Contenido: Capítulos 6 a 7 – Incluye análisis de la ocupación militar, escaladas recientes, violencia y represión en Gaza y Cisjordania.

6. Criminalización de la disidencia interna en Israel y el caso Ofer Cassif

La represión de la disidencia interna en Israel constituye un componente central de la doctrina de seguridad transformada en doctrina de control social y exterminio simbólico. No solo los palestinos en Gaza y Cisjordania son objeto de persecución, sino también sectores ciudadanos y políticos dentro de Israel que denuncian la violencia estatal o se oponen al proyecto sionista. Este capítulo examina los mecanismos de censura y represión interna, centrándose en el caso paradigmático del diputado Ofer Cassif, así como en la represión a manifestaciones pacíficas y comunidades judías ortodoxas antisionistas.

6.1. Represión a la protesta pacífica y a la disidencia ortodoxa

Desde el inicio de la ofensiva contra Gaza en octubre de 2023, Israel ha vivido olas masivas de protestas internas. En Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, cientos de miles de personas exigieron el fin de la guerra, denunciando la devastación en Gaza. Sin embargo, estas manifestaciones fueron reprimidas con cargas policiales, arrestos masivos y cañones de agua. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) documentó la dispersión inmediata de vigilias pacíficas y el hostigamiento a activistas (ACRI, 2024).

La represión se extendió también a sectores de la comunidad ortodoxa judía antisionista, como Neturei Karta, que históricamente rechazan la legitimidad del Estado de Israel. En barrios como Mea Shearim (Jerusalén), las protestas contra la guerra fueron respondidas con allanamientos policiales, confiscación de banderas palestinas y arrestos violentos. La doctrina de seguridad, por tanto, no distingue entre palestinos y judíos: cualquiera que cuestione la narrativa oficial es convertido en enemigo interno.

6.2. El caso de Ofer Cassif y la denuncia del genocidio en Gaza

El 4 de agosto de 2025, durante una sesión de la Knéset, el diputado Ofer Cassif (Hadash–Ta’al), representante de un bloque de comunistas judíos y árabes, fue expulsado violentamente del podio tras denunciar en un discurso que Israel cometía genocidio en Gaza. En su intervención citó al reconocido escritor israelí David Grossman, quien había declarado:

“Durante años me negué a usar el término genocidio. Pero ahora, después de las imágenes, después de hablar con las personas que estuvieron allí, ya no puedo evitarlo.”

La cita desató la furia de los diputados del partido gobernante Likud. La diputada Tali Gottlieb lo interrumpió gritando: “¡Él no dirá genocidio aquí!”, y el presidente de la sesión ordenó su desalojo. Agentes de seguridad lo sacaron a la fuerza frente a las cámaras.

Este episodio no fue aislado. Cassif había sido suspendido seis meses en noviembre de 2024 por el Comité de Ética, y dos meses más en julio de 2025, siempre por denuncias públicas de genocidio contra Gaza. En febrero de 2024, un intento de expulsarlo formalmente fracasó por falta de mayoría. El patrón revela un cerco político sistemático contra las voces críticas dentro del parlamento, particularmente contra diputados judíos y árabes que denuncian violaciones del derecho internacional.

6.3. La masacre de Shefar’am (2005) como memoria de violencia interna

El 4 de agosto de 2005, el soldado israelí Eden Natan-Zada, vestido de uniforme pero fuera de servicio, abrió fuego dentro de un autobús en Shefar’am (Shefa-Amr), ciudad árabe del norte de Israel. Asesinó a cuatro civiles árabes —entre ellos las hermanas Hazar Turki (23) y Dina Turki (21)— e hirió a más de una veintena de personas, antes de ser reducido y linchado por la multitud en el lugar. El ataque dejó una herida profunda en la comunidad árabe israelí y se convirtió en símbolo de la violencia racista incubada dentro del propio Estado.

El tratamiento institucional del caso reforzó esa percepción: años después, la Fiscalía se resistió a calificar a Natan-Zada como terrorista, pese a la naturaleza del ataque y a su motivación política. Este sesgo en la tipificación penal alimentó la percepción de discriminación entre la ciudadanía árabe israelí, que vio cómo los crímenes perpetrados contra ella recibían un trato legal diferenciado.

El 4 de agosto de 2025, en el aniversario de la masacre, Cassif evocó Shefar’am durante su discurso en la Knéset y vinculó la memoria de esa tragedia con las atrocidades contemporáneas en Gaza, citando a David Grossman. La censura de su intervención y su expulsión violenta muestran cómo la evocación de la memoria de la violencia interna israelí se convierte en tabú político cuando se conecta con la denuncia del genocidio en curso.

Este episodio guarda además un paralelismo analítico —planteado desde la crítica periodística y académica— con el atentado en un paradero de autobuses en Jerusalén en septiembre de 2025, que dejó varias víctimas civiles. Ambas escenas evidencian un ciclo de violencia que atraviesa las fronteras entre “enemigo interno” y “enemigo externo”, subrayando la normalización del terror como método político y social.

6.4. Un discurso de denuncia radical

En su intervención del 4 de agosto, Cassif fue más allá de la denuncia retórica. Señaló que el genocidio en Gaza debía entenderse como parte de un proyecto histórico de limpieza étnica y colonización sionista, denunciando la hipocresía internacional que condena en abstracto pero evita sancionar a Israel. Exigió sanciones efectivas: embargo de armas, sanciones económicas y órdenes de arresto internacional contra Netanyahu y altos mandos militares. Subrayó, además, que antisionismo no es antisemitismo, y que cuestionar el proyecto político de Israel es legítimo desde una perspectiva democrática y de derechos humanos.

Este discurso y su violenta censura revelan la contradicción de una democracia que se autoproclama pluralista, pero que silencia a sus representantes electos cuando rompen el consenso militarista. La expulsión de Cassif simboliza la creciente intolerancia dentro de la Knéset y confirma que la crítica a la guerra y al genocidio palestino no tiene espacio institucional.

6.5. Síntesis de una política de criminalización de la disidencia

La represión de las manifestaciones ciudadanas, el hostigamiento a comunidades judías ortodoxas antisionistas y la persecución contra diputados como Ofer Cassif muestran que el Estado israelí aplica la misma lógica de criminalización interna que en los territorios ocupados. La protesta pacífica se convierte en amenaza; el disenso político, en traición; y la denuncia del genocidio, en motivo de censura violenta.

El caso Cassif, en particular, concentra todas las aristas de este proceso: el intento de silenciar la palabra “genocidio” en el parlamento, la memoria de masacres pasadas como Shefar’am y su conexión con la violencia presente, y el llamado a la comunidad internacional a actuar. Todo ello confirma que la doctrina de seguridad israelí no solo opera hacia afuera, sino también hacia adentro, configurando un sistema político donde la disidencia crítica es tratada como enemigo interno.

7. El paralelo histórico con el País Vasco y la criminalización global de la resistencia
La criminalización de la disidencia palestina por parte de Israel no puede comprenderse de manera aislada. Encuentra resonancias en otros contextos donde Estados reconocidos internacionalmente emplearon la violencia planificada para eliminar oposiciones políticas, encubriéndola bajo el discurso de la seguridad. Esta perspectiva comparada permite situar el caso palestino en una geografía global del terrorismo de Estado que incluye episodios en Europa, América Latina y Estados Unidos.

7.1. El País Vasco bajo Franco: identidad prohibida y resistencia armada

Durante la dictadura de Francisco Franco (1939–1975), el pueblo vasco fue objeto de represión cultural, lingüística y política. El uso del euskera en la educación, los medios y la administración fue prohibido; las organizaciones nacionalistas fueron disueltas; y los activistas encarcelados o ejecutados. En ese contexto nació en 1959 Euskadi Ta Askatasuna (ETA), inicialmente como un movimiento juvenil de resistencia cultural. Con el tiempo, la represión prolongada y la negativa del régimen a reconocer derechos básicos alimentaron una espiral de violencia.

El paralelismo con Palestina es evidente: así como el franquismo negó la identidad nacional vasca, Israel niega la identidad palestina, presentando su mera existencia como amenaza. En ambos casos, la represión del Estado empujó a sectores de la población a la resistencia armada, que luego fue utilizada para justificar una represión aún mayor.

7.2. Si el modelo Netanyahu hubiera operado en la España franquista

Si la lógica de seguridad-expansión que rige en Israel se hubiese aplicado en el País Vasco de los años sesenta o setenta, el resultado habría sido la expulsión o eliminación masiva de la población vasca. La doctrina israelí —según la cual “cada niño palestino es una bala contra Israel”— trasladada a ese contexto habría significado que cada joven vasco era un terrorista en potencia, legitimando su encarcelamiento, expulsión o eliminación física.

La comparación subraya la tesis de que la criminalización de una identidad colectiva conduce a la justificación de la violencia masiva. A pesar de la brutalidad del franquismo, España no llegó a aplicar una estrategia de limpieza étnica. Israel, en cambio, avanza en esa dirección en Palestina.

7.3. La criminalización de la juventud en Chile: de la dictadura a la democracia incompleta

Chile ofrece otro espejo histórico. Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990), el aparato represivo —encabezado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego por la Central Nacional de Informaciones (CNI)— cometió ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y atentados en el extranjero. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, ejecutado con un coche bomba en Washington D. C. el 21 de septiembre de 1976, en plena capital de Estados Unidos, en coordinación con la Operación Cóndor.

Incluso en democracia, la Ley Antiterrorista heredada de Pinochet ha sido usada para criminalizar protestas estudiantiles y mapuche. Jóvenes que arrojaron piedras o cortaron caminos fueron juzgados bajo figuras legales concebidas para combatir el terrorismo, en una evidente desproporción que recuerda —en escala menor— a la práctica israelí de condenar con cadena perpetua a adolescentes palestinos por lanzar piedras contra tanques.

7.4. Estados Unidos y el terrorismo de Estado encubierto

El caso estadounidense aporta un ángulo fundamental. Durante décadas, EE. UU. ha llevado a cabo operaciones clandestinas de asesinato selectivo, sabotaje y vigilancia masiva, amparadas en la seguridad nacional:

Operaciones encubiertas de la CIA en América Latina, como el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba (1961), y la participación en la Operación Cóndor que coordinó las dictaduras del Cono Sur.

Programas de asesinatos selectivos y ataques con drones en Yemen, Pakistán, Afganistán y Somalia, documentados en parte por Julian Assange a través de WikiLeaks, que reveló miles de cables diplomáticos y registros de ataques a civiles.

Espionaje masivo de la NSA, denunciado por Edward Snowden en 2013, que mostró una arquitectura de vigilancia global que viola derechos fundamentales de privacidad y libre asociación.

Estos episodios demuestran que el terrorismo de Estado no es patrimonio de regímenes autoritarios del Sur Global: también las democracias occidentales han recurrido a la violencia y el espionaje sistemático, muchas veces fuera de todo control judicial.

7.5. El concepto de Terrorismo de Estado en derecho internacional

En el marco del derecho internacional, terrorismo de Estado designa el uso deliberado y sistemático de la violencia, incluidos asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y ataques contra civiles, por parte de agentes estatales o paraestatales, con el objetivo de infundir terror y controlar poblaciones. Instrumentos como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) y resoluciones de la Asamblea General de la ONU han condenado estas prácticas, aunque no exista una definición única en un tratado global.

Aplicada al caso israelí, esta categoría permite comprender que no estamos ante excesos puntuales, sino ante una estrategia estructural de dominación y exterminio, que combina el despojo territorial, la criminalización de la resistencia y la proyección de la violencia fuera de sus fronteras.

En síntesis, el examen comparativo revela que la violencia de Estado como método de gobierno no es una anomalía exclusiva de Oriente Medio. El franquismo en España, la dictadura de Pinochet en Chile —con el asesinato de Orlando Letelier en Washington— y las operaciones encubiertas de Estados Unidos documentadas por Julian Assange y Edward Snowden, son ejemplos occidentales de terrorismo de Estado.

El caso israelí, sin embargo, presenta una singularidad: su continuidad en el tiempo bajo un régimen que se define como democrático, su capacidad de proyectar el terror más allá de sus fronteras y su propósito explícito de eliminar una nación entera.

Lejos de ser un exceso coyuntural, se trata de una doctrina de Estado que combina limpieza étnica, colonización permanente y represión interna de toda voz disidente, situándose en el extremo más radical de la experiencia histórica contemporánea.

Gaza City. Dominio público (autor: Grauesel – Wikivoyage shared), vía Wikimedia Commons