinto o con ausencias de nombres de los facultativos y otros detalles, calificando el hecho de “absoluta negligencia que puede traer consecuencias penales” así como de “oportuno el fallo informáticos” (El País).
Paralelamente, se hicieron públicos casos individuales dramáticos: una mujer que había sido intervenida por cáncer de mama denunció que, un año tras la mastectomía, recibió una citación para una mamografía preventiva —a pesar de ya no tener mamas— y que había tenido que acudir al sistema privado ante las demoras del sistema público. Véase el aclaratorio y excelente artículo de Cadena SER: artículo «Pilar, una mujer andaluza de 63 años, tuvo que acudir a un seguro privado para hacerse las pruebas de cribado del cáncer de mama… La sanidad andaluza la citó para la mamografía un año después de quitarle los pechos por cáncer: «Le dije: ‘Corazón, llama a la siguiente, que de mí no vais a sacar nada».» Cadena SER

Fallos técnicos, caídas de sistema y alarmas ciudadanas

En este contexto, la aplicación digital de acceso a informes médicos del SAS, ClicSalud+, registró una “incidencia técnica” que impidió temporalmente el acceso a informes, imágenes y otros servicios digitales (ElHuffPost).

La Junta atribuyó la situación a “un importante incremento” de usuarios que saturó la plataforma, sin que se hubiese producido pérdida o manipulación de datos, según sus palabras.  Sin embargo, AMAMA insiste en que tras sus denuncias el sistema “se cayó” convenientemente para dificultar el acceso a los historiales, lo que genera aún mayor desconfianza (véanse Diario Público, y noticias.yahoo.com).

Las declaraciones del consejero y el choque con AMAMA

Antonio Sanz, en su papel de consejero de Salud, ha sido el centro de parte de la polémica. Por un lado, ha comparecido reconociendo “errores” en la gestión del programa de cribado y pidiendo disculpas, aunque sin facilitar cifras exactas de cuántas mujeres se verían afectadas (LaSexta).

Por otro lado, Antonio Sanz , dirigió el filo de sus declaraciones contra AMAMA, acusándola reiteradamente de “lanzar infundios” y de “intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales del SAS” (véanse Europa Press, ABC) También habló de que las mujeres andaluzas “están en buenas manos” y que “ni con bulos ni con falsedades se ayuda a las mujeres” (EuropaPress).

Lo que ha generado mayor indignación es lo que algunas entienden como un trato despectivo hacia las personas afectadas, al hablar de “la alarma creada” o de ellas como “masectomizadas”, por su denuncia hacia AMAMA como causante del fallo del sistema, restando gravedad al posible alcance de los hechos (20minutos.es).

Para muchas de las mujeres afectadas, palabras así reviven dolores íntimos, y el hecho de que un consejero aluda a la Asociación AMAMA como una Asociación de “mastectomizadas” alimenta el agravio; o despachar el papel y tratamiento a las asociaciones como si se tratase de un problema de actitud de ellas, más que de gestión del SAS y de política presupuestaria y de gestión. Con todo en las declaraciones vemos la presidenta del Asociación AMAMA y sus otras representantes responder constructivamente, denunciando solo desde las evidencias, con la afectación obvia, pero llevando su activismo en un tono de resolutorio y pensando en la protección hacia las mujeres en general pidiendo que se mejore es servicio de cribado y los procesos posteriores (según sea el caso de cada resultado).

Dimensiones políticas: ¿elecciones en el horizonte?

Más allá de la gestión sanitaria, el caso adquiere un cariz político innegable. En seis u ocho meses están previstas elecciones autonómicas en Andalucía, lo que hace que el partido de gobierno —Partido Popular de Andalucía (PP-A)— intente amortiguar el impacto de este escándalo. Según varios analistas, el nombramiento de Antonio Sanz Cabello al frente de la Consejería de Salud no responde tanto a una apuesta por la mejora estructural del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como a un plan de gestión de crisis: un relevo con carácter urgentísimo para contener el escándalo de los cribados de cáncer de mama antes de que le pasara factura electoral al gobierno autonómico (ElEspañol).
La oposición lo ha dejado bastante claro: la secretaria general del PSOE‑A, María Jesús Montero, calificó el movimiento como “una huida hacia adelante” (Diario ABC). Además, desde los sindicatos se advierte que el perfil político de Sanz es el de «alguien sin experiencia específica en gestión sanitaria». Es el de un “cortafuegos” para derivar la presión hacia el PP-A en una legislatura que ya ha tenido tres consejeros de Salud desde 2014, una tasa de renovación que, según críticos, “no augura nada bueno para la estabilidad del SAS” (ElDiario.es).

En definitiva: más que un cambio diseñado para rescatar la sanidad pública andaluza, parece un parche en vísperas electorales para evitar derrames políticos.

