Desde 2013, la República Centroafricana ha enfrentado una grave crisis de seguridad que escaló tras el estallido del conflicto entre los grupos rebeldes Seleka y las milicias anti-balaka. A pesar de la firma en 2019 del Acuerdo Político para la Paz y Reconciliación (APPR‑RCA), la integración de los grupos armados en estructuras estatales fracasó, y particularmente dos facciones siguieron al margen del proceso oficial: 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation) y UPC (Union pour la Paix en Centrafrique)
El grupo 3R, fundado en 2015 y liderado por el general Sembe (o Bobbo), surgió originalmente como defensa de la comunidad peul ante los anti-balaka; la UPC, por su parte, estuvo al frente de fuerzas rebeldes en la región oriental del país
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El 19 de abril de 2025, el gobierno centrafricano firmó en N’Djamena, bajo mediación del presidente chadiano Mahamat Idriss Déby Itno, acuerdos de cese al fuego con 3R y UPC. Estos preveían la disolución de sus estructuras armadas y políticas, la reintegración en el proceso APPR‑RCA de 2019, un plan de desarme, redefiliación y reinserción (DDR), con asignación de cantonamientos y registro de combatientes.
Según los acuerdos, los combatientes serían trasladados a cinco sitios en zonas bajo control rebelde, registrados y desarmados; luego participarían en programas de reintegración o formación para incorporarse a las fuerzas de seguridad del Estado
El oasado 10 de julio de 2025, en la capital Bangui, se celebró una ceremonia simbólica presidida por el presidente Faustin‑Archange Touadéra, representando el cierre del ciclo abierto en 2019 y la renovación del compromiso político de 2025
Durante el acto, Sembe Bobo, líder de la 3R, y Ali Darassa, de la UPC, depositaron públicamente sus armas sobre una mesa frente al mandatario nacional, diplomáticos, representantes de la MINUSCA y autoridades tchadianas. Con ello, anunciaron la disolución oficial de sus movimientos a nivel político y militar-
El 18 de julio, el presidente de la Comisión de la UA celebró la paz formalizada el 19 de abril y la disolución del 10 de julio, llamando a todos los otros grupos armados a seguir su ejemplo y participar en el diálogo nacional
Con esta decisión se abren posibilidades concretas de reconciliación, dado que estos dos grupos se integrarán oficialmente en el proceso político y pierden el estatus militar, abriendo así una ventana para la reconstrucción del Estado y la restauración de la autoridad central en áreas controladas por rebeldes. Por otra parte, el conflicto ha provocado el desplazamiento de miles e incluso cientos de miles de personas; el fin de hostilidades puede facilitar retornos seguros y consolidación humanitaria.
Por supuesto, el proceso de desarme e integración debe aplicarse de manera rigurosa para evitar fragmentaciones o reintegraciones parciales, es necesaria la inclusión de otros grupos armados, como FPRC u otras facciones del CPC, cuya adhesión ayudaría a la completa pacificación del país y finalmente, es indispensable el fortalecimiento institucional y la reconstrucción local, para asegurar que la desmilitarización trajera estabilidad, no solo dispersión de líderes a nuevos espacios.
Se abre así una esperanza genuina de reconciliación, reconstrucción nacional y avance hacia la paz.
