Según la Organización Mundial de Salud (1998) alrededor de 4 millones y 200 mil mujeres por año se someten a abortos en América Latina y el Caribe, la mayoría lo hace en condiciones de riesgo, que trae consigo la clandestinidad. Cada año en nuestra región, seis mil mujeres mueren debido a complicaciones de aborto (UNFPA, 1997).

El 21% de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o postparto tiene como causa las complicaciones del aborto inseguro (OMS, 1998).

En la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, diversas organizaciones de mujeres han presentado propuestas claras para prevenir estas muertes silenciadas. Propuestas de despenalización que permitan a las mujeres con embarazos no deseados interrumpirlos sin riesgo para sus vidas. Organizaciones civiles afirman que  la liberalización de las leyes de aborto permitiría evitar la muerte de las mujeres y las consecuencias que sufren a causa de abortos mal practicados, al contar con servicios seguros. Para la mayoría de las mujeres en la región este acto se hace en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran la dignidad, la libertad y la salud. Las realidades más apremiantes se viven en Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras  y República Dominicana, donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. Cada año, alrededor de 4 millones de mujeres en América Latina y El Caribe deciden abortar. Las legislaciones en la región regulan la práctica, en márgenes que van desde la autorización limitada hasta la completa prohibición.

Durante un aborto clandestino En este se mezclan diversas situaciones sociales y personales. El sentimiento de culpa, la rabia, el dolor, la desconsideración social, los vacíos legales, la espátula, las tijeras, el cuchillo, pero sobre todo, el miedo y la sangre protagonizan la escena de vida y muerte que tiene lugar en un cuerpo de mujer, tendido en una plancha. Los grandes ausentes: la información, la higiene, los derechos humanos, la anestesia.

El panorama por sí mismo es sobrecogedor, pero lo avasallante es imaginarlo multiplicado por 18 millones, que es la cifra dada por la Organización Mundial de la Salud sobre el número de abortos inseguros al año, en todo el mundo.

Avances sobre el aborto en el orden internacional 1994: El aborto inseguro es reconocido como un grave problema de salud pública en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (párrafo 8.25). 1995: La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) reafirmó el contenido de El Cairo y agregó la recomendación que los países revisaran las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 106 K). 1998: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció que la morbimortalidad materna se vincula con el aborto realizado en condiciones inseguras. Y recomienda su atención para evitar el aborto y enfrentar de manera apropiada sus complicaciones. 1999: El texto aprobado en el proceso de revisión de Cairo +5, recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal. 1999: Los países integrantes de la CEPAL se comprometieron a formular programas específicos para la salud de las mujeres, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y de acuerdo con los documentos adoptados de Cairo y Beijing. 2000: El documento final de Beijing +5 incorpora el texto del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing, en el que se señala la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro. Además, recomienda que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo +5 sobre el entrenamiento de profesionales y el equipamiento adecuado de servicios. Amnistía Internacional En un comunicado Amnistía Internacional insta a los gobiernos a promover planes para asegurar el acceso a los derechos sexuales de mujeres y niñas. Amnistía Internacional asegura que la restricción del acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas. Por este motivo, se une a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir”. “Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo”, ratifica el organismo en un comunicado. AI indica que muchas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir un embarazo, intentan suicidarse. Entonces, toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Lamenta que pese a las violaciones de Derechos Humanos, todavía existen leyes que castigan  el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia no se cumple en la práctica. Finalmente, critica a los Estados que no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar la educación y difusión de los derechos de las mujeres.

Campaña 28 de Setiembre Para lograr un cambio en la legislación es que desde 1993, las organizaciones de mujeres vienen realizando la campaña 28 de Setiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Esta fecha fue acordada en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, 1990), en el que se propuso impulsar una campaña por el derecho al aborto en el marco de los derechos humanos.

Cientos de organizaciones de mujeres y redes regionales en 16 países de América Latina y el Caribe están sumando esfuerzo para esta campaña que se propone hacer que se cumplan las leyes que permiten el aborto y para generar avances en la legislación de los países de la región.