La oposición exigió, por su parte, una comisión de investigación parlamentaria y la depuración de responsabilidades, además de una auditoría independiente al programa de cribado (El País), aunque los debates en Pleno del Parlamento andaluz evitó abrir la comisión, cerrando filas en torno al Gobierno autonómico. PP y su socio prefirieron el silencio a la transparencia, optando por barrer bajo la alfombra lo que exigía luz, reparación y humanidad.
El gobierno andaluz, mientras tanto, ha anunciado un “plan de choque” para subsanar la crisis: ampliar el rango de edad objeto del cribado (de los actuales 49-71 años a incluir mujeres de 45 años en adelante), reforzar la plantilla radiológica y garantizar la atención de todas las mujeres afectadas antes del 30 de noviembre (El País).

Pero para muchas de las mujeres afectadas y para AMAMA, estas medidas llegan tarde y la credibilidad del SAS está claramente deteriorada. El principal foco del escándalo ha sido el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla —donde, según la Junta, se concentran la mayoría de los casos con resultados inconcluyentes— y fue allí donde la falta de citas, la comunicación deficiente y las demoras en pruebas de seguimiento tuvieron un impacto más directo en pacientes que esperaban respuestas.

El presidente Juanma Moreno y el nuevo titular de Salud anunciaron “medidas extraordinarias” y un plan de choque para acelerar las pruebas: ampliar plantillas y reforzar las unidades de mama con decenas de contrataciones previstas. Sin embargo, medios que han seguido el caso señalan que, pese a los anuncios (que hablaban de contratar entre 65 y más de 100 radiólogos para resolver el atasco, o cifras y medidas mayores aún), en la práctica la incorporación inmediata ha quedado muy por debajo de lo prometido: en el Virgen del Rocío sólo se habría incorporado por ahora una radióloga a tiempo parcial, mientras que sindicatos y profesionales advierten de la dificultad real de reclutar especialistas y de la insuficiencia de las medidas a muy corto plazo. La Fiscalía ha abierto diligencias y las asociaciones de afectadas mantienen la denuncia; para AMAMA y muchas mujeres, la respuesta gubernamental —entre anuncios grandilocuentes y modestos refuerzos efectivos— ha resultado humillante e indignante (véanse ElPaís, RTVE.es).

El supuesto paquete de medidas extraordinarias para reforzar el sistema sanitario y sus «anuncios», recogidos ampliamente por todos los Medios, son de una escala ambiciosa:

  • Contratación masiva de profesionales: Se aprobó la incorporación de 4.371 nuevos profesionales al Servicio Andaluz de Salud (SAS), de los cuales 1.200 serán médicos. Como «esfuerzo extra», se destacó que 2.292 de estos profesionales se incorporarían antes de que finalice 2025 (véanse Gacetamédica, y El Independiente de Granada).
  • Refuerzo específico para los cribados: Dentro de este macro-plan, se destinaron 705 profesionales específicamente para reforzar los programas de cribado de cáncer (mama, colon y cérvix).
  • Reforma profunda del sistema: Moreno Bonilla anunció además una reforma integral del modelo organizativo y de gestión del SAS, encargando un estudio a una Comisión de Expertos para modernizar el servicio, con especial foco en la digitalización y la inteligencia artificial.

Pero la realidad parece bien distinta. Todo es más «declarativo» que real. Las medidas son de difícil cumplimiento, con escaso contacto y negociación con la realidad del SAS y sus profesionales, además de lentitud e incomunicación; todo ello suman una «epicrisis» de incompetencia política al problema de raíz.

Así es que, frente a estas grandes promesas, o su aplicación real sobre el terreno, especialmente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (donde se concentra el 90% de los casos identificados), parece mínima y lenta. Pero en una mirada más analítica se ve que más allá de los centros hospitalarios o servicios diagnósticos, hay:

  • Advertencias sobre la viabilidad: Sindicatos y profesionales han alertado de la dificultad real para reclutar especialistas en el corto plazo, señalando que las medidas anunciadas son insuficientes para resolver el problema de manera inmediata. Esta advertencia sugiere que el anuncio de cientos de contrataciones puede tropezar con la cruda realidad de un mercado laboral saturado y la falta de profesionales disponibles.
  • Un problema estructural de personal: La crisis ha destapado que la falta de radiólogos en el servicio correspondiente del Virgen del Rocío y otros Centros, era ya un factor determinante en los fallos del programa de cribado. Esto revela que la solución requiere no solo de contrataciones puntuales, sino de abordar un déficit estructural de plantilla general y conocido con tiempo de antelación. Moreno Bonilla, su gabinete, y los tres consejeros de Sanidad fallaron en solucionar este desde 2019. Plantillas que ya están desbordadas en turnos y horarios, más allá de una jornada habitual.

Las mujeres afectadas: voces que reclaman explicaciones

Las que quizá más sufren son las mujeres que han participado en el programa de cribado o esperaban hacerlo y ahora se sienten indefensas. Amplias capas del colectivo femenino denuncian que no fueron informadas de resultados “sospechosos”, que no se les ofrecieron ecografías de seguimiento, o que la carta de citación tardó meses. AMAMA acusa que el SAS modificó términos delicados en los resultados (por ejemplo, cambiar “lesión sospechosa” por “probablemente benigna”) y que incluso desaparecieron nombres de radiólogos (Diario Público).

Una de ellas relata: “Me detectaron un bulto, esperé la mamografía y se demoró, fui al privado, me operaron… un año después la sanidad pública me envía una carta de rutina para mamografía”. Su frase, dolorosa, resume la sensación de abandono: “Corazón, llama a la siguiente, que de mí no vais a sacar nada”  (porque ella ya resolvió «por lo Privado» (Cadena SER). Este tipo de testimonios alimentan la idea de que no son errores aislados, sino fallos estructurales del programa de detección precoz. Las mujeres piden transparencia, saber cuántas se vieron afectadas, quiénes son los responsables y qué garantías hay de que no vuelvan a repetirse.

La gestión de la transparencia y la credibilidad pública

La credibilidad del sistema sanitario público andaluz está en juego. Que una institución como AMAMA presente docenas de quejas y denuncias ante la fiscalía por manipulación de historiales no es un episodio menor. La Junta intenta tranquilizar: ha asegurado que todas las mamografías pendientes en el hospital Hospital Virgen del Rocío de Sevilla estarán realizadas antes del 15 de noviembre, y que solo quedan 265 ecografías pendientes para 2025 (Cadena SER).
Pero la oposición lo ve como una estrategia para “calmar” la situación antes de que el conflicto se desborde políticamente.

El rechazo del pleno parlamentario de Andalucía a una comisión de investigación e indemnizaciones —con los votos del PP-A— generó una oleada de críticas. El Medio ElHuffPost sitúa muy bien la situación política y la respuesta a esta crisis, en el titular mismo de su noticia: “Un pleno [Parlamento andaluz] ‘nini’: ni comisión de investigación ni indemnización a las víctimas por fallos en los cribados en Andalucía. […] se rechazó este miércoles, con los votos del PP-A, solicitar la creación de una comisión de investigación reclamada por grupos de la oposición”.

El consejero Sanz ha asegurado que colaborará con la Fiscalía “al cien por cien” y que “no hay destrucción ni manipulación” desde el SAS, pero su retórica ha sido considerada pobre en explicaciones concretas, y con un tono poco empático por parte de muchas afectadas.

¿Qué queda por hacer?

La situación exige varios frentes de actuación:

  • Transparencia y datos concretos: Cuántas mujeres han sido afectadas, cuántas mamografías retrasadas o mal comunicadas, qué protocolo se aplicó y cuál se aplicará para desambiguar todos los casos. Porque incluso en un «diagnostico dudoso» o «probable benigno», el tiempo y la acción oportuna es un factor apremiante.
  • Depuración de responsabilidades: Desde la cadena de diagnóstico, lectura de pruebas, gestión informática y seguimiento de resultados. Si se confirma que hubo manipulación de historiales, las implicaciones penales son reales.
  • Garantías de acceso y seguimiento: Las mujeres necesitan saber que su historia clínica no será alterada, que los resultados se les comunicarán en tiempo y forma, y que habrá vigilancia continua.
  • Restaurar la confianza pública: No basta con pedir disculpas: la sanidad pública debe recuperar la seguridad de las ciudadanas, especialmente cuando hablamos de un programa tan sensible como el de detección precoz del cáncer de mama.
  • No politizar a costa de las mujeres: Que este episodio no se convierta en mera batalla electoral. Las implicadas son mujeres que potencialmente han visto comprometida su salud. La gestión de la crisis no debe primar el rédito político sobre el sanitario.

Conclusión

Lo que está ocurriendo en Andalucía alrededor del cribado del cáncer de mama es mucho más que una serie de “fallos técnicos” o “errores de gestión”: es un problema de salud pública, ética, transparencia y responsabilidad institucional. La figura del consejero Antonio Sanz ha quedado marcada no solo por su papel al frente de la Consejería de Salud, sino también por el contexto político que le rodea: múltiples cargos, relevos recientes, una Comunidad que exige respuestas y un calendario electoral que no espera. Las medidas y declaraciones se encajan más en las técnicas y campaña de PR (Public Relations: Estudiados argumentarios emitidos cada día a los cargos públicos y miembros significativos de PP, para contestar todo lo mismo; sondeos; más toda la lógica encaminada más a disminuir el impacto en las elecciones autonómicas que en remediar las causas del incidente).

Para las mujeres afectadas, la cuestión es clara: ¿fueron informadas adecuadamente? ¿Tuvieron acceso real a sus resultados? ¿Se revisaron sus historiales de forma correcta? Y si no: ¿Quién responde por ello?

La sanidad pública de Andalucía tiene ahora la obligación —no solo de reparar los daños, sino de demostrar que ha aprendido la lección—. Que no quede en simples promesas o “planes de choque” con horizonte electoral. Porque en juego están vidas, esperanzas y la confianza de cientos de mujeres. Este artículo no puede terminar sin compartir el enlace a la Asociacion AMAMA, por su ejemplo de dignidad y lucidez en medio del desconcierto. Sus integrantes, mujeres que han vivido en carne propia el cáncer de mama, han sabido denunciar con rigor, serenidad y valentía, precisas como pocas, lo que otros intentan minimizar o maquillar. Su palabra tiene un peso moral que la política institucional hace tiempo perdió y la Prensa y Medios a ellas es a las que escuchó primero.