Manila, Filipinas – 18 de agosto de 2025 – El alcalde de Manila, Isko Moreno, está en el punto de mira por llevar a cabo desalojos ilegales y coercitivos en el Barrio 128 de Smokey Mountain, Tondo, para dar paso a un controvertido proyecto de incineración de residuos para generar energía (Waste-to-Energy, WTE). El proyecto, respaldado por el gobierno de la ciudad y por el presidente Ferdinand Marcos Jr., amenaza los hogares y el medio de vida de al menos 23.000 residentes—en su mayoría recicladores informales—sin que medie una consulta significativa, un trato humano o un plan de reubicación viable.

“Durante décadas, hemos sido colaboradores de la ciudad para desviar residuos de los vertederos. Ahora nos tratan como a basura, no como a seres humanos”, declaró Elena Plaza, presidenta de la Organización Nagkakaisa at Nagdadamayang Marala (NANAMOR). “No solo se están destruyendo las estructuras, sino también su dignidad y su futuro”, añadió Mimi Domingo, secretaria general de Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY). Los niños de la comunidad ya han quedado traumatizados debido a las demoliciones forzosas, y los residentes siguen angustiados ante la inminente amenaza de quedarse sin hogar. A pesar de las reiteradas peticiones, el alcalde Moreno no se ha reunido con las familias afectadas, alegando una serie de reuniones oficiales como motivo para no entablar un diálogo directo.

La barriada de «Smokey Mountain» ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la pobreza urbana, la resiliencia y los desafíos de la gestión de residuos en Filipinas. A lo largo de los años, iniciativas internacionales y locales han transformado el antiguo vertedero mediante regeneración urbana, viviendas masivas, programas de subsistencia y proyectos de reciclaje. Sin embargo, la zona sigue reflejando las luchas de los pobres urbanos y la urgente necesidad de soluciones sostenibles centradas en la comunidad.

La planta WTE (Planta de valorización energética (o WTE), fue previamente descartada por el Banco Mundial del Proyecto de Control de Inundaciones de Metro Manila debido a insuficientes garantías sociales y ambientales y a su alto coste. A pesar de ello, corporaciones extranjeras y locales (incluyendo a la socia japonesa Kandanevia, PhilEco y el magnate Ramon Ang) han renovado su interés por construir la instalación, poniendo en riesgo una vez más a comunidades vulnerables. La documentación del proyecto indica que originalmente se pretendía sustituir el componente WTE por instalaciones de recuperación de materiales y programas de subsistencia comunitarios, pero el gobierno de Manila ha reactivado el plan de incineración a costa de las comunidades de recicladores.

El uso del término «valorización energética» (WTE) es, en este contexto, un eufemismo que esconde la realidad de una planta de incineración.

Un sistema de recuperación de materiales habría necesitado a los recicladores para separar y clasificar los residuos, valorizando su trabajo y la recuperación y reciclado de materiales.

Mientras que la vie elegida: «incineración, los vuelve irrelevantes a aquellos que en el procesado se dedicaban a reciclado y separación de residuos y los desplaza, ya que toda la materia prima se quema para producir energía.

El 18 de julio, la asociación NANAMOR («Nagkakaisa at Nagdadamayang Marala Organization»; organización de base «Organización de Residentes Urbanos Unidos y Solidarios»), se dirigió formalmente al alcalde Isko Moreno para oponerse a la planeada planta WTE, citando las amenazas a su sustento, hogares, salud y medio ambiente. El argumento principal es la quema conjunta de toda la masa de residuos (N.d.T. orgánicos y demás, sin proceso de separación).

En lugar de dialogar, la Ciudad respondió con órdenes de demolición emitidas el 4 y el 12 de agosto. Se dio a las familias solo siete días para desalojar o arriesgarse a perder incluso la mísera compensación ofrecida, que oscila entre tan solo ₱5.000 y ₱80.000 (80€ y 1.360€); y se les pidió que fueran ellos mismos quienes demoliesen sus propias casas «para crear la ilusión de un desalojo voluntario».

Los grupos comunitarios involucrados advierten de que la ciudad está empleando el desalojo coercitivo incremental, una estrategia utilizada durante mucho tiempo para debilitar la resistencia organizada y silenciar la negociación colectiva. Las familias que permanecen, en número decreciente, se enfrentan a la amenaza inminente de quedarse sin hogar, mientras que los niños siguen mostrando signos de trauma y miedo por las demoliciones que les rodean a diario.

En todo el mundo, la incineración de residuos para generar energía se ha vinculado a emisiones tóxicas, desigualdades sanitarias e impactos climáticos—quemando recursos valiosos en lugar de conservarlos. En Manila, el proyecto es ahora directamente responsable del desplazamiento forzado y la pérdida de medios de vida, agravando las injusticias que ya soportan las comunidades de recicladores.

“El Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el gobierno filipino y sus socios privados no pueden lavarse las manos respecto a su responsabilidad. Al permitir que este proyecto prosiga, están facilitando graves violaciones de los derechos humanos en nombre del desarrollo”, afirmaron los grupos implicados.

N.d.T.:

  • 80€ es el precio de una noche en un hotel económico en Manila, o la compra semanal de alimentos para una familia modesta. No es suficiente para pagar la primera mensualidad de un nuevo alquiler, mucho menos para rehacer una vida.

  • 1.360€ podría cubrir el depósito y la primera mensualidad de un pequeño apartamento en una zona humilde, pero no ofrece seguridad a largo plazo ni compensa la pérdida de la comunidad, la proximidad al trabajo (para los recicladores) y la red de apoyo social. Además de que los desarraiga.

  • Contexto: Aceptar tal «indemnización con solo 7 días para que los propios afectados se ocupen de la demolición, desescombro es una táctica de presión para forzar a las familias a aceptar una solución injusta por pura desesperación.