El aborto en el debate El aborto es un problema de salud pública por el índice de muertes y por las consecuencias (muchas veces irreparables) que tiene en la vida de las mujeres. Asociaciones civiles en pro del aborto argumentan que dicho acto es una cuestión de derechos humanos, y prohibirlo atenta los derechos fundamentales de las mujeres y va contra principios de justicia social. Amnistía Internacional afirma que el aborto es una cuestión de democracia; es decir, está ligado al ejercicio libre de una maternidad voluntaria, la autodeterminación de la propia vida, el derecho a la interrupción de un embarazo no deseado. Pide acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas. Además de condiciones para que la realización del aborto sea legal, gratuita, seguro y accesible para todas las mujeres que lo decidan. Si las mujeres no son dueñas de sus cuerpos, ¿de qué son dueñas? Graciela Hierro. Filósofa mexicana. En tanto que sectores religiosos argumentan que el aborto es un acto que va contra las leyes de dios.

El gran problema en la discusión sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es que el punto a disertar se centra en la moral y la ética, cuando el aborto en México es un problema de salud pública.

Los grupos conservadores se dicen defensores de la vida y aseguran que “desde el momento mismo de la concepción existe ya un ser con derechos”, cuando la ciencia médica sabe, desde hace muchos años, que un óvulo fecundado por un espermatozoide no devendrá necesariamente en un embarazo, y que para ello se requiere la implantación.

Uno de las aportaciones del mapa del Genoma Humano es el determinar que la vida humana comienza a las doce semanas, con el inicio de la actividad neuronal, por lo tanto, antes de tres meses la vida que debe privilegiarse es la humana, es decir, la de la mujer.

La organización “Católicas por el Derecho a Decidir”, estima que anualmente en México, más de 1 millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos, etc.) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada.

El aborto en México En Puebla, una mujer casada con un aborto en curso puede ser denunciada por algún médico que viole el principio de confidencialidad y ser condenada a 5 años de prisión. A 850 kilómetros al norte, en Durango, una mujer puede ser multada hasta con $12 000 por interrumpir su embarazo. 600 kilómetros más al este, en Tamaulipas, quien aborta por una malformación congénita puede ser obligada a tratamiento psicológico hasta por 5 años argumentando falta de “valores familiares”, mientras que 1 200 kilómetros al oeste. En Baja California Sur, una mujer puede ser obligada a cumplir 200 horas de trabajo comunitario si se demuestra que tuvo un aborto, exponiéndola al señalamiento y discriminación en su comunidad. Los avances en los derechos de las mujeres en el Distrito Federal, lograron el derecho de interrumpir un embarazo de manera legal y segura hasta las 12 semanas de gestación. Con base en el Artículo 4 de la Constitución, en donde se señala que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) exige que todas las mexicanas podamos tener la misma posibilidad de elegir si queremos o no ser madres y el mejor momento para serlo. En cuanto a la lucha de poderes con el ultraconservadurismo, la agencia Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) sostiene que actualmente vemos una iglesia cada vez más a la defensiva, debilitada por el descrédito internacional que acompañó la nueva oleada de escándalos de pedofilia y encubrimiento eclesiástico, y desconcertada por el rápido avance de las conquistas que en materia de diversidad sexual y matrimonio igualitario están teniendo lugar en varios países de la región. Lo anterior no significa que la Iglesia católica –y en menor medida las evangélicas- no ejerzan todavía una influencia extraordinaria sobre los actores políticos y las ideologías sociales de nuestros países, sobre todo en materia de moral sexual. Así, en medida que el pluralismo ideológico cobra fuerza, las iglesias dedican más recursos a combatir la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. De ahí la importancia de aprovechar los resquicios estratégicos que se abren a nuestras luchas por la laicidad del Estado y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. En este Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, la consigna de todos los años sigue totalmente vigente: Tratándose de interrupción del embarazo las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, y las iglesias NO intervienen. http://www.imagen.com.mx/especial-dia-por-la-despenalizacion-del-aborto-en-america-latina-y-el-caribe