El 25 de agosto de 2025, el presidente de Botswana, Duma Boko, declaró formalmente un estado de emergencia sanitaria. Esta medida se activó tras el colapso de la cadena nacional de suministro de medicamentos, lo que ha dejado a hospitales y clínicas sin insumos esenciales para tratar enfermedades graves y crónicas

En los primeros días de agosto, el Ministerio de Salud y Bienestar ya había anunciado una severa escasez de medicinas y suministros médicos. Como resultado, se pospusieron todas las cirugías no urgentes. A ello se suma una deuda de grandes proporciones con proveedores y centros de salud privados, lo que agrava la incapacidad de adquirir insumos médicos. Los sistemas de distribución del almacén médico central son ineficaces y generan pérdidas, desperdicios y daños en los suministros y los precios de los medicamentos adquiridos por el gobierno están inflados entre cinco y diez veces, una situación insostenible dadas las limitaciones presupuestarias.

Asimismo, se han producido recortes en la ayuda sanitaria estadounidense durante la administración de Donald Trump, lo que debilitó programas clave, como la lucha contra el VIH, el paludismo y la tuberculosis, uno de los pilares del sistema sanitario del país

El Ministerio de Finanzas ha aprobado un fondo de emergencia de 250 millones de pulas (alrededor de 17,35 millones de dólares) destinado a la adquisición urgente de suministros médicos. Los primeros camiones con insumos ya comenzaron a salir desde Gaborone hacia zonas remotas en la misma mañana del anuncio. El rol de distribución ha sido asumido por el ejército, con el objetivo de asegurar precios justos y minimizar ineficiencias y pérdidas

La actual crisis sanitaria en Botswana refleja cómo la dependencia de una economía basada en un recurso —en este caso, los diamantes— puede hacer al país vulnerable a choques externos. A esto se suma una estructura de distribución débil, deudas acumuladas y precios desproporcionados. El recorte de la ayuda internacional solo ha empeorado la situación.

Las medidas adoptadas —desde el uso del ejército para asegurar distribución justa, hasta la movilización de fondos de emergencia y planes de largo plazo— son respuestas urgentes que apuntan hacia la estabilización. Sin embargo, la sostenibilidad de estas acciones dependerá de reformas profundas en la cadena de suministro, la diversificación económica y la solidez del sistema de salud en el largo plazo.