La Red de Antropología Ecuatoriana, en ejercicio de su responsabilidad profesional y ciudadana, emite el presente comunicado público, ante la grave vulneración de derechos que sufren especialmente comunidades indígenas de la provincia de Imbabura (pueblos Otavalo y Karanki) en Otavalo, la Esperanza y Cotacachi. Así como en otras provincias: Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Bolívar, Loja, Tungurahua y Sucumbíos. En el marco de la represión con la que el gobierno nacional ha respondido a las demandas del Paro Nacional, iniciado en septiembre de 2025.
El gobierno de Daniel Noboa, sus ministros (de Defensa Nacional, Giancarlo Loffredo y ministro del interior, John Reimberg) han irrespetado el derecho a la autodeterminación y el derecho a la resistencia de los pueblos indígenas. A través de “convoys humanitarios” conformados por las Fuerzas Armadas y Policía nacional no ha llevado ninguna ayuda a las poblaciones, han ingresado a territorios comunitarios, han ingresado a los domicilios de comuneros y comuneras, reprimido brutalmente a mujeres y hombres, militarizado sus territorios, utilizado bombas lacrimógenas indiscriminadamente, sin contemplar presencia de adultos mayores y niñez. Ha utilizado fuerza letal, con resultados como 144 personas heridas (varias de gravedad), 310 reportes de vulneraciones de derechos humanos, 118 detenciones arbitrarias, 12 personas desaparecidas temporalmente, dos fallecidos (Efraín Fuérez de la comunidad de Cuicocha- Inguintzala, Cotacachi; y la adulta mayor Rosita Paqui, del pueblo Kichwa Saraguro) (Fuente AP y Alianza por los Derechos Humanos). En Imbabura, médicos reportan incluso que se ha intentado desde las llamadas fuerzas del orden detener a heridos de gravedad, impidiéndoles el acceso a la atención médica en hospitales y centros de atención pública.
Organizaciones de derechos humanos internacionales han alertado sobre un patrón preocupante: fuerza desproporcionada, procedimientos penales selectivos contra líderes sociales y denuncias previas sobre desapariciones y violencia imputadas a fuerzas militares en 2024–2025. Estas denuncias configuran un riesgo serio para el derecho a la vida, a la integridad y a la libre protesta (Fuente Amnesty).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos internacionales han llamado al diálogo efectivo y han expresado su preocupación por violaciones de derechos; organizaciones como Amnesty International han emitido alertas públicas por represión y por la apertura de procedimientos punitivos contra líderes sociales (Fuente OAS).
Como antropólogas y antropólogos observamos que las medidas coercitivas y la judicialización indiscriminada de liderazgos vulneran los derechos colectivos de pueblos y comunidades, particularmente de pueblos indígenas que cargan con el peso de una colonización interna que los ha convertido en víctimas de un racismo estructural. Estos pueblos demandan protección de sus territorios y bienes comunes. La militarización en la gestión de conflictos sociales altera las estructuras de gobernanza y obstruye mecanismos de diálogo intercultural, incrementando el riesgo de escalamiento y daños psico-sociales irreversibles.
El gobierno utiliza una narrativa que estimula el racismo, el odio hacia las comunidades y pueblos indígenas; los criminaliza e incluso da el tratamiento como “terroristas”, descalificando, desconociendo sus procesos organizativos y criminalizándolos por defender sus derechos y los Derechos de la Naturaleza. Militarizar sus territorios vulnera derechos colectivos expresamente señalados en la Constitución (Art 57). Se han utilizado mecanismos de represión y violencia racista por parte de Fuerzas Armadas como cortar el cabello a jóvenes del pueblo kichwa de Otavalo, afectando su dignidad, identidad cultural y construcción como personas.
Exigimos de manera inmediata:
- Cese del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y retiro inmediato de fuerzas militares de los territorios indígenas.
- Derogación del Decreto 126 que ha causado tantos estragos en el país, vulnerando sobre todo el derecho de los sectores más empobrecidos del país.
- Generación de procesos de diálogo y escucha a las legítimas demandas del Movimiento Indígena, en un marco de respeto de derechos humanos y de atención a derechos colectivos garantizados por normativa internacional y nacional.
- Apertura de investigaciones independientes, imparciales y con participación de veeduría internacional sobre las muertes, lesiones, detenciones arbitrarias y denuncias de desaparición, y sanción a los responsables.
- Garantías plenas para defensores/as ambientales y liderazgos indígenas (protecciones concretas y medidas preventivas conforme al Acuerdo de Escazú y estándares interamericanos).
- Suspensión de actos administrativos o licencias que comprometan fuentes de agua y territorios en disputa, hasta que no exista consulta libre, previa, informada y culturalmente pertinente.
- Diálogo serio, con participación de representantes indígenas, sociedad civil, academia y garantes internacionales para construir soluciones estructurales que reconozcan derechos sociales y ambientales.
- Dejar de criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la Resistencia como lo establece el Art. 98 de la Constitución Ecuatoriana.
También solicitamos al Sistema de Naciones Unidas (Relatores Especiales) realicen visitas in situ para identificar la vulneración de derechos que se perpetra en el Ecuador.
La antropología, como disciplina comprometida con los pueblos y territorios, denuncia con firmeza la combinación de represalias, criminalización, actos de odio como la exacerbación del racismo y decisiones administrativas que ponen en riesgo la vida de las personas y la construcción de un Estado plurinacional e intercultural.
Por RED DE ANTROPOLOGÍA ECUATORIANA Y COLECTIVA DE ANTROPÓLOGAS DEL ECUADOR